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La Comisión de Gobernación del Senado declaró improcedente la consulta popular suscrita por el PAN y el PRD, cuyo objetivo era preguntar sobre la emisión de una ley federal de remuneraciones y reducir 50 por ciento las que actualmente perciben los funcionarios públicos.
Sin embargo, este órgano legislativo acordó que el Senado de la República realice un exhorto a la Cámara de Diputados para que someta a discusión ante su pleno la minuta que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, enviada por los senadores el 8 de noviembre de 2011 y que se encuentra pendiente de aprobación.
En el dictamen aprobado se explica que los integrantes de la Comisión concluyeron que las remuneraciones de los servidores públicos son esencialmente parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, de tal manera que al estar contenidas en él son parte de los gastos efectuados por el Estado.
En ese sentido, precisaron que tanto la Constitución como la Ley Federal de Consulta Popular establecen que no podrán ser objeto de consulta popular los ingresos y gastos del Estado.
Aunado a ello, precisaron que resulta improcedente someter a consulta popular la materia de remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos, pues ese tema es obligación del Congreso de la Unión y tiene el mandato de regularlo.
Los senadores consideraron sin embargo que ante la improcedencia de la consulta, es necesario solicitar a la colegisladora que a la brevedad someta a discusión la minuta que le fue enviada por el Senado en 2011, que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Lo anterior, con el objetivo de cumplir con la obligación constitucional y atender la que es ya una demanda ciudadana, así como establecer claramente las reglas para la determinación de las remuneraciones de ese tipo de acuerdo con los límites, principios y bases establecidas en la Carta Magna.
Al respecto, el senador Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que los electores cuentan con un control democrático para cambiar la orientación financiera del Estado, pues con su voto pueden modificar la composición de las cámaras u optar por la alternancia, por lo que resulta innecesaria la consulta.
Para el también priista Omar Fayad Meneses existe “un camino más rápido” para alcanzar el objetivo de la consulta presentada y es exhortar a la colegisladora para que saque adelante la minuta, que para algunos se encuentra “congelada”.
En contra del dictamen, el senador panista Javier Corral Jurado manifestó que con esa decisión la Comisión se adelanta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su función exclusiva de indicar la constitucionalidad o no de las consultas populares.