Documento revela la sumisión del Estado frente a televisoras
El senador Javier Corral adelantó su voto en contra del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, reglamentarias de la reforma constitucional en la materia, pues afirmó que los cambios realizados son cosméticos y prácticamente se trata del mismo documento que el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara Alta.
“El proyecto no confirma sólo la batalla ganada por las televisoras, confirma el fracaso del Estado para imponerse sobre los poderes fácticos, es un Estado fallido el que se descubre al leer las disposiciones que vuelven a otorgar a Televisa un arcón de regalos; la debilidad de una clase política que intentó enfrentar los monopolios mediáticos a través del consenso partidista en el Pacto por México, pero se dobló a la mitad de la jornada y no pudo consumar su valor en las leyes que concretan la voluntad, por ello votaré en contra de este dictamen en lo general y en lo particular”
El chihuahuense mencionó durante la reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos, y Radio Televisión y Cinematografía, que el aspecto más regresivo del proyecto gubernamental es la ausencia de medidas efectivas para generar una mayor competencia, pluralidad y diversidad de medios, “están ausentes los criterios y procedimientos para la desconcentración de frecuencias y reglas a la propiedad cruzada de medios”.
Contrario a lo establecido en el artículo 28 constitucional, el proyecto protege a Televisa, debido a la definición del concepto de preponderancia, es decir, el tamaño de la concentración que un agente económico tiene en un determinado mercado; al ser definido por sectores y no por servicios.
Aún así, de declarase preponderante por el criterio de servicios, a causa de la laxitud de las medidas de regulación que contiene el dictamen la televisora de Emilio Azcarraga no se vería afectada.
Esta pretensión tiene el propósito de proteger claramente a Televisa para dejarla libre de regulación en la televisión de paga, donde tiene más de 72 por ciento de suscriptores, sumada la televisión satelital y por cable. Por si fuera poco, el artículo noveno transitorio es un salvoconducto para que la televisora pueda seguir adquiriendo sistemas de televisión de paga a través de sistemas de televisión por cable, lo que se ha llamado coloquialmente “la cláusula Cablecom”.
“Ya lo sabemos, el gobierno y Televisa quieren que haya un solo preponderante por sector, uno para telecomunicaciones y uno para radiodifusión, el sector de las telecomunicaciones es en realidad un conjunto de servicios que son operados por distintos agentes, telefonía fija, móvil, internet y televisión de paga; en radiodifusión, radio y televisión abierta”.
Corral señaló que la gran ausencia del proyecto gubernamental es la falta de un capítulo específico para los medios públicos, que desarrolle de manera amplia y precisa los principios constitucionales establecidos en el artículo 10 transitorio del decreto, el cual establece que deben contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas.
“Lo que fue pensado en el artículo 6 de la Constitución para hacer un sistema público de radiodifusión, para desplegar y operar al menos una cadena pública de televisión y una de radio, ambas con cobertura en todo el territorio nacional a la par de países del mundo democrático, está a punto de convertirse en un nuevo instrumento oficial del gobierno para desplegar sus afanes propagandísticos y de control informativo. Se le pone bajo el control del Ejecutivo federal, la dirección, gestión y operación de este importante organismo”.
El proyecto de dictamen fue aprobado por 25 votos a favor y 5 en contra. Las reservas realizadas se discutirán en el Pleno del Senado cuando la Comisión Permanente solicite un periodo extraordinario para procesar el documento.