Mañana 11 de diciembre las Comisiones Unidas de Estudios legislativos y de Justicia del Senado de la República discutirán y someterán a aprobación la Ley de Amnistía que fue presentada en tribuna el 26 de septiembre de este año.
El dictamen contempla una iniciativa que en su elaboración fue rigurosa para cuidar y salvaguardar los valores fundamentales de la sociedad que tutela el derecho penal, con el fin de que sólo se beneficie a las personas que han sido detenidas siendo autodefensas o policías comunitarias en el estado de Michoacán.
Esta ley tiene cuatro condiciones o medidas restrictivas para que no favorezca a verdaderos delincuentes o personas vinculadas con el narcotráfico o el secuestro entre otros delitos de alto impacto. En primer lugar, que los delitos federales cometidos no sean graves y hayan acaecido en el estado de Michoacán. En segundo lugar, que los delitos se hayan producido entre el 24 de febrero de 2013 y el 1 de septiembre, y los individuos fueran encarcelados entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre. En tercer lugar, que los encarcelados hayan pertenecido efectivamente a las autodefensas o policías comunitarias. Y en cuarto lugar, que hayan actuado así motivados por condiciones de indefensión y abandono por parte del Estado.
Esta ley reconoce que estas personas actuaron en legítima defensa para salvaguardar su patrimonio, su propia vida y la de sus familiares; tal como hizo el propio Presidente de la República cuando coadyuvaron para el arresto de capos de la organización delictiva Los Caballeros Templarios.
Serán amnistiadas las personas que, en el ejercicio de funciones de vigilancia y detención de criminales que asolan a la entidad, hayan sido señalados como responsables de alguna conducta delictiva, fundamentalmente las personas a las que se les acusa de portación de armas. La ley pretende resarcir el daño que se ha hecho a cientos de autodefensas que no tuvieron un debido proceso, detenciones arbitrarias y admite las razones que promovieron la aparición de grupos de defensa.
Esta ley no operaría cuando las autodefensas hayan afectado los derechos humanos.
Cabe recalcar que con anterioridad el Estado ya ha expedido leyes de amnistía como las de 1978 y 1994, con el fin de evitar mayor daño al tejido social, y de esta manera contribuir a su recomposición.