Written by • Rotafolio

Acusación y Licencia en el caso de Iris Vianney

Javier Corral Jurado

La Silla Rota

La polémica ha secuestrado a Iris Vianney Mendoza, Senadora perredista por Michoacán. De la tarea esencial a la que está llamada por mandato constitucional, la joven legisladora ha tenido que dedicarse las dos últimas semanas a defenderse y salir a responder, aclarar, negar, precisar. Ha pedido derecho de réplica y también licencia al Senado de la República.

Se agitan en torno de la Senadora Mendoza una crítica despiadada y acusaciones muy delicadas que la vinculan con el grupo criminal de los caballeros templarios en su entidad natal; no hay hasta ahora un elemento objetivo, comprobable, que pudiera dar sustento a una imputación penal, pero en cambio, tanto en las redes sociales como en el enfoque y despliegue informativo de algunos medios, ella está sentenciada, y por lo tanto en la percepción de la opinión pública ya es templaria.

Catapultó esa impresión, los graves dichos – de carácter interpretativo – que el pasado 5 de febrero, en entrevista con Carmen Aristegui realizó José Manuel Mireles, principal líder de los grupos de autodefensa de Michoacán, así como el vocero de estos grupos. Médico de profesión, que hasta antes de su rol por la seguridad de las comunidades, se desempeñaba en el hospital público del municipio y atendía a pacientes en su consultorio particular, Mireles se convirtió en un referente de valor civil y una voz sonora, por lo que sus dichos tuvieron fuerte impacto en la imagen de la Senadora.

En el programa de radio, señaló: “Mira Carmen, te voy a decir como me decía mi abuelo: ‘si ves un animal saltando en el jardín de tu casa que tiene orejas de conejo, que tiene cola de conejo, que tiene patas de conejo, ¿qué es?'”.

A lo que Aristegui respondió: “¿Un Templario?”. Mireles dijo: “Nada más, ¿pa qué le buscamos más?”.

Así, bajo esa construcción especulativa con método de cunicultor, el líder de las autodefensas acusó que la Senadora Mendoza: “Tiene mucha relación y mucho contacto con el crimen organizado también… ya te los llevó al Senado de la República, ¿para que anda diciendo que no los conocía sí es gente con la que ha convivido toda su vida?”.

En la misma emisión, al momento en que Mireles lanzaba su acusación, la Senadora llamó para que se le permitiera increparlo directamente y desmentirlo, pero éste no quiso. Mas tarde Carmen Aristegui dio entrada en otro segmento a Iris Vianney: “Quería decirle al doctor que está equivocado, miente, es un mentiroso, y detrás de él hay gente que está haciendo política”, aseveró.

Y en efecto, así parece. La profusa circulación en redes sociales desde el pasado 2 de febrero de una foto en la que la Senadora Mendoza aparece bailando en la tarima de una fiesta, junto a Melissa Plancarte, hija de Enrique Kike Plancarte, uno de los líderes del cártel de los Caballeros Templarios, tiene mucho más el tinte de una campaña de desprestigio y golpeteo político que la denuncia de una conducta delictuosa. La intención de presentarla por ello, como participante de una “narcofiesta”, quedó asentado desde el primer momento.

Mediante comunicado la legisladora afirmó que la fotografía era parte de una campaña calumniosa en su contra, que era patrocinada por actores políticos del Estado de Michoacán, misma que “hoy pone en riesgo no sólo mí integridad y la de mí familia, sino también mí vida”.

Iris Vianney explicó que la fotografía corresponde a un evento al que fue invitada y que “en modo alguno yo no organicé; ello ocurrió en el año 2011 con motivo del cumpleaños de un estilista quien es mi amigo personal y a dicha celebraciónn asisto año con año en compañía de mi familia como cientos de hombres y mujeres de diferentes sectores sociales y partidos políticos.” Negó pues que la fotografía fuera de una “narco-fiesta”, “fue de un particular con nombre y rostro”, señaló. Más adelante revelaría que se trató de una fiesta de su estilista y amigo Roberto Arreola.

“Niego por tanto cualquier vínculo que hoy de forma calumniosa pretendan sembrar entre la sociedad y la opinión pública con cualquier grupo criminal, trátese de quien se trate.”

