El gobierno del estado de Chihuahua ha desplegado desde la semana pasada una millonaria campaña de difusión y propaganda en los medios de comunicación, incluidos los principales periódicos de la Ciudad de México, para asegurar que la inseguridad en el entidad está resuelta y presumir como suyos los avances en la disminución de los delitos de alto impacto, esencialmente en Juárez y Chihuahua.
Fruto de un modelo de coordinación institucional y participación ciudadana que dio origen a las mesas de seguridad, desde las que se exigió un cambio en la estrategia de combate a la delincuencia organizada basada en la policía de investigación, la atención de rezagos sociales y mecanismos de diálogo entre sectores representativos de la sociedad chihuahuense con las autoridades, la epidemia homicida del 2009 y 2010 disminuyó. El programa Todos Somos Juárez que impulsó el gobierno federal rindió frutos, aunque a la distancia eso se quiera negar, pero es una contradicción pues entre otras cosas tuvo éxito porque supo escuchar la demanda social y colocó la participación de la gente como eje principal.
Para tratar de justificar el saqueo impúdico y la escandalosa corrupción que lo enloda, el gobernador César Duarte trata de hacer caravana con sombrero ajeno; “dirán lo que quieran de Duarte, pero “apaciguó” Chihuahua”, postula el cinismo oficial a través de plumas vendidas. O sea, sí, es un vulgar ladrón, pero tuvo éxito en el combate a la inseguridad y desterró a los narcos. Las dos cosas son mentiras, y ambas una estafa. El gran problema es que los mecanismos de participación ciudadana constituidos en aquella época aciaga han perdido fuerza, los recursos públicos destinados al apoyo de sus objetivos los han enredado y burocratizado, además que han trocado la otrora frescura y franqueza de sus expresiones en un lenguaje casi oficial y propagandístico del gobierno.
Hay muy pocas voces que atajen la manipulación informativa, y el caravaneo de César Duarte, al que también ya se subió su candidato Enrique Serrano, como si no lo persiguiera su pobre desempeño como alcalde de Juárez.
El narcotráfico no fue erradicado del Estado, ni es cierto que sacaron de Juárez a los principales carteles. Ni más ni menos el Papa Francisco los exhibió cuando en su regreso de Ciudad Juárez a Roma soltó a los 75 periodistas de la fuente que lo acompañaban, que en la frontera mexicana se vivió una tregua entre narcos para asegurar su estancia en la ciudad. El Pontífice aseguró, hablando en italiano: “En Ciudad Juárez había un pacto de 12 horas de paz por mi visita, después seguirán luchando entre ellos los traficantes”.
La sierra está asolada por los narcotraficantes y los sicarios de una manera ostensible y brutal; la gente vive bajo toque de queda permanente a partir de las 8 de la noche. Los pobladores se muestran en una angustia y desesperación porque se saben indefensos. La Fiscalía y la policía estatal única están al servicio de los narcos. Eso ha dado pie para que los sicarios no tengan límites y se descaren, interviniendo en el mando directo de las policías municipales y ahora incursionando en las campañas electorales con candidatos propios postulados por el PRI y amenazando a cualquier posible opositor que les quiera competir. Es el caso grotesco de Arturo Quintana, El Ochenta, quien ya rebasó todo límite.
Hace un par de semanas, para “bajarle la presión” a las candidaturas de los narcos en el PRI, la dirección de comunicación social del gobierno del estado filtró en algunos medios de comunicación la supuesta aprehensión del sicario, en un enfrentamiento con la Marina en el municipio de Carichí, el 11 de marzo. El Heraldo y El Mexicano, se dieron a la tarea de consignar -el 14 de marzo- la noticia y aseguraron que la información había sido filtrada en exclusiva. El 16 de de marzo otros medios retomaron la información asegurando que la Fiscalía había confirmado la detención de ambos personajes, sin embargo el fiscal general, Jorge González Nicolás, que dice no tener información de la detención y en caso de que este hecho hubiera ocurrido ya lo habrían dado a conocer aseguró que “también la autoridad estatal está haciendo sus propios operativos contra él y otros de esa misma gavilla, que se encuentran en esa zona, pero aunque cada vez estamos más cerca de él no ha sido posible su arresto, no tengo una notificación oficial”.
Todo es absolutamente falso, tanto la detención como la supuesta persecución por parte del fiscal; El Ochenta se desplaza a sus anchas por varios municipios protegido por el comandante de la policía municipal de Bachiniva y sus escuadrones.
