Javier Corral Jurado
El 27 de enero pasado, Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo y hombre cercano a Enrique Peña Nieto, ni más ni menos en quien confió la Procuraduría General de la República, salió a los medios para anunciar la conclusión del caso que cimbraría al país, puso contra las cuerdas al gobierno y a él, lo caló en tantas posturas y exigencias sobre la impartición de justicia: los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Contundente, Murillo Karam afirmó: “Éstos y muchos otros elementos aportados durante la investigación, permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan. En ese orden. Ésta, es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente.”
Pero esa, la tan traída y llevada “verdad histórica”, quedó pulverizada luego de que el pasado 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa, la asistencia de los familiares de manera integral, así como para “proveer asistencia y verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los estudiantes”, presentara su primer informe de resultados en el que desmiente la versión oficial de lo ocurrido con los 43 estudiantes en septiembre de 2014.
Por un lado, el gobierno de la República dijo estar dispuesto a reencauzar la averiguación, generar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula y asumir las recomendaciones del grupo de expertos, pero por el otro, en un acto de simulación, ha lanzado una campaña que pretende descalificar a los integrantes del GIEI, incluso a través de diversas columnas ya empieza a llamárseles: “Expertos en mentir”.
Pero ¿quién es este grupo de expertos?, ¿por qué la CIDH les confió dicha misión?, empecemos por decir que no son ningunos improvisados. Alejandro Valencia Villa, colombiano, ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha trabajado en las Comisiones de la Verdad de Ecuador, de Guatemala, de Paraguay y Perú.
Ángela María Buitrago, de Colombia, ha sido fiscal delegada ante la Suprema Corte de Justicia de Colombia; el español Carlos Martín Beristaín, tiene una experiencia de 25 años en atención a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares; Claudia Paz y Paz, guatemalteca, fue la primera mujer fiscal general en su país y atendió varios casos de violaciones de derechos humanos que avanzaron en el sistema de justicia, y se logró condenar a los perpetradores.
Francisco Cox Vial, chileno, ha litigado casos penales y constitucionales, y ha trabajado en casos pro bono ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estos personajes que tienen trayectoria propia, un currículum y compromiso acreditado con los derechos humanos, dijeron que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014.”
A través de un peritaje independiente realizado por el Dr. José Torero, especialista con reconocimiento mundial en investigaciones sobre incendios, se llegó a la conclusión de que: “Toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula. De haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura. Ninguno de estos elementos muestra estos daños.”
No sólo eso, el informe también habla del trabajo realizado desde PGR al señalar que “El peritaje relacionado al fuego no fue hecho de acuerdo a las reglas internacionales ampliamente aceptadas por la comunidad forense en fuego. No se le dio la prioridad necesaria al peritaje de fuego, se dispuso de evidencia crítica (vegetación adyacente) sin el análisis necesario, la recolección de evidencia dejó de lado elementos críticos y necesarios, y la evidencia no se estructuro de manera adecuada.”
Torero advirtió que se necesitarían 30 mil 100 kg de madera o 13 mil 330 kilos de llanta para quemar 43 cuerpos en 60 horas.
De acuerdo a las conclusiones del perito, la cremación de 43 cuerpos generaría una llama de aproximadamente 7 metros “y la altura máxima del penacho de humo de aproximadamente 300 m. Y concluye que si bien la llama de 7m no se puede haber visto desde lejos, la columna de humo sí puede ser vista a gran distancia dadas las dimensiones del basurero que tiene una profundidad de 20m aproximadamente”.
Lo que se informa es delicadísimo al advertir que policías municipales, estatales, federales, así como miembros del ejército estaban al tanto de lo que ocurría en Iguala, “las fuerzas de seguridad de policía estatal, municipal y federal, además del ejército mexicano, cuentan con un sistema de coordinación conocido como C-4. Dicho sistema estuvo operativo la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Las diferentes comunicaciones a las que ha podido tener acceso el GIEI muestran que dichas informaciones eran escuchadas por las diferentes fuerzas de forma continua.”
En el texto se habla de la situación adversa a la que se enfrentaron los jóvenes, caracterizada por la impunidad y la colusión entre las propias autoridades, “Los escenarios de violencia de esa noche muestran un panorama de indefensión de las víctimas frente a los agresores. Ello no solo por el hecho de que se trataba de policía municipal, sino porque ninguna otra fuerza del Estado que estaba teniendo conocimiento de los hechos o estuvo presente en algunos escenarios cuando se producían y fue testigo del nivel de agresión y violaciones de derechos humanos, actuó en protección de los normalistas. Tampoco los mecanismos de protección o investigación del gobierno del Estado de Guerrero funcionaron para ello.”
El informe es demoledor para la vida pública de México, relata la doble tragedia que vive el país, no sólo la realidad de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes normalistas, en ese extremo acto de violencia criminal, sino también lo que rodea dichos actos. Durante estos sucesos hubo víctimas directas de diferentes violaciones de derechos humanos; más de 40 resultaron heridas, 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, cerca de 80 perseguidas, 30 sufrieron ataques contra su vida, 43 normalistas desaparecidos y al menos 700 familiares.
El contenido no sólo revela algunas de las condiciones de esa desaparición, nos habla también de una tragedia mayor que es la que hace posible que estos hechos tengan lugar: una tragedia política, que es en realidad una tragedia estructural; un gobierno capaz de recurrir al engaño, a la simulación para salir del paso de la irritación social frente a la eminencia de los tiempos electorales, un gobierno descalificado, ética, política y moralmente.
Luego de lo revelado el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propuso la integración de una Comisión Internacional contra la Impunidad a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) para nombrar un Fiscal Especial, de carácter internacional, que actúe dentro del marco jurídico mexicano para esclarecer este doloroso caso.
Solicitamos que se cite a comparecer al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y a la Titular de la PGR, Arely Gómez, ante el pleno del Senado para que informen las causas que llevaron al gobierno a dar por hecho que los 43 jóvenes desaparecidos habían sido calcinados.
Pedimos la conformación de una Comisión Especial en el Senado de la República, con participación ciudadana, para darle seguimiento a las recomendaciones del grupo de expertos y al rencauzamiento de esta averiguación.
Un informe como éste debe tener consecuencias políticas, de modo que el Senado y sus bancadas deben promover un juicio político y de responsabilidad penal contra el ex Procurador, Jesús Murillo Karam, para que no vuelva a suceder que un Procurador General de la República time a la nación de esta manera.
Desafortunadamente en el Senado no obtuvimos una respuesta a la altura de la circunstancia y Emilio Gamboa Patrón – dueño del Senado, sin contrapeso alguno – declaró que la Junta de Coordinación Política exhortará a la PGR a crear dos fiscalías especiales para el caso Iguala, una que se encargue de investigar los hechos y la otra de buscar a los estudiantes desaparecidos. Sobre la propuesta de un fiscal internacional expresó que sería inviable “porque sería perder soberanía”. Asimismo señaló que el PRI no avala que Chong y Gómez comparezcan fuera de la glosa del informe. Es absurdo que ante el ominoso hecho que tenemos en frente la clase política no tenga ni la sensibilidad, ni el interés de contribuir a saber qué es lo que ocurrió esa noche y a castigar a quienes hayan incurrido en esta pifia monumental.
Hoy, está claro, que el que mintió fue el Estado. La verdad histórica ha quedado en el ridículo de una pobre treta, una operación embustera para tratar de salvarle la cara a un gobierno desesperado ante el descrédito internacional por la tragedia que originalmente quiso eludir.