La Senadora se desenvuelve en un estado cuyo ambiente social y político está ampliamente contaminado e infiltrado por el crimen organizado, y aun más, donde esa acción criminal tiene cierto apoyo social. Las entrevistas que algunos medios de comunicación extranjeros han realizado a La Tuta, jefe de los templarios, contienen imágenes de un gran desplazamiento público de este delincuente que camina orondo por calles y plazas de su estado, repartiendo billetes de un montón que se faja como su segunda pistola al pantalón. Porque La Tuta, dispara dólares y balas.

Las relaciones personales y sociales están contaminadas de esa acción perversa. Por supuesto que en un ambiente así, los cuidados y rigores de la relación personal han de extremarse. Mucho más en quienes nos desempeñamos en el ámbito de la política o ejercemos responsabilidades públicas. Si ya de por si, las relaciones políticas personales están trastocadas al interior de los mismos partidos de manera sorprendente por la simulación, la traición, mentiras y dobleces, con mayor razón ahí donde el narcotráfico ha extendido sus garras. La política usa aquellas armas, y la delincuencia organizada de las que matan.

Sin embargo ese ambiente, no incrimina por si mismo. Tal supuesto equivaldría a pedirle a quien nos invita a una fiesta, la lista de sus invitados para cerciorarnos con quien vamos a compartir.

Para encarar las acusaciones, el pasado 6 de febrero Iris Vianey Mendoza presentó un punto de acuerdo mediante el que solicitó que el Senado presente una solicitud formal a la PGR para que se investigue su caso, así como para la creación de una Comisión Especial Investigadora que ejerza sus facultades para investigar los señalamientos hechos a su persona. En su intervención en el pleno se refirió a Mireles: “Me parece extremadamente grave e irresponsable lanzar una calumnia y no tener el valor quien porta una metralleta en la mano, de negarse a debatir con una mujer sus aseveraciones, ¿en qué puedo dañarlo yo o lastimarlo, yo que no tengo una arma en la mano? Sólo defiendo mi nombre, mi integridad, mi honor, mi vida partidaria al lado de las mejores causas sociales, y así mismo la integridad de mi familia.”

En su intervención la legisladora perredista anunció la separación de su cargo mediante una licencia de 30 días, “para que se investigue y no se diga que me amparo bajo el fuero constitucional.” El objetivo de su punto de acuerdo, dijo, es que “un poder fundamental no debe dejar que se instale una especie de velo, de duda o de sospecha respecto de sus miembros; no podemos permitir que se instale la duda de que algunos de los miembros de este pleno, de esta asamblea, pertenece o tiene nexos con el crimen organizado.”

Sin salir del ojo del huracán, tras su solicitud de licencia, se levantó otro flanco polémico. Este sobre los efectos reales de la separación temporal del cargo de Senadora en relación con la suspensión del fuero constitucional. El tema es importante, no sólo por la actitud que representa de su parte, ponerse a disposición del ministerio público para que se le investigue, sino porque vuelve la mirada sobre un asunto que en nuestro país debiera ser arreglado de manera clara y definitiva, y también porque sienta un precedente obligado para otros legisladores. Sigue esperando en el Senado de la República la minuta enviada por la Cámara de Diputados, el 12 de marzo de 2013, que reforma los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución, en materia de inmunidad de servidores públicos, devuelto con modificaciones. La solicitud de licencia de la Senadora Mendoza, impulsa esa discusión, sobre todo si la enmarcamos en lo dispuesto por el artículo 112 de la Constitución, ” no se requerira? declaración de procedencia (desafuero) cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículolo 111 (diputados, senadores) cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo”.

Ha habido una evolución en el significado del fuero constitucional, y en la interpretación de los efectos de solicitar licencia. Se alza una disputa entre la doctrina y la jurisprudencia. La primera sostiene que el fuero es una protección constitucional que se da a la función y no a la persona, esto es, para el ejercicio del cargo. “Así, al conceder una licencia a un legislador, éste deja de ejercer tal función, llamándose en consecuencia a su suplente, quien asume al rendir la protesta respectiva, el carácter de diputado o senador, revistiendo a esa persona de la inmunidad referida”.

Elisur Arteaga Nava, expone así la vigencia del fuero constitucional: “habrá privilegio si hay función, cuando ésta cesa por haber vencido el periodo legal, por destitución, renuncia o licencia, no hay privilegio”. Felipe Tena Ramírez piensa igual, considera que: “…el fuero se instituye para proteger la función. Retirado de ésta por virtud de la licencia, el funcionario abandona concomitante y simultáneamente el fuero hasta el momento en que por haber cesado la