EL PAÍS accede a la declaración ministerial de César Jáuregui Moreno, donde admitió hace tres años que él y la actual gobernadora recibieron pagos del político priista entre 2014 y 2015
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha nombrado fiscal general del Estado a César Jáuregui Moreno, un político del PAN con el que ha trabajado de cerca en la última década. El nuevo defensor estatal fue acusado de corrupción por la Fiscalía por presuntamente haber recibido sobornos en el Gobierno del priista César Duarte entre 2014 y 2015, cuando Jáuregui era jefe de los diputados del PAN en el Congreso local. Jáuregui ahora se ha convertido en titular de la institución que lo investigaba y ha asumido el control de las carpetas de investigación que dejó abiertas la Administración de Javier Corral, antecesor de Campos en el Ejecutivo estatal, incluida aquella donde él fue parte acusada. EL PAÍS ha accedido a la declaración ministerial de hace tres años en la que el hoy fiscal general admitió los señalamientos y dio detalles del cobro de sobornos durante el duartismo. El funcionario no atendió una solicitud para fijar un posicionamiento que fue enviada por este diario a través de una portavoz del Gobierno de Chihuahua.
Jáuregui era jefe de Campos durante el periodo de los pagos. Él era coordinador y ella vicecoordinadora de la bancada del PAN entre 2013 y 2016. Ambos fueron acusados por la Fiscalía de beneficiarse de los sobornos de Duarte, pero solo Campos fue llevada ante un juez en 2021 porque los recibos de pago presentados como evidencia fueron firmados exclusivamente por ella. La Fiscalía señaló que los dos panistas cobraron alrededor de 10 millones de pesos en efectivo en las oficinas de la Secretaría de Hacienda de Duarte. Jáuregui dijo en su declaración ministerial que él pidió a Campos ir personalmente a recoger el dinero mes con mes a lo largo de dos años, aunque aseguró que no eran sobornos, sino “apoyos” del Gobierno estatal para cumplir con sus labores legislativas.
“Encomendé a la Lic. María Eugenia Campos Galván, vicecoordinadora del grupo parlamentario, que me apoyara tanto en los trabajos de apoyo social como en la representación de la coordinación a mi cargo, a efecto de que facilitara la recepción de los recursos que el Ejecutivo del Estado debía dar a través del órgano hacendario de referencia”, relató Jáuregui a la Fiscalía. “La entrega de dicho recurso por parte del poder Ejecutivo era sistemática, mensual y regular […]. Cada vez que la Lic. Campos Galván acudía ante la Secretaría de Hacienda a recibir el apoyo correspondiente, debía firmar el recibo de entrega que se le requería para la recepción del numerario”.
Jáuregui afirmó que todos los grupos parlamentarios, no solo el PAN, cobraban dinero del Gobierno de Duarte. “La forma y términos en los que se proveía la dotación de cada uno de estos apoyos variaba de manera discrecional por el Ejecutivo del Estado, de acuerdo con las políticas que la Secretaría de Hacienda, internamente, tenía para el manejo de este tipo de ministraciones”, dijo. Una vez que su bancada recibía los recursos, añadió, estos se destinaban a “proyectos y avance de planes” relacionados con el fortalecimiento de la democracia, por lo que los cobros, dijo, eran “absolutamente legales y apegados a derecho”.
Los frentes abiertos por la Fiscalía
Durante la Administración de Corral, la Fiscalía de Chihuahua abrió una carpeta de investigación para indagar la entrega de sobornos en el Gobierno de Duarte. La investigación fue bautizada como la Nómina secreta. La Fiscalía determinó que desde la “caja chica” de la Secretaría de Hacienda se pagaron 1.000 millones de pesos en sobornos en efectivo a políticos de todos los partidos, empresarios y periodistas. Según la acusación, el pago a legisladores tenía la finalidad de comprar su voto en el Congreso para aprobar iniciativas del interés del Gobierno y la contratación de deuda pública. El dinero era desviado de las partidas presupuestales destinadas al pago de la nómina de los funcionarios estatales; se depositaba a una empresa de traslado de valores, que lo convertía en líquido y lo llevaba a las oficinas de la Tesorería gubernamental, donde era resguardado y administrado para el pago de los sobornos, según la acusación de la Fiscalía.
Jáuregui Moreno aceptó rendir su declaración el 29 de abril de 2019 tras acogerse al “criterio de oportunidad”, un recurso legal que permite a los acusados colaborar con las autoridades y reparar el daño a cambio de beneficios en los procesos abiertos en su contra. Para esa fecha, Jáuregui ya era secretario de Gobierno de la ciudad de Chihuahua. Maru Campos era la alcaldesa. El que fuera su jefe en el Congreso local se había convertido en su incondicional mano derecha. Cuando la panista ganó en 2021 las elecciones y se convirtió en titular del Ejecutivo estatal, nombró a Jáuregui, otra vez, secretario de Gobierno. El pasado lunes lo convirtió en fiscal estatal, en sustitución de Roberto Fierro.
El fiscal anticorrupción que estuvo a cargo de la investigación de la Nómina secreta contra Jáuregui y Campos fue Francisco González Arredondo. En noviembre pasado, la Fiscalía de Campos detuvo a González Arredondo acusándolo de haber torturado psicológicamente a los cómplices de Duarte. Ahora, como fiscal general, Jáuregui estará a cargo el expediente en el que él mismo fue denunciado por corrupción y tendrá en sus manos al exfiscal que lo acusó. Y no solo eso. También tendrá en sus manos la carpeta de investigación por la que Duarte se encuentra en la prisión estatal de Aquiles Serdán, a la espera de que la Fiscalía concluya la acusación en su contra. Igualmente, se encargará de la investigación de la Operación Safiro, un mecanismo de corrupción por el que fueron desviados 250 millones de pesos de Chihuahua para financiar campañas electorales del PRI.
“El nombramiento de César Jáuregui Moreno como fiscal general del Estado es el mayor acto de cinismo político de la actual gobernadora; es la entronización de César Duarte en el control total de la Fiscalía, como lo logró en el poder Judicial”, afirma el exgobernador Corral en entrevista. “En el combate a la corrupción habrá impunidad absoluta. ¿O se va a castigar el fiscal a sí mismo? Llega a ese lugar para garantizarle la impunidad a Duarte y a todos sus cómplices y mercenarios políticos. Con todos los instrumentos tecnológicos y materiales y los recursos humanos y económicos con que cuenta la Fiscalía General del Estado, se cierne sobre Chihuahua una de las amenazas más delicadas de las últimas décadas a su vida política y social”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que está al tanto de que en Chihuahua hay una cacería en contra de los exfuncionarios que se atrevieron a investigar la corrupción del duartismo. También ha señalado que, aunque al exgobernador priista le limpien el camino en el Estado, a nivel federal existen investigaciones abiertas en su contra y que este aún deberá enfrentar pendientes con la justicia.
