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Buscan desde Senado erradicar moches

El Senador Javier Corral Jurado suscribió la iniciativa presentada por la Senadora Luisa María Calderón, la cual pretende evitar la corrupción y un manejo eficiente de los recursos federales destinados a estados y municipios, para así evitar asignaciones arbitrarias, conocidas coloquialmente como “moches”.

La propuesta establece reglas claras y metodología que eliminan la discrecionalidad en el caso de proyectos concretos, etiquetando desde el presupuesto tales proyectos a metas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales o regionales.

Con estas medidas se mejorará la eficiencia en el desempeño de las finanzas públicas y se logrará redistribuir los recursos de manera que se fomente la igualdad de oportunidades entre las diferentes regiones del país, sin que para ello medien consideraciones políticas.
Además, establece que las únicas vías para recibir recursos federales son las participaciones, aportaciones, y reasignaciones o subsidios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Dichos fondos serán por regla general concursables; es decir, deberán estar a disposición de cualquier estado o municipio que reúna los requisitos que establezcan los programas federales. Con este cambio se evita la participación directa de legisladores para asignar el gasto de manera voluntariosa.

La Ley define dos tipos de subsidios denominados fondos concursables y fondos para programas estratégicos. En el caso de los primeros, éstos estarán orientados a apoyar funciones municipales, y la Federación colocará estos recursos preferentemente en los fondos de participaciones o aportaciones distribuibles por fórmula; mientras los segundos permitirán la coinversión estatal o municipal, siempre y cuando se trate de un programa derivado de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de su respectivo programa regional o sectorial.

Las normatividades que se proponen modificar son la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de que la asignación de los recursos que nos ocupan cuente con lineamientos normativos que la regulen, le den transparencia y certeza jurídica, reduciendo al máximo la discrecionalidad en su aplicación y, por consiguiente, eviten la corrupción y/o el tráfico de influencias dentro del proceso presupuestal.

La iniciativa fue firmada también por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática GPPRD), así como por los Senadores panistas Mariana Gómez del Campo, Francisco López Brito, Daniel Ávila Ruíz, Alejandro Fernández Sánchez Navarro; además de Ernesto Ruffo Appel y Ernesto Cordero, quienes fueron proponentes junto con Luisa María Calderón.

Finalmente, se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos Segunda para su procesamiento.

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