Javier Corral Jurado
El Universal
Para las mentes nutridas en estudios de Psiquiatría, la novela escrita por Robert Louis Stevenson – publicada por primera vez en 1886 – que cuenta el caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, es una representación vívida de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí. Le llaman trastorno disociativo de la identidad, aunque algunos lo conocíamos como personalidad múltiple.
Cuando el Secretario de Gobernación compareció al Senado, con motivo del primer informe, dije que el gobierno federal sufre del mal del famoso Doctor Jekyll, la doble personalidad que de día, presentaba a un hombre de bien, y de noche, a un depredador bajo la personalidad del señor Hyde. El gobierno de Peña Nieto tiene un doble manejo frente a las reformas legales que se han procesado en el seno del Pacto por México, de día se presenta como un gran reformador, y por la noche es capaz de negociar la vigencia misma de la ley, disminuirla o traicionarla.
La semana pasada expliqué el caso de la reforma en telecomunicaciones y la manera en que la Secretaría de Hacienda, vía la ley federal de derechos, le ha propinado un revés a uno de los ejes esenciales de aquellos cambios constitucionales: la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La reforma educativa brinda ahora un nuevo ejemplo de ese doble manejo gubernamental. Los cambios constitucionales y sus leyes reglamentarias son importantes porque impulsaron garantizar la rectoría del Estado en Educación, esfuerzo que distintas administraciones persiguieron. Convertir a los niños y jóvenes en el objeto de la educación. Manejar este servicio con criterios técnicos y no gremiales. Evaluar a los docentes en función del aprendizaje de sus alumnos. Y si la serie de acciones emprendidas en materia educativa despertaron consensos nacionales favorables al gobierno y al Pacto, hoy la labor política que lleva la Secretaría de Gobernación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), constituye una afrenta a los avances logrados. La sospecha ha quedado confirmada: negocia el cumplimiento de la ley a cambio de deshacerse del plantón capitalino.
Una nota del periodista Mayolo López, publicada la semana pasada en Reforma, puso al descubierto un memorandum de entendimiento entre la Secretaría de Gobernación y los líderes de la CNTE que tiene como base flexibilizar la aplicación de la reforma educativa, y en un par de sus cláusulas, contravenir abiertamente algunas de las normas contenidas en la Ley del Servicio Profesional Docente. Firmado por el Subsecretario de Gobierno, Luis Miranda Nava, el 5 de noviembre, el documento es un homenaje al cinismo. El primer considerando establece que, “Ningún Maestro que se encuentre en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado en las evaluaciones practicadas”; y dentro de los compromisos que asume el gobierno federal “en relación con la reforma educativa”, el numeral 4, lisa y llanamente ofrece: “Aún y cuando en la tercera evaluación que se practique a los maestros estos no obtuvieren niveles de aprobación satisfactorios, ello no será motivo de despido o separación”.
La legislación secundaria que reglamentó el proceso de ascenso, promoción, permanencia y reconocimiento del servicio profesional docente, no colocó el despido como una de las consecuencias a la falta de aprobación de las evaluaciones, pero sí la separación del Maestro frente a grupo, y su reubicación a otras áreas.
Negociar sin límites en la mesa con la única finalidad de sacudirse la monserga y la amenaza de la marcha callejera es una auténtica deslealtad al principio fundamental de todo cargo público: guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Se trata de un manejo por supuesto ilegal e inmoral, que no puede ni debe escapar al fincamiento de responsabilidades política, administrativa y penal.
Esa turbia negociación es parte de la resistencia de la Segob a los cambios en Educación, y está siendo el punto débil, vulnerable del gobierno federal. Las contradicciones surgieron a temprana hora. Un día Hacienda anuncia que el gasto educativo regresara a la federación. Y otro día se negocia con la Coordinadora que sean los gobernadores quienes resuelvan las demandas de los maestros. Hay contradicciones flagrantes que muestran la falta de coherencia en el quehacer político. Los estados han sido débiles frente al magisterio y hoy son los encargados de resolver sus demandas. El ejemplo de Oaxaca es vergonzosamente paradigmático, cuando menos cuatro administraciones estatales no han conseguido cumplir con el número de horas clases, ni siquiera a la mitad, de lo marcado por el calendario escolar. A todo ello hay que sumar la confrontación entre Gobernación y Educación, otra prueba de la neurosis que hoy padece esta administración.
