Un grupo de Senadores y la Red en Defensa de los Derechos Digitales manifestaron su preocupación por la aprobación del dictamen para reformar el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, que pretende remover el requisito de la autorización judicial federal para que los Ministerios Públicos puedan acceder a la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil.
La iniciativa también estipula el acceso a un repositorio (registro de comunicaciones) que conserva de forma masiva e indiscriminada, hasta por dos años, todos los metadatos de las comunicaciones de todos los usuarios de telecomunicaciones del país.
El argumento para implementar estas medidas se basa en la presunción que la solicitud de la autorización judicial federal obstaculiza las investigaciones en materia de secuestro; prolonga el periodo de privación de la libertad de la persona; y pone en riesgo la vida del secuestrado.
El Senador Javier Corral señaló que no puede haber contradicciones entre seguridad pública y privacidad de los datos personales, pues “ambos derechos son fundamentales de coexistir en un equilibrio y una armonía que deben dar los procedimientos expeditos y la voluntad para actuar.
Junto a las Senadoras Martha Palafox, Layda Sansores y el Senador Manuel Bartlett, el chihuahuense dijo que llevarían a las Comisiones correspondientes y al Pleno de la Cámara Alta esta preocupación “para no permitir que el Senado caiga en una contradicción que además le puede resultar contraproducente para los efectos que dice buscar.”
La Red en Defensa de los Derechos Digitales, entregó una propuesta de modificación para que el texto sea compatible con la Constitución, las normas de derechos humanos establecidas por acuerdos internacionales, y las propias decisiones tomadas en el Senado para el Código Nacional de Procedimientos Penales.
