La Reforma Política del Presidente Calderón.
– Javier Corral Jurado.
La falta de correspondencia entre ley y realidad ha sido un problema constitucional serio. Emilio Rabasa explicó que en parte la dictadura de Porfirio Díaz fue por la falta de incentivos de cooperación constitucional entre el Congreso y El Ejecutivo. La constitución de 1857 había seguido un modelo ideal, al haber sido realizado bajo la óptica de los juristas pero sin la previsión de los conflictos. La opinión de don Emilio fue más allá al señalar que Juárez había gobernado al país a través de Estados de Sitio y facultades extraordinarias.
Las instituciones públicas deben pensarse para hombres y no para ángeles. La tesis de Rabasa tiene hoy una vigencia enorme, las facultades del Congreso enfrentadas a un Ejecutivo acotado, desprovisto de las facultades metaconstitucionales (como las llamara Jorge Carpizo) crean situaciones difíciles de superar. Parece que se requeriría de motivaciones especiales no de este mundo para que el congreso acepte negociar con el ejecutivo. Además del diseño institucional que carece de incentivos para la cooperación, nos encontramos con una novedad que cada día cobra mayor presencia en la vida nacional: el pluralismo político.
A partir de las elecciones presidenciales de 1988, tres grandes fuerzas tienen vida con permanencia de largo alcance en la vida pública del país. Elección tras elección sean estas federales o estatales encontramos una realidad: gobiernos divididos. El ejecutivo perteneciente a un partido y la mayoría legislativa a otro u otros. En el nivel federal el pluralismo es aun más marcado. Al lado de estas fuerzas observamos el surgimiento de otras que esforzadamente han ido creciendo su tamaño.
El pluralismo evita que se ejerza el poder arbitrariamente sometiendo a los funcionarios al escrutinio de su función por parte de la sociedad. Sin embargo, el riesgo en el que se puede caer es un asambleísmo estéril que desemboque en un problema de gobernabilidad por parálisis en los acuerdos más importantes o demandados por la sociedad. El pluralismo nos exige un concierto en el debate para no terminar en gritos o en reflexiones que no hacen sino despertar ilusiones de acuerdos, que luego se escabullen entre reflexiones nuevas. A la democracia mexicana le hace falta concretar la riqueza de su deliberación en acuerdos institucionales.
Quizá urgido por ese sentimiento de concreción, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, presentó el pasado 15 de diciembre una muy importante iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución General de la República. Se trata de su propuesta de reforma política que desde el 2 de septiembre pasado había anunciado, y que luego delineó el 1 de diciembre con motivo de los tres años de su gobierno. El Presidente ha recogido una serie de planteamientos que a lo largo de las dos últimas décadas se han debatido larga y extensamente en diversos foros, seminarios y campañas electorales en México, y les ha puesto su impronta tanto en la formulación específica de las propuestas legislativas, como en el lanzamiento público de sus motivos principales: “fortalecer el poder directamente en manos de la ciudadanía al ofrecerle nuevas formas de participación, así como mecanismos de sanción al desempeño de los funcionarios y representantes públicos y, conseguir un nuevo equilibrio a la relación entre los poderes, de tal forma que el diseño de colaboración entre poderes fortalezca la legitimidad de las decisiones y no las obstaculice”.
Se trata de diez propuestas específicas que, de aprobarse por el Congreso, consolidarían la gobernabilidad democrática de México e institucionalizarían un desarrollo político de mayor alcance para todos los ciudadanos: 1.- Eliminar la prohibición de la reelección de los Alcaldes y demás miembros de los Ayuntamientos, así como de los Jefes Delegacionales. 2.- Permitir la elección consecutiva de legisladores federales y locales en periodos que tengan un límite hasta de 12 años. 3.- Reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputados a 400 y de la Cámara de Senadores a 96. 4.- Aumentar el número de votos para que un partido político conserve su registro, pasando del 2 por ciento al 4 por ciento. 5.- Incorporar la figura de Iniciativa Ciudadana. 6.- Incorporar la figura de las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los puestos de elección popular. 7.- Adoptar la segunda vuelta electoral para la elección del Presidente del República, cuando ningún candidato obtenga la mayoría necesaria para ser electo en la primera votación. 8.- Reconocer a la Suprema Corte la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia. 9.- Facultar al Poder Ejecutivo para que pueda presentar al inicio de cada primer período ordinario de sesiones, dos iniciativas preferentes que deberán dictaminarse y votarse por el Congreso antes de que concluya dicho período. Asimismo, establecer el referéndum como requisito para la entrada en vigor de las iniciativas de reforma constitucional de trámite preferente sobre las que el Congreso no se pronuncie. 10.- Facultar al Ejecutivo Federal para presentar observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para quienes hemos postulado la necesidad de una Reforma del Estado en México, entendida ésta como una redistribución de funciones, facultades y recursos entre los niveles de gobierno, y entre los poderes de la Unión, a partir de un rediseño integral de la Constitución, la propuesta del Presidente de la República nos pudiera parecer limitada o insuficiente, y en efecto lo es, pero lo que no se puede negar es que se trata de propuestas estratégicas de reforma constitucional que en la lógica de las aproximaciones sucesivas pueden derivar o reclamar otras reformas, porque están trazadas desde la perspectiva de un mayor poder a los ciudadanos sobre el sistema político y ello mismo obligará a concretar reformas en otros ámbitos de la vida social, económica y cultural del país.
