Pbro. Camilo Daniel Pérez
En todos estos años en los que el crimen organizado ha crecido potencialmente, por desgracia no ha habido por parte del Gobierno Federal y de los diversos Estados de la República una tarea conjunta, bien diseñada y a partir de diagnósticos reales y bien elaborados para contrarrestar al crimen organizado y brindar la seguridad que los ciudadanos y ciudadanas urgentemente necesitamos y que el gobierno tiene la obligación de proporcionar. Las reuniones interinstitucionales que hasta a diario se tienen para los asuntos de seguridad son solamente reactivas ante las acciones del crimen organizado. Al parecer, las autoridades civiles ya se dan por vencidas, tal vez porque no tienen la capacidad ni la voluntad de erradicar y hacer imposible que en nuestro País se organice el crimen a los niveles que actualmente nos han demostrado. En algunas regiones, al parecer, la delincuencia está mejor organizada y con mayor presencia que el mismo gobierno.
Seguramente hay muchos factores que han influido para que la inseguridad ciudadana haya llegado a los niveles tan altos que estamos viviendo con ataques masivos del crimen organizado contra la población; sin embargo, quiero señalar, desde mi punto de vista, algunos factores que indudablemente son determinantes. Ante todo, está la infiltración de la delincuencia en las diferentes esferas del gobierno y el sistema de corrupción política que está a la orden del día. México está entre el tercer y cuarto lugar en el mundo de los países más corruptos. A esto, deberemos añadir la impunidad que es la “madre de la delincuencia”, cualquiera que ésta sea. Por otra parte, el gobierno no ha sido capaz de convocar a la ciudadanía, llámense organismos de la sociedad civil, organismos empresariales, universidades, intelectuales, investigadores, iglesias, etc. que tienen mucho que aportar para abatir la delincuencia y, sobre todo, para la construcción de la paz. Además, para nuestra desgracia, las acciones de los diferentes gobiernos se planean y mueven más por cuestiones partidistas, por el afán de poder y, por consiguiente, por fines electorales. La violencia y el crimen organizado trascienden cualquier plan sexenal y cualquier ocurrencia de los funcionarios en turno, sea “la renovación moral” de De la Madrid, “El bienestar para tu familia” de Zedillo, “El presidente del empleo” de Calderón o “Juntos haremos historia” de AMLO con su 4ª. Transformación…
Parte del título de mi artículo son palabras del investigador y profesor de la Ibero, Ernesto López Portillo: “Fuga civil y embate Militar”, pues estoy totalmente de acuerdo en que ante tan grande y profundo vacío del gobierno civil en materia de seguridad, ante “la fuga civil” se da el “embate militar.” Los vacíos civiles lógicamente se llenan con militares. No estoy muy seguro de que López Obrador, siendo tan terco como es, haya claudicado tan fácilmente de lo que afirmaba en campaña: Que haría que regresaran las Fuerzas Armadas a los cuarteles, eso le llevaría los primeros seis meses de su gobierno. Además, afirmaba muy convencido, por ejemplo en febrero del 2012, de que el Ejército no está preparado para asumir tareas de la seguridad pública, pues su encargo es otro, defender la soberanía nacional; sin embargo, ante el vacío civil que ni él mismo ve cómo llenarlo y ante insinuaciones del alto mando del Ejército, decide que la Guardia Nacional pase bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmando tan frescamente que “cambió de opinión”, como cambiar de camisa, siendo que cientos de veces aclara que actúa y es congruente con sus principios.
Mis sospechas de un cierto “embate militar” o sugerencias de los altos mandos del Ejército, para decirlo más suavemente, me lo confirman los hackeos de la “Guacamaya” en los que se revela que el Ejército planificó y diseñó las leyes para la presencia militar en asuntos de seguridad pública, como lo informa Carmen Aristegui en su programa del pasado 7 de octubre del presente año. De alguna manera intervienen en el campo de los legisladores.
Enseguida paso a reflexionar la segunda parte del título de mi artículo, “Del militarismo a la militarización.” Por militarismo entiendo todas las atribuciones y acciones que López Obrador le ha dado al Ejército, como ser los constructores del aeropuerto, del tren maya, distribuidores de medicamentos, constructores de los bancos del Bienestar, el control de aduanas y puertos, instalación del internet y ahora empresarios de una aerolínea comercial. Desde mi punto de vista, López Obrador desde que asumió la Presidencia siempre se ha mostrado muy desconfiado de la sociedad civil en general, incluso de las mismas instituciones públicas y hasta de su mismo gabinete. Así lo demuestra en las famosas mañaneras. Él mismo lo decía con frecuencia: “Al diablo las instituciones.” Él tiene la convicción de que el Ejército es el menos corrupto y, además, es confiable por su disciplina y su lealtad: sin embargo, del militarismo a la militarización sólo hay un paso, pero es un paso cualitativo.
Por militarización entiendo cuando el Ejército toma por sí solo posturas y decisiones políticas que sólo son del ámbito civil. Ya hemos visto cómo el general Luis Crescencio Sandoval en sus declaraciones se ha puesto del lado de la 4ª. Transformación, cómo el Ejército ha hecho propuestas legislativas, comentado ya anteriormente. Al parecer la Marina en las aduanas ha tomado el papel de revisar pasaportes, lo cual es exclusivo de las oficinas de migración que son del ámbito civil. No hay claridad si las faltas de la Guardia Nacional y del Ejército mismo contra la sociedad civil caen en el ámbito de los juzgados militares o civiles, etc. Ahora sabemos por “La Sedena leaks” de los hackeadores que el Ejército se ha dado la facultad de espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, como lo es el organismo Miguel Agustín Pro. Para terminar pronto, el Ejército por su propia naturaleza podrá tener muchas cosas positivas, menos ser democrático. Para él todas las decisiones son verticales y verticalistas. Por cierto, una gran abogada, Mayor del Ejército Nacional, Adriana Herrera, asignada en la Guardia Nacional para atender violaciones de derechos humanos por militares, fue destituida no sólo de su cargo, sino dada de baja como militar por ponerse del lado de las víctimas y no defender a la Institución Militar, como ella misma lo denuncia. Esto en claro español se llama en política autoritarismo o dictadura. López Obrador ha expresado la necesidad no sólo de reformar el INE, Instituto Nacional Electoral, sino cambiarlo y que dependa directamente de la Secretaría de Gobernación, a pesar de que el INE validó su triunfo como Presidente. Podría decir que el INE es actualmente de los pocos institutos que tenemos más confiables para una elección democrática de nuestros gobernantes y que a pulso lo hemos ganado los ciudadanos.
Para terminar, el General Luis Crescencio Sandoval se encargó de doblegar a Lito Moreno. Utilizando la misma táctica, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández junto con la Marina, se encargó de “convencer” (mediante compra y amenaza, diría en tribuna Álvarez Icaza) a legisladores del PRI y del PRD para que votaran a favor de la permanencia del Ejército en las calles hasta el 2028 asumiendo lo operativo y administrativo de la seguridad pública. Estos legisladores fueron capaces de votar en contra de sus propias convicciones. López Obrador consciente o inconscientemente está jugando con fuego, al darle tantas atribuciones a los militares. No olvidemos que las concesiones van creando derechos y más peligrosas se vuelven cuando se dan al margen de la Constitución.