El gobierno del estado sigue mintiéndole a los chihuahuenses, especialmente a los de la zona serrana, quienes ven desfilar por todas las rutas de la Tarahumara caravanas de vehículos de la delincuencia organizada fuertemente armadas; estos hechos son conocidos por todos, hasta videos en Youtube en las redes sociales encontramos de ellos y mientras el gobierno de Duarte ha desmentido estas grabaciones, pero las cifras de incidencia delictiva en la región serrana son irrefutables.
Uruachi y Guadalupe y Calvo tienen una tasa de 195 y 171 homicidios por cada cien mil habitantes respectivamente, es decir, 7 veces la media estatal que está en 17 homicidios por cada cien mil habitantes de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las tasas del INEGI, son incluso más altas, nos hablan de 46 por cada cien mil.
Pero esta situación no es privativa de la Sierra Tarahumara, la tasa de homicidios por cien mil habitantes de Ciudad Juárez, ahí donde Duarte presume su proeza apaciguadora, se encuentra en 40.39, trece puntos más que la media estatal.
Por eso los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) estima que el 56% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día en Chihuahua.
El Chihuahua seguro que insisten en vendernos el duartismo-serranista un autentico fracaso. Prohijaron la violencia y ahora se erigen en los héroes, apostando a la desmemoria y al olvido, con cinismo y clara desvergüenza.
En nuestra entidad tenemos varios años con serias inconsistencias entre las cifras de homicidio reportadas de manera oficial por la Fiscalía General al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y aquellas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El INEGI, que es un organismo técnico autónomo con prestigio internacional, toma la información de homicidios sobre las estadísticas captadas de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas del registro civil, la Fiscalía reporta únicamente la de las denuncias o averiguaciones abiertas. Está claro que esto es un error, pues en un hecho delictivo puede haber más de un deceso o incluso, como está sucediendo en todos los rincones de la entidad, no hay denuncia, porque la gente tiene miedo, a los delincuentes y a las autoridades. De nuevo la estadística nos da la razón, ya que en Chihuahua en 2014, se denunció sólo el 13.1% de los delitos.
Existen errores graves en la administración y procuración de justicia en nuestra entidad, situación que conlleva a que los ciudadanos no tengan confianza de acudir a denunciar. Tan sólo en el 2014, el INEGI informó que en el estado de Chihuahua se cometieron un total de mil 692 homicidios. El SESNSP, mismo que depende de las cifras oficiales de la Fiscalía, reporta mil 422 asesinatos durante la fecha. La diferencia se centra en 270 homicidios, que significa un aumento final del 18 por ciento.
Con las propias cifras reportadas por la Fiscalía General del Estado, damos cuenta que en Chihuahua capital, el robo a casa habitación es un fenómeno por demás alarmante.
En 2015, la tasa nacional de robo a hogares ronda el 6 por cada cien mil habitantes, el promedio estatal está en 7.5 aproximadamente y en cambio en la capital del Estado es a razón de 19.57 por cada cien mil habitantes, lo que se traduce en términos proporcionales, en que casi cada uno de cada cinco hogares en la capital son víctimas de los dueños de lo ajeno y sustraídos de su patrimonio.
¿Que nos puede decir Serrano y Duarte ante estas cifras? Si el homicidio doloso y el robo a casa a habitación son delitos del fuero común, es decir, la prevención, investigación y persecución está en el ámbito de su competencia, del estado y municipio.
El PRI para lo único que tiene experiencia es para utilizar sólo las cifras que le convienen, para cerrar los ojos para quien menos tiene y está muy lejos de darnos a los chihuahuenses las condiciones de seguridad que tanto anhelamos y merecemos.
Un delito requiere de circunstancias propicias para ser llevado a cabo, está claro que la prevención del delito está fallando en nuestra entidad, las autoridades están haciéndole el caldo gordo a los perpetradores del delito que encuentran estas condiciones y que además se topan con el incentivo de la impunidad.
La seguridad pública, debe ser concebida como un componente de nuestra seguridad humana, misma que debe prestarse con la mayor de las calidades y en igual proporción para todos, no puede seguir siendo el privilegio de unos cuantos, de los que se gastan el dinero público para pagar escoltas, como los funcionarios del gobierno de Duarte y del propio Serrano, tanto cuando era Alcalde, como hoy que es candidato.
La primera función por la que nació el Estado, fue justamente la de garantizar la paz y el orden en la vida en sociedad. Un estado democrático de derecho debe generar las condiciones de desarrollo y un entorno que permita que cada uno de nosotros desenvuelva al máximo sus capacidades.
Es momento de dar un vuelco a la seguridad pública, para darle un enfoque de seguridad ciudadana, concepción que pone el foco de atención en las personas, en la protección de la vida, los derechos y posesiones, de las agresiones y violencia, en un marco de derechos humanos.