No se ha puesto en duda, ni el mandamiento legal, ni la conveniencia política y estratégica de que México cuente con un Registro Nacional de Población debidamente integrado, y con una cédula que fehacientemente identifique a los ciudadanos. Entre diversos actores políticos y sociales se comparte la idea de que el instrumento es necesario, y entre los beneficios que puede generar está ni más ni menos que el relativo a la seguridad nacional.
Tan es así que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad para 2011, lo marcó como uno de sus compromisos primordiales: la modernización y sistematización de procesos a través de la conformación de datos que dé lugar al Servicio Nacional de Identificación Personal.
Por eso la Cámara de los diputados resolvió asignarle los recursos necesarios para cumplir con las etapas del proyecto planteadas para el año que entra, y dejó pendiente, la expedición del documento plástico.
Las preocupaciones están en otro sentido y son muy atendibles; dejarlas a la deriva puede ocasionar que un proyecto relevante como éste, sucumba por el cuestionamiento y la desconfianza natural que provoca el peculiar desarrollo político que hemos tenido en nuestro país.
Así, se advierte que la cédula de identificación ciudadana pueda entrar en colisión con la credencial de elector, y lo que es más grave, que desanime la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral; luego se señalan las insuficiencias legales que en materia de protección de datos personales existe en nuestro país, y finalmente, la preocupación porque una base de datos que contará con los principales elementos biométricos de todos los ciudadanos, se administre por la Secretaría de Gobernación.
En la mayoría de los países del mundo que cuentan con esta identificación única, son los Ministerios del Interior los que la conforman y operan, esto es, el equivalente a la Segob. Pero, insisto, dadas las características propias de nuestro sistema político, en efecto se hace pertinente que, sin crear más instancias burocráticas que incrementen el gasto público en servicios personales, se pueda determinar dentro de la actual estructura de la administración pública federal una entidad más “neutral” por decirlo de alguna manera. El INEGI puede ser el espacio idóneo, dotado hoy de una mayor autonomía. Lo podría ser el mismo IFE, y hacia allá debiéramos enfocar la mirada.
Obviamente esto implica un nuevo arreglo constitucional y legal en el tema pues, como bien lo ha señalado Jorge Alcocer, el transitorio segundo de la reforma constitucional electoral del 4 de abril de 1990, vigente a nuestros días, establece que “En tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales”.
Pero mientras esa reforma constitucional y legal se produce – no hay la menor duda de que debemos llevarla a cabo -, la coordinación entre el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Secretaría de Gobernación se hace indispensable. En medio del proceso para expedir la cédula de identidad están valores muy importantes, y muy caros a la lucha democrática: la confiabilidad del instrumento fundamental de nuestros procesos electorales y la debida salvaguarda y protección de la información personal.
De ahí que esté convencido de que por la vía administrativa debe convenirse entre IFE y SEGOB la expedición de una cédula de identidad ciudadana (CEDI) que sea a la vez credencial para votar, sustentada jurídicamente en la Ley General de Población (LGP), y bajo estrictas reglas de confidencialidad a partir de criterios acordados con el IFAI.
El tiempo apremia: el proceso de actualización del padrón electoral iniciará el 15 de enero próximo, y no es conveniente mantener la indefinición de esta cooperación interinstitucional que por un lado, evitará duplicidades, conflictos de competencia y una elevada inversión en la operación de los programas respectivos.
Despejar sombras en la expedición de la cédula de identidad, permitirá que los ciudadanos participen de una manera más convencida en el levantamiento. Se podrá apreciar con más claridad que los sistemas tendientes a la identificación de las y los mexicanos reportaría una larga serie de beneficios tales como: agilización de trámites, impedir la duplicación de requisitos, facilitar la recaudación fiscal de los tres órdenes de gobierno, instrumentar políticas públicas y programas sociales más eficientes; identificación expedita de personas que otorgue seguridad a sus patrimonios, la protección de los mexicanos en el exterior y, de manera muy especial, la identificación de niños y menores.
Que el IFE expida la cédula a la población mayor de 18 años, es también reconocer y fortalecer esa función: Hoy por hoy, la Credencial para Votar con fotografía goza de la de más amplia aceptación y confianza para la identificación en la realización de diferentes trámites gubernamentales y financieros, además de su fin inherente que es el ejercicio del sufragio. La experiencia del Instituto Federal Electoral en la emisión de la credencial para votar es de singular relevancia en la distribución de documentos de identificación, con altos índices de confiabilidad. De hecho, la credencial para votar con fotografía ha tomado el carácter de un instrumento equiparable a una cédula de identidad. Sería un enorme despropósito no convenir y conciliar la tarea. (Javier Corral/El Universal).
