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ONU: el Estado falló en la aplicación de protocolos para buscar a los normalistas

Enrique Méndez / La Jornada

– En el caso Iguala ocurrió una grave violación de derechos, dice representante a diputados

El representante adjunto en México del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, informó a la Cámara de Diputados que en las primeras 72 horas del asesinato y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, se configuraron los elementos suficientes para determinar su desaparición forzada, pero el Estado mexicano no aplicó los protocolos para su búsqueda.

Indicó que los protocolos internacionales -establecidos en los tratados que México ha suscrito- no fueron aplicados en la exhumación de los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas de Iguala, por lo que, cualquiera que sea el resultado de esa investigación, no será creíble.

Peña Palacios, informaron los legisladores con los que se entrevistó, aseguró que en el caso de Ayotzinapa ocurrió una grave violación de derechos humanos.

Durante una reunión privada, anoche, con la comisión especial de la Cámara de Dipuatdos que investiga el asesinato y desaparición de normalistas, explicó que para determinar la desaparición forzada se deben cumplir tres elementos: la privación de la libertad; que ésta ocurra a manos de una autoridad -y en este caso se presume la intervención de la policía municipal-, y la negación del paradero de las víctimas.

Los diputados federales explicaron que en el encuentro Peña Palacios refirió que estos tres elementos ya se habían cumplido en las primeras 72 horas de la desaparición de los 43 normalistas, y que la autoridad no actuó con celeridad.

Por qué no se actuó

Recomendó a la comisión investigar por qué el Ejército y la policía estatal no defendieron a los jóvenes, cuando en el centro de Iguala se encuentra el 27 batallón de infantería, y el gobierno de Ángel Aguirre supo de la agresión al momento en que ocurría.

El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano e integrante de la comisión especial, Ricardo Mejía, resaltó que la definición del relator adjunto contrasta con la conclusión que la semana pasada les presentó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien les habló de una privación ilegal de la libertad.

Señaló que al constituirse la figura de desaparición forzada, se trata de un delito de carácter federal, además de otros que se cometieron durante el asesinato de normalistas y civiles, con la participación de elementos del Estado mexicano, en este caso los policías de Iguala, que estaban bajo el mando del alcalde con licencia, José Luis Abarca.

Refirió que durante la reunión también se abordó la posible omisión del Ejército mexicano para evitar la agresión contra los jóvenes. Esto porque, explicó, los elementos del 27 batallón no respondieron al llamado de auxilio que hicieron algunos normalistas cuando eran perseguidos.

 

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