De ahí la resistencia que en los sectores más conservadores tanto del PRI como del PRD se manifestó de inmediato. Esa resistencia es la que parte de considerar que, por ejemplo, la reelección de legisladores sería un privilegio indebido de la clase política y es incapaz de ver que en realidad se trata de una prerrogativa ciudadana para evaluar el trabajo de sus representantes, premiarlos con la permanencia si tienen un buen desempeño o retirarles el voto si incumplen con su mandato. Muchas de las reformas necesarias no son posibles en el país porque, las Cámaras del Congreso terminan siendo simple y llanamente una distribución de intereses privados, muy lejos de la representación popular. La iniciativa del Presidente Calderón tampoco exime que los propios legisladores ampliemos el sentido de algunas de sus propuestas o añadamos a la propuesta central otras que complementen el objetivo.
Para mi resulta claro que una reforma política que no toque el entramado de abusos y excesos de los poderes fácticos y de los monopolios, particularmente el de los medios de comunicación, puede distorsionar la bondad y el sentido de las reformas, exactamente como sucedió con la reforma electoral; pero está ahí precisamente la tarea de los legisladores para darle una dimensión mayor a las propuestas del Presidente.
Creo que la gobernabilidad democrática que anhelamos solo se consigue si llegamos a varias reformas de las instituciones públicas y cambios en la conducta de importantes instituciones sociales. Sobre todo si lo hacemos con valor y sin complejos. Valor en la clase política que esté dispuesta a una deliberación de altura, más allá de la agenda mediática con la que se busque impulsar las posiciones.
El problema que hemos vivido en el país por falta de reformas en asuntos vitales para la sociedad se deriva de un diseño institucional deficiente que no permite obligar a que el Congreso atienda las iniciativas del Ejecutivo, por ello se hace necesario instaurar una figura como la iniciativa preferente del Presidente y el referéndum para reformas constitucionales. La constitución es insuficiente porque en su versión original, no fue diseñada para funcionar con un gobierno dividido. Tuvieron que pasar 80 años para que la constitución del 17 se enfrentara al primer gobierno dividido. Desde 1997 a la fecha, el problema de la parálisis legislativa se ha convertido en el tema de análisis de varios especialistas debido a la importancia que tiene.
Estoy de acuerdo que una ruta para solucionar el problema sería retomar con toda decisión la Reforma del Estado para plantear un cambio serio en cuanto al tipo de régimen. Un cambio de la constitución que instaure un sistema semi-presidencial o semi parlamentario. En los regímenes parlamentarios la responsabilidad de formar gobierno recae en la mayoría parlamentaria, una sola elección basta para crear congruencia política entre parlamento y gabinete.
Pensar en parlamentarizar el régimen actual resulta difícil porque el congreso se muestra en sus pasos iniciales. O crear un gobierno de gabinete similar al modelo francés es una apuesta que no sabemos como reaccionaría el pueblo dado que la popularidad del congreso no está en su mejor momento. Lo que se ve más viable por el momento histórico del país es modernizar al poder legislativo por un lado y por el otro dar oportunidad al ejecutivo de enfrentar los desafíos del congreso plural. La Reforma del propio Congreso es condición sine qua non para la Reforma del Estado.
Sin embargo, la ruta hoy posible – dadas la conformación del Congreso y el sistema de partidos – es emprender reformas a algunos puntos constitucionales, esto es, establecer prioridades, y esto es lo que parece haber hecho el Presidente Calderón. El gobierno dividido puede dar lugar tanto al conflicto y la parálisis como al consenso y la cooperación. Uno y otro resultado dependen de la forma en que se configure la distribución de poderes entre ejecutivo y legislatura.
La forma de hacer posible un sistema de decisiones colectivas efectivas y representativas es precisamente imitando la lógica de un régimen parlamentario en dos aspectos principales. Por un lado, moderando los poderes de bloqueo, por otro, creando una mejor integración de poderes en materia de formación y conducción de gobierno. Y en eso de estoy de acuerdo con las voces que, desde dentro del PRI, dicen que se deben crear más incentivos de cooperación entre los poderes, la ratificación de funcionarios públicos en el Congreso, por ejemplo. También imponer algunos temas en la agenda legislativa por parte del Ejecutivo.
De ahí que esté convencido de la importancia de comprometernos con los cambios propuestos por el Presidente de la República, por que la situación actual puede llevarnos a una parálisis en los asuntos vitales de la nación. En las próximas semanas debemos darle a nuestra democracia una nota de debate. Esa es la forma de romper la torre de Babel de la que habló Enrique Krauze, en donde nadie se entiende con el otro y todos somos incapaces de tomar decisiones colectivas.