Javier Corral Jurado
El Universal
Además de estar reculando en las leyes secundarias, de las reformas constitucionales que tanto ha presumido en México y en el exterior, el presidente Enrique Peña Nieto está demostrando más rápido de lo que imaginábamos de qué tamaño será la regresión autoritaria en el ejercicio del Poder Ejecutivo y cuan lejos quedará aquel ofrecimiento de una “Presidencia democrática”. A la cada vez más ostensible operación para el control de medios de comunicación, ha seguido una intromisión indebida en el funcionamiento del Congreso que vuelve a amenazar la división de poderes, uno de los que podríamos calificar como frutos de nuestra transición democrática.
El Congreso de la Unión está sometido a una dinámica injerencista, de apresuramiento y saturación absolutamente indigna. Con la ayuda de algunos legisladores de la “oposición domesticada”, como los definiera Cuauhtémoc Cárdenas, se ha dispuesto un calendario de trabajo bajo el cronómetro del Presidente de la República. Ni cuando el régimen de partido único tenía control absoluto de las cámaras se trataba así a los diputados o senadores. Los legisladores priístas han vuelto a un penoso sometimiento, ni la creatividad correctora en favor del gobierno les es permitida; están suplantados por el Consejero Jurídico del Presidente. El senador Omar Fayad resumió con servilismo insuperable la nueva fórmula: “El gobierno no tiene por qué venir a defender la iniciativa de telecomunicaciones, para eso nos tiene a nosotros, que representamos al señor Presidente de la República”.
Además, nos encontramos con un maquiavelismo refinado que conspira enviando una avalancha de iniciativas importantes para que salgan en cosa de semanas. Se traslapan las citas de comisiones dictaminadoras, se atropellan las reglas del Congreso para darle paso a convocatorias inmediatas, reuniones sin quórum, procedimientos urgentes y rápidos. Un plan para que el cansancio, la confusión y la impotencia hagan de las suyas entre los grupos parlamentarios. La vida parlamentaria requiere de un gran debate social, un tiempo de estudio de los temas, luego la deliberación con especialistas, grupos organizados, con otras fuerzas políticas y también con las autoridades competentes y los eventuales sujetos regulados. Pero ahora se quieren sacar leyes casi por generación espontánea.
En medio de un proceso tan importante como el convocado para seleccionar a los comisionados del nuevo IFAI, se empezó la discusión de la minuta de ley secundaria en materia de competencia económica y se abrió una mesa de negociación para procesar las iniciativas que se presentaron en materia político-electoral, de la que surgió un preocupante proyecto que también pretende burlar la reforma constitucional. A la par se puso en marcha el proceso de dictamen de la iniciativa Peña-Televisa en Telecomunicaciones, y se ha anunciado un alud de iniciativas después de Semana Santa para reglamentar la reforma energética. El análisis requerido es imposible se pueda dar en semanas.
La Ley de Competencia económica pretende aprobarse haciendo a un lado el correlato que le guarda con la de Telecomunicaciones, porque aun cuando el IFT fue dotado en forma exclusiva de las facultades en materia de competencia para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, las ejercerá conforme lo establecido en el artículo 28 de la Constitución y las que “las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica”.
La reforma político-electoral requiere de un análisis muy cuidadoso. Se trata de las reglas que ordenan la disputa del poder en nuestro país y no deben dar pie, con ambigüedades o indefiniciones, a aumentar la litigiosidad de nuestros procesos electorales. Esa legislación necesita traducir con toda fidelidad el modelo electoral planteado en la Constitución, y que se concreta en una autoridad electoral nacional. Las prisas y la sobrecarga de trabajo no pueden ser la dinámica del Congreso. Ahí no sólo se cometen errores, sino que se aprovechan los intereses creados para conseguir normas a su medida. Esa dinámica debe ser rechazada por los legisladores que tienen respeto por la representación que ostentan. Hay que eliminar la lógica de la saturación que busca que los efectos perniciosos de la Ley pasen pronto.
El Congreso ha de orear el debate. La discusión parlamentaria es útil cuando la sociedad la hace suya. Cuando en los periódicos y en los cafés se discute lo bueno o peligroso de una ley, los sindicatos u otros gremios analizan y toman su posición frente a determinado proyecto. Por más que le disguste al presidencialismo autoritario que se reinstala.