La gobernadora busca desacreditar las investigaciones y los procesos contra cómplices de la red de corrupción duartista y lavar su propio nombre.
La detención del fiscal anticorrupción de la “Operación Justicia para Chihuahua” exhibe una evidente estrategia del gobierno de María Eugenia Campos Galván para desacreditar las investigaciones contra César Duarte Jáquez y lograr su liberación.
El propósito fue anticipado por Campos Galván –involucrada en la red de corrupción duartista como beneficiaria de la “nómina secreta” –, desde el inicio de su gestión.
En octubre de 2021, anunció el inicio de una investigación sobre supuestas torturas en contra de exfuncionarios de Duarte Jáquez procesados por delitos de corrupción, a pesar de que no existían denuncias.
Antecedentes. El lunes 11 de octubre de 2021, el periódico La Jornada de la CDMX publicó en el titular principal de su portada impresa lo siguiente: “Creó Corrral centro de acoso para inculpar a opositores”.
En el cintillo y sumarios se leía: “Usó la Casa de Gobierno de Chihuahua para armar sus expedientes x”; “Narran cinco exfuncionarios cómo los sometieron a torturas psicológicas”.
La nota fue firmada por Gustavo Castillo García, identificado como “enviado”, aunque el periódico no había realizado ese tipo de cobertura especial en los procesos penales a cómplices de la red de corrupción de César Duarte, como el de Alejandro Gutiérrez, La Coneja.
Prácticamente, todos los medios de Chihuahua replicaron el texto de La Jornada y la respuesta de la gobernadora.
“La gobernadora panista María Eugenia Campos Galván consideró ‘grave’ la utilización que hizo su antecesor y correligionario Javier Corral Jurado de instituciones para fabricar delitos a opositores de antaño y a quienes veía como futuros competidores políticos, aplicando a ex funcionarios tortura sicológica, obligándolos a convertirse en ‘testigos colaboradores’”, publicó La Jornada el 12 de octubre de 2021.
“Campos Galván indicó que de confirmarse lo dicho por los ex funcionarios (bajo el anonimato por temor a represalias de Corral y del exfiscal César Peniche), ‘se hablaría de abuso de autoridad, vulneración a los derechos humanos y a los principios básicos de las garantías individuales de los chihuahuenses, así como del uso de las instituciones públicas para fines personales, electorales y políticos’”.
“Esto no se había visto, no teníamos conocimiento desde hace más de 50 años en nuestro país. Es muy grave y de mucho daño para las instituciones, nos lastima esta publicación (en La Jornada) el día de hoy”, dijo.
“Puedo hablar de mi caso, que fue una clara fabricación con supuestos elementos, no lo dudo; y me lastima porque representa el uso faccioso de las instituciones contra chihuahuense”, declaró la gobernadora, de acuerdo con
A raíz de la publicación, el fiscal Roberto Fierro Duarte dijo que se investigaría a los elementos del Ministerio Público de la “Operación Justicia para Chihuahua”.
¿Por qué es importante? La narrativa construida por el gobierno de Campos Galván y los medios de comunicación bajo su control, para desacreditar el combate anticorrupción durante la administración de Javier Corral Jurado, documentan una venganza política por parte de la gobernadora.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó el lunes 21 de noviembre que detuvo en Ciudad Delicias a Francisco G. A., fiscal responsable de la Operación Justicia para Chihuahua, por la supuesta tortura en contra de un testigo de identidad reservada.
En contraste, existen al menos 49 procesos penales pendientes en tribunales del Poder Judicial derivados de la Operación Justicia para Chihuahua, pero el actual Gobierno del Estado no les ha dado seguimiento alguno.
En el caso de Francisco G. A., la Fiscalía filtró la fotografía de la ficha signalética del detenido, quien no había sido presentado ante un juez.
Contexto sobre la recuperación del daño. Durante la administración 2016-2021, la “Operación Justicia para Chihuahua” logró recuperar 712 millones de pesos desviados del erario durante la administración de César Duarte.
