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La popular hipocresía

Javier Corral Jurado

El Universal

En 2011 el Congreso de la Unión aprobó cambios constitucionales de enorme trascendencia en materia de participación ciudadana, dentro de lo que entonces también se denominó Reforma Política. Se incorporó el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes en el artículo 71 y el de participar en las consultas populares en el artículo 35 de la Constitución. Dos instrumentos concebidos para dar cauce a la opinión ciudadana en la construcción del orden legal, y para manifestar su acuerdo o desacuerdo con decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales en asuntos de trascendencia nacional. Aunque con umbrales altos para ejercerlo, en términos del porcentaje requerido de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, los dos derechos inscritos en la Constitución contienen los elementos esenciales que se observan en el mundo democrático.

No obstante que se habían acumulado decenas de iniciativas de todos los partidos sobre estos temas, el trámite legislativo detonador, justo es reconocerlo, lo inició el presidente Felipe Calderón en el último tramo de su gobierno. Pero el impulso mediático, esencialmente en redes digitales, lo acicateó un reducido pero sonoro grupo de jóvenes agrupados en el colectivo #ReformaPolíticaYa. Enfrentaron con ingenio y tesón twittero la resistencia priísta que sucumbió al alud de hashtags y retuits.

Al paso de casi tres años de las reformas constitucionales, el Senado discutió en comisiones y aprobó la semana pasada una minuta de Ley Federal de Consulta Popular, que reglamenta la materia; y está pendiente de su revisión final un proyecto de dictamen sobre la iniciativa ciudadana y la iniciativa preferente.

Como ya está siendo costumbre, las propuestas de legislación secundaria proponen disminuir o diluir los principios constitucionales en lugar de ensancharlos, fortalecerlos y protegerlos; ambos dictámenes proponen en el fondo complicar las cosas, reducir los alcances, poner trabas, incrementar requisitos, negarles instrumentos de difusión. O sea, en realidad no se quiere.

La minuta en materia de consulta popular comete un gran error: por cerrarle el paso a la exigencia de consulta popular en materia energética, se lo está cerrando al conjunto de las reformas venideras en este rango fundamental de nuestra pirámide jurídica. ¿Puede haber una materia legislativa de más trascendencia nacional que una reforma a la Constitución per se? Es imbatible el alcance de la consulta popular hacia las reformas constitucionales planteado en el artículo 35 y en la exposición de motivos del decreto, pues ahí mismo están plasmadas las excepciones constitucionales, las partes de la Constitución que no pueden ser objeto de consulta, en contrario sensu, todas las demás que sí pueden ser consultadas. Se inscribe además una inexplicable restricción, el que los ciudadanos no puedan suscribir más de una solicitud de consulta popular.

En el proyecto de dictamen sobre Iniciativa Ciudadana, plazos muy cortos -dos días- para subsanar errores o inconsistencias detectadas de la validación de firmas. Negativa a que los representantes de los ciudadanos concurran a la discusión de la iniciativa en las comisiones de dictamen. Trámite ordinario para desahogar en comisiones el dictamen.

Es el reflujo de un discurso con el que la clase política se llena la boca, pero que en realidad no se lo come, no lo traga bien, pues en cuanto puede se devuelve, se regresa a su verdadera postura: creer que las figuras de la participación ciudadana “abollan” el sistema de representación popular, “debilitan” al poder público, o lo que es peor, “son los instrumentos de presión de grupos empresariales, sindicales o políticos, disfrazados de falsa ciudadanía”.

Ante el creciente desprestigio del sistema de partidos y la enquistada mala imagen de los legisladores, se asumió el discurso de las figuras de participación ciudadana y las candidaturas independientes. Pero cuando se trata de concretarlos, aparecen las inconsistencias. Hay quienes incluso hacen campaña con estos temas, porque eso viste, prestigia, pero a la hora de las definiciones que la hacen posible, se decantan por la disciplina partidista en nombre de la “unidad”. Eso se puede dar, paradójicamente, por la indiferencia casi generalizada con el que estos temas son vistos.

Hay que decir las cosas como son: en los temas de participación ciudadana hay posiciones, posturas y poses. Las que se decantan en convicciones y principios democráticos que ven a la participación directa como una manera de reforzar las decisiones del Estado; las que abiertamente la resisten como forma de escrutinio o la conciben como pérdida de poder, y las que sin conocimiento profundo de sus consecuencias se enredan en el discurso, pero a la hora de las decisiones fundamentales no sólo son vencidas por la ignorancia, sino por la simulación de no jugar ningún riesgo entre la clase política de la que forman parte. Sí, el discurso es muy popular, pero a la hora que legislan, enseñan la hipocresía.

 

 

 

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