Por diferentes lados, y de personajes informados, toma fuerza la versión de que el proceso de desafuero al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, será un hecho, por más controvertible y cuestionable que este sea. “No lo dudes, hay acuerdo entre el PRI y PAN, hay amor de por medio”, me soltó un alto funcionario de la Televisión Mexicana.

Confieso que tal eventualidad me parecía simple y llanamente impensable hasta hace unos días. Podría haber apostado a que sólo ruido, discordia, tensión y alimento para los medios generaría tal propósito, pero hasta ahí. Sin embargo, las cosas se ponen más serias y aún no podemos visualizar las consecuencias de una acción de ese tamaño.

En entrevista con El Universal, el Presidente de la República Vicente Fox, lo confirma. Deja claro que insistirá en el proceso de desafuero a López Obrador. “No comparto lo que se está diciendo, que hay que buscar una salida política. ¿Por qué? ¿Por qué hay que darle una solución política a un tema legal? No. Lo legal en lo legal. Lo político en lo político”, expresó.

Esta declaración se suma a lo expuesto hace una semana por el mismo Presidente en la reunión plenaria de los diputados federales de Acción Nacional, en que a manera de arenga recordó que ningún gobernante debe estar por encima de la ley. Fue prácticamente un llamado a los legisladores panistas a no titubear en torno de ese proceso, toda vez que al interior del grupo parlamentario aparecieron en la discusión voces discrepantes, que sumadas representan un importante conjunto.

Existe pues, una auténtica decisión de ir para adelante, animando a los legisladores. Ese ya es otro rasgo del asunto que resulta preocupante. Si el ministerio público no tiene alternativa más que el de presentar la solicitud de desafuero, por virtud de un mandato judicial, es lo admisible. Pero negar que el órgano que verá del desafuero es una entidad eminentemente política, y luego echarles porras para que no se rajen, no tiene sólidez.

A lo que hace unos meses califiqué como error de visión y estrategia política del gobierno, puede sobrevenir una crisis de entendimiento básico con funestas consecuencias para la vida política del país y para el tiempo último de esta etapa en que se podría buscar el acuerdo para un replanteamiento de la Reforma del Estado, por lo menos en sus bases mínimas, que sirviera de plataforma de lanzamiento al siguiente gobierno. Ya existen costos a cargo del aparato político del gobierno federal, lo que más me preocupa es que se siga arrastrando a Acción Nacional en ese descrédito, y se exponga innecesariamente a líderes de nuestro partido a arriesgar su prestigio político y su vocación democrática.

Consciente de que ese proceso estará en la esfera exclusiva de las atribuciones de los diputados, y al final de la jornada en manos de un juez, he sostenido con varios compañeros de Acción Nacional que ese proceso atenta contra la democracia y que su base legal es endeble, e incuestionablemente selectiva en el delito de desacato.

¿Quién propuso que la restauración del Estado de Derecho, en cuanto a la impunidad de funcionarios y políticos que han burlado cientos de mandatos legales, empiece por un precandidato presidencial, hasta ahora el más señalado en las encuestas?, ¿quién cerrará la puerta en este sexenio?.

¿Y los incomparables casos de corrupción y crimen contra la Nación que representan el pemexgate, el fobaproa?, ¿qué del desaseo y las omisiones en los procesos de desafuero y juicio político de esos saqueos al erario público?.

Durante muchos años, en un ambiente inhospitalario para la democracia, silenciadas nuestras voces por la censura del aparato público en los medios – hoy la censura tiene otros muchos intereses y rostros – expresamos que el Presidente de la República, o el aparato público en su conjunto, no tenía derecho a imponer sobre la voluntad popular a quien debía sucederlo, y lo mismo vale en el caso de señalar quien no debe participar en una contienda electoral, porque el resultado es igual.

A López Obrador hay que ganarle en las urnas. ¿O a qué le tenemos miedo?, a que en el modelo mediático que todos hemos fortalecido estos años, gane la imagen y el dinero sobre la razón de las propuestas y las trayectorias de los candidatos. ¿No es ese el camino que todos los días pavimentamos en detrimento de los contenidos de la política y con una pérdida brutal para el poder del Estado?. ¿El temor es que se nos cuele?. ¿No son estas torpes estrategias las que aumentan su popularidad, por encima de su desvanecimiento como gobernante?.

En los últimos meses, el Jefe de Gobierno ha asombrado y asustado a muchas personas. Florece al ritmo de los escándalos una figura intolerante, y su resistencia a la transparencia lo coloca como inconfiable en el sistema de la rendición de cuentas, en el que sólo puede consolidarse la democracia. Confieso que me sorprendió su respuesta frente a la marcha del 27 de junio; la reacción al impulso social, fue desproporcionada, absurda. Prueba de que no hay temple que dure tanta fama y popularidad, tanta delantera en las encuestas; tropieza con su propio manto. Cuidado porque casi siempre la esquizofrenia personal del gobernante provoca o aumenta la neurosis social; juntas hacen la neurosis de la escaramuza.

Pero en términos de aprobación y desaprobación de la percepción ciudadana, la solicitud de desafuero empató los temas de la corrupción en el distrito federal y de su respuesta a la marcha. Vulnerada su imagen, no tanto por los hechos escandalosos de corrupción entre sus más cercanos, como sí por sus respuestas sobre esos hechos que fueron, de la elusión, la minimización de los hechos a la teoría del complot, pronto se ha corrido la veleidosa y desmemoriada opinión pública a una especie de solidaridad. Se percibe el desafuero como una acción para sacar de la competencia electoral del 2006 a quien puede encabezar la candidatura del PRD. Y se percibe así, porque así es, esa solicitud de la PGR se está enderezando políticamente y no desde una posición jurídica. Los diputados de Acción Nacional deben estar conscientes de ese engaño.