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Bloque de consejeros priistas envenena vida del INE: Corral

Piden investigar aportaciones del alcalde de Torreón al PRI, dinero obtenido del descuento al salario de los trabajadores del Ayuntamiento.

Javier Corral,  Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE), se pronunció a favor de la queja del Consejero Roberto Ruiz Saldaña, quien denunció la falta de cumplimiento de un acuerdo tomado en la Mesa de Consejeros del INE en la que se acordó que después de transcurrido un año de la integración de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs), se renovarían los miembros de dicho órgano.

Al respecto, el chihuahuense señaló que el fondo de la queja de Ruiz Saldaña era precisamente la conformación de un bloque de 5 Consejeros identificados con el PRI, como denunciaron siete partidos integrantes del Consejero General del INE, quienes optaron por no asistir a las sesiones hasta que se cumpliera su demanda de restablecer la legalidad e imparcialidad de las decisiones del Instituto.

“Se dijo entonces en el primer pliego petitorio que la presencia de este bloque estaba envenenado la vida del INE, haciendo prevalecer una dinámica de grupos, […] en donde las dos grandes facciones del INE tenían que negociar”.

Corral advirtió que la consecuencia de mantener este bloque de Consejeros sería poner en entredicho la credibilidad e institucionalidad del INE, y envió un mensaje al gobierno de la República y a la dirigencia nacional del PRI para que hagan con responsabilidad a sus Consejeros.

Respecto a las reuniones de la Mesa de Consejeros, las cuales son en privado y no establece registro de los asuntos discutidos, el panista señaló que estos espacios de informalidad son necesarios para el funcionamiento de un órgano colegiado como el INE, pero dejó en claro que esos espacios no pueden sustituir al Consejo General.

Con 10 votos a favor del Proyecto de resolución y uno en contra de Ruiz Saldaña, el Consejo General aprobó el Proyecto de Resolución para mantener por 3 años la integración de la Comisión de OPLEs, como determina la ley.

En otro punto de la sesión, Corral exigió al Consejo General de esta autoridad electoral investigar el destino de las aportaciones que el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, realizó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), producto de la imposición de un descuento al salario de los empleados en la nómina del Ayuntamiento.

“Este alcalde impuso una cuota voluntaria a todos (los empleados del Ayuntamiento) de 3% […] cuyo destino es el PRI […] Es competencia de esta institución investigar si esos recursos se transfirieron a las campañas del PRI en el ámbito Federal”.

La Consejera Pamela San Martín exhibió las copias de recibos de los empleados del Ayuntamiento de Torreón donde queda exhibido el descuento de enero hasta la primera semana de noviembre de 2014, fecha en la que ya había comenzado electoral federal, por lo que Corral manifestó que el asunto era de total competencia del INE.

“Lo que ha hecho el presidente municipal es una extorción a sus subordinados […] es un absurdo comparar la aportación que hace un legislador federal a su partido que la que hace un empleado del departamento de limpieza del Ayuntamiento de Torreón”, quienes aportaban quincenalmente el 3.5% de su salario.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales en su artículo 11, fracción V, señala expresamente la prohibición para que los servidores públicos soliciten a sus subordinados cualquier aportación en dinero o especie para apoyar a un precandidatos, candidatos, partido político, coalición o agrupación política.

“Hay que sentar un precedente frente  una cultura tan arcaica […] y verdaderamente absurda. Además, el chihuahuense señaló que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, (FEPADE) también debe observar este asunto.

El Consejo General del INE aprobó por unanimidad regresar el proyecto de resolución a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para realizar una investigación más profunda y determinar si la conducta del alcalde de Torreón constituye una falta a la Ley Electoral.