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Nuevo Auditor

Nuevo Auditor

– Javier Corral Jurado

A mis colegas diputados, especialmente a los compañeros de bancada, dije que la elección y designación del Auditor Superior de la Federación, será una de las decisiones más importantes que tomemos en el ejercicio de nuestro encargo como representantes populares. Tal nombramiento se ubica en una de las funciones esenciales al ámbito legislativo: la fiscalización de los recursos públicos, pues el artículo 74, fracción VI, de la Constitución establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la revisión de la Cuenta Pública.

Nuestro país ha arrastrado desde hace décadas con el mal de la corrupción. Incluso, recientemente, se ha dado a conocer un dato penoso que atraviesa a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes de la Unión: el Índice de Percepción de Corrupción en México, elaborado por Transparencia Internacional, empeoró este año en comparación con 2008, al pasar el país del lugar 72 al 89 y de una puntuación de 3.6 a 3.3. Y esa evaluación no tiene otra explicación que la debilidad de las instituciones y la carencia de una política de Estado para combatirla.

Fortalecer la fiscalización en México, y a su principal instrumento que es la Auditoría Superior de la Federación, debiera ser una de las mayores preocupaciones del sistema de partidos en torno de recuperar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en la política y en el combate a la corrupción. Y ese propósito atraviesa decisiones como la de nombrar al Auditor y avanzar en reformas legales que comprometan al mismo sistema de partidos en transparentar el ingreso y gasto de los recursos destinados a su actividad ordinaria y a las campañas electorales.

Existen dos poderosas razones para obrar en consecuencia: Son los partidos políticos los que a través de sus grupos parlamentarios nombran al Auditor; pero al mismo tiempo, en el universo de las entidades de interés público que deben ser fiscalizadas los partidos se mantienen al margen de esa obligación, pues la fracción IX del artículo 2, de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación las exceptúa.

Esto fue lo que el actual Auditor, Arturo González de Aragón, criticó en su discurso con motivo del 187 aniversario de la ASF, y calificó como “un monumento a la opacidad”.

Pero a la crítica que González de Aragón hizo de las opacidades partidistas – que por cierto secundó en todas sus letras el Presidente de la República Felipe Calderón, que estuvo presente en aquel acto -, rápidamente distintas voces le salieron al paso, para tratar de refutarlo al advertir que, la fiscalización de los partidos políticos es una realidad que lleva acabo el IFE , “y no deben admitirse interferencias indebidas”.

Sostengo como Aragón y Calderón que, los partidos políticos al manejar recursos federales debieran ser fiscalizados por la ASF. El que lo haga no limita ni interfiere de ninguna manera las funciones de fiscalización del IFE ya que cada institución actuaría en el ámbito de su competencia. Por ejemplo, en el caso de encontrar alguna irregularidad en el manejo de los recursos públicos federales actuaría, entre otras acciones, mediante un procedimiento resarcitorio en contra de la persona física que, en su caso, fuera presunto responsable de los daños o perjuicios al Estado en su Hacienda Pública. Esto no puede concebirse como una sanción a los partidos políticos o una interferencia que linde cuestiones políticas.

La intervención de diversas instituciones se da de manera complementaria, es el caso de la banca de desarrollo donde participan la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la ASF; en materia de seguros interviene la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la ASF; en materia ambiental respecto de PEMEX tienen competencia SEMARNAT, la PROFEPA y la ASF en la revisión de normas ambientales.

Esta reforma de auto-contención y autolimitación del sistema de partidos es sin duda, uno de los mayores desafíos de su agenda de modernización política. Junto a ésta, y en perspectiva de hacia dónde debe ir la fiscalización, sería un golpe de timón otorgar a la Auditoría Superior de la Federación, autonomía constitucional y dotarla de facultadas para fincar directamente responsabilidades administrativas sancionatorias a los servidores públicos.

Por lo pronto, el proceso para elegir al nuevo auditor llega este día a su fase definitiva: de los 42 candidatos registrados, 38 cumplieron los requisitos, 36 acudieron a entrevista y de ahí se integró una terna: Juan Manuel Portal Martínez, José Luis Nava Díaz y Alfonso Olivas Ugalde. Resultará auditor quien obtenga las dos terceras partes de los votos del pleno de los Diputados.

La Comisión de Vigilancia de la ASF, presidida por la diputada perredista Estela Damián Peralta, hizo esa tarea seleccionadora. Además del prurito legal con el que ella ha actuado, esa comisión cuenta por parte del PAN con diputados de reconocido prestigio y compromiso ético: Daniel Avila Ruiz, Gastón Luken Garza, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Sergio Octavio Germán Olivares, Bonifacio Herrera Rivera y Gloria Romero León. Sin delegarle o endosarle mi voto a nadie como diputado, es indiscutible que, la recomendación que ellos hagan sobre el mejor perfil de los tres finalistas, tendrá una influencia decisiva en el voto de los Diputados del PAN.

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