En 2011 el Congreso de la Unión aprobó cambios constitucionales de enorme trascendencia en materia de participación ciudadana, dentro de lo que entonces también se denominó Reforma Política. Se incorporó el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes en el artículo 71 y el de participar en las consultas populares en el artículo 35 de la Constitución. Dos instrumentos concebidos para dar cauce a la opinión ciudadana en la construcción del orden legal, y para manifestar su acuerdo o desacuerdo con decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo federales en asuntos de trascendencia nacional. Aunque con umbrales altos para ejercerlo, en términos del porcentaje requerido de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, los dos derechos inscritos en la Constitución contienen los elementos esenciales que se observan en el mundo democrático.
La presencia de la democracia directa y la indirecta es una búsqueda de legitimidad. Es apelar al votante en momentos de definiciones importantes. Lo hizo Chile en el regreso de la Democracia. Sucedió en Canadá en la década de los noventas. El gobierno socialista de Felipe González convocó a España a decidir sobre su integración a la OTAN, y hoy mismo quieren zanjar el independentismo Catalán en elecciones plebiscitaria.
Sucedió en Europa para incorporarse a la Comunidad donde hubo referéndums para decir sí o no ratificar el tratado de Maastricht o al aceptar al euro como moneda en los distintos países.
En Brasil en su regreso a la Democracia se planteó si querían ser República o Monarquía.
Las Democracias modernas han integrado estos mecanismos como una forma de fortalecerse, y han facilitado el ejercicio del derecho a la consulta ciudadana. La nuestra, no puede ser una democracia titubeante en dar este paso fundamental.
Ese fue el espíritu de la modificación constitucional al artículo 35, en su fracción VIII, tan es así que en la exposición de motivos se dice que “se crearon una serie de dispositivos que pretenden darle mayor vigor al régimen político, favorecer su legitimidad y fortalecer la articulación de los poderes públicos con el ciudadano. …Las sociedades complejas requieren incorporar instrumentos que garanticen no solo la viabilidad del orden sino también vigorizar el consenso social, es decir, que el régimen se sostenga no solo por la vía de la legalidad formal, sino que goce de amplios niveles de legitimidad, lo cual se expresa a través del consentimiento de la Sociedad hacía sus gobernantes respecto de su actuación y desempeño públicos.”
Los conceptos anteriores son ciertos pero eso la ley sobre Consulta Ciudadana no puede olvidar el soporte político, filosófico democrático que se contiene en las figuras de la democracia semi directa introducidas en la Reforma de agosto de 2012.
La legislación secundaria tiene un deber moral, ser congruente y facilitar que se produzcan estas expresiones de democracia directa. No debemos poner aldabas a las puertas que nos articulan con la sociedad en asuntos de interés de ella.
Se ha ofrecido modificar la minuta para hacer una corrección importante, que en lo personal, a mi me permite, votar a favor en lo general del dictamen. Por eso no puedo dejar de reconocer el esfuerzo que hemos hecho para eliminar las restricciones principales que contenía la minuta en sus artículos 5, 6, 21 y 30 y que contradecían al texto constitucional. No estamos ante la legislación secundaria óptima en el tema, mucho menos ideal, pero trasladar la redacción del artículo 35 de la Constitución en sus términos, como derecho de los ciudadanos a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, permitirá la consulta sobre reformas constitucionales. Es ineluctable que en el orden jurídico, los temas de mayor trascendencia, se localizan en la constitución.
Entonces no tuve ninguna duda del alcance de la consulta popular sobre Reformas constitucionales, puesto que el legislador estableció con toda claridad las excepciones objeto de consulta de la propia Constitución, en un listado no enunciativo, sino limitativo. Ahora tenemos en la legislación secundaria los términos textuales de la Constitución tanto en el objeto de la consulta, como sus excepciones. El artículo 11 de la minuta traslada de manera textual el numeral 3 de la fracción VIII del artículo 35.
Y como lo prevé la Constitución, la SCJN determinará en todos los casos, la trascendencia nacional, y la constitucionalidad de la materia.
En los clásicos de la Historia del Derecho, en las Etimologías, se dice que una Ley para ser tal debe ser capaz de poder cumplirse. Estamos obligados a facilitar el ejercicio del derecho y dar voz a los promoventes en los tiempos del Estado en radio y televisión. Debemos honrar el espíritu de las instituciones que conseguimos en el catálogo de Derechos. Presentaré varias reservas en este sentido.
Se ha dicho que nuestra Constitución no se puede reformar mas que por el Congreso de la Unión, y bajo el procedimiento previsto en el artículo 135 que constituye eso que se denomina el poder reformador de la Constitución. Y así es, sólo el Congreso puede reformarla, pero la Constitución cambió en el 2011 y eso es lo que debemos reconocer, que esas reformas podrán estar sujetas ahora – salvo las excepciones -, a un referéndum facultativo de carácter popular, como derecho ciudadano a expresar su acuerdo o desacuerdo con los actos legislativos del Parlamento. Sostener lo contrario es sellar la Constitución para el pueblo, en quien reside esencial y originariamente la soberanía nacional. De él dimana el poder, y para su beneficio se instituye.