Quisiera ocuparme del tema de la Ley de Radio y Televisión, tan socavado por estos días y tan necesitado de la atención pública; pero nada me parece tan grave y tan desalentador para el país como el desafuero al jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador. Si la lucha democrática vuelve a instalarse en la etapa inicial, esto es, por unas elecciones transparentes y libres, ¿qué posibilidades tiene una reforma que pretende consolidar la democracia en su sentido más amplio mediante la equidad en el acceso a los medios, y supone resueltas las reglas de la participación electoral de ciudadanos y candidatos?

El desafuero es una regresión de la que aún no alcanzamos a dimensionar sus consecuencias; este proceso está envenenando nuestra convivencia y nuestras relaciones sociales como desde el fraude electoral de 1988 no se veía en el país. Salta a la vista lo torcido de su objetivo: revestir de legalidad la eliminación de un precandidato presidencial favorito en las encuestas. Me llama la atención la uniformidad en la bancada del PAN y en muchos de nuestros dirigentes; y perdónenme que lo diga, pero es de las cosas que más me preocupan como panista: hacia dónde va el partido; cuál es el verdadero sustento de una decisión como la del jueves pasado, en qué principios se afirman tantos compañeros para justificar que son preferibles los riesgos de sacar de la competencia electoral a AMLO que dejarlo competir. ¿No fue acaso en el derecho al voto y en la lucha contra el fraude electoral donde acreditamos nuestra vocación democrática y amor a México?

El desafuero es una especie de defraudación electoral anticipada porque cercena el derecho ciudadano a votar, consistente no sólo en sufragar por alguien a manera de ratificación, sino en escoger de entre las diversas opciones. ¿Qué democracia es esta en la que dos de los tres principales competidores deciden eliminar al tercero que los adelanta?; lo saben varios de los que votaron la semana pasada como miembros del Jurado de Procedencia en que se erigió la Cámara de Diputados. De hecho, afirman que si eso no se los hubieran garantizado, no tendría ningún sentido haber echado andar viejos mecanismos de consigna, complicidad y simulación del autoritarismo priísta.

Estamos ante una de las más erróneas, absurdas e injustas decisiones de la clase política de los últimos años y constituye un enorme atentado a la democracia y a la pluralidad. De entrada, más que un golpe a la izquierda, es un incentivo para devolverla a la radicalidad violenta de sus métodos de lucha; cerrarle el camino de las urnas es abrir de nuevo la brecha de las armas. Si los votos ciudadanos no sirven para escoger sino sólo para ratificar a los preseleccionados, recuperarán valor las balas.

Los que provenimos de la lucha del pueblo de México contra el fraude electoral no nos podemos quedar al margen; me asombra que tantos que están en desacuerdo no lo digan. Mientras continúe esta maniobra, seguiré expresando en este espacio que me brinda EL UNIVERSAL: estoy contra el desafuero; tengo razones jurídicas, valoraciones políticas e información de primera mano que me resolvieron sin titubeos para adoptar esta postura. Sé que elevo mi voz en medio de enormes confusiones y de la más descarada manipulación televisiva del asunto.

Consciente de que los promotores del desafuero se aprovechan de las complejidades jurídicas del caso, y de la exigencia social para que la ley se cumpla, he apelado al sentimiento mayor que es la injusticia por la desproporción con que se castiga pérdida de la inmunidad, destitución del cargo, e inhabilitación política, por la selectividad con la que se aplica; porque son los adversarios políticos de AMLO los que la ejecutan; porque en un asunto en el que ni siquiera se ha iniciado el proceso por el delito que se le acusa ya lo separó de su función la Cámara de Diputados, según el dictamen hecho aprobar por el presidente de la mesa directiva.

Pero en el rigor del detalle procesal, también hay que decirlo: el desafuero está fincado en una causa jurídica muy cuestionable, con serios problemas para el ejercicio de la acción penal, pues bajo el principio de exacta aplicación de la ley, el tipo delictivo del que se le acusa no tiene pena; y si la pena es la de abuso de autoridad según tesis jurisprudencial de la Corte, aunque en franca contravención del artículo 14 constitucional, no se sabe cuál de las dos sanciones previstas en el artículo 215 del Código Penal federal debe aplicarse. Lo más grave es la manera en que el Ministerio Público condujo la acusación hacia una sola persona, como la autoridad responsable del delito de desacato. El quejoso o afectado en el caso de El Encino promovió el amparo señalando a diversas autoridades responsables, 10 en total.

Entre ellas estaban el secretario de Gobierno del DF; el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; el Comité del Patrimonio Inmobiliario; el secretario de Transporte y Vialidad; el secretario de Seguridad Pública y el jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos. Todos fueron exonerados en el pliego petitorio, incluso los que sí realizaron trámites legales de manera directa en relación con el incidente de suspensión. Pero ahora se quiere fincar una responsabilidad penal objetiva a AMLO; se pretende que responda por la conducta de otros en materia penal, lo cual es anticonstitucional. Todo esto tendrá consecuencias funestas.

Se me acusará de ser un catastrofista que lleva muy lejos el impacto del desafuero, y habrá quienes me reprochen por estar en desacuerdo con este ¡resarcimiento de la legalidad e inauguración del estado de derecho! ¿En serio se cree que todo esto se ha organizado para dejarlo en manos de un juez independiente y soberano, que puede exonerarlo o que incluso, de encontrarle responsabilidad a AMLO, le puede conmutar la pena en multa por ser un delito no grave? Claro que no; sin embargo, nada desearía más que estar equivocado, y que se confirmara que en esta maquinación no están juntos los tres poderes de la Unión. Ojalá así fuera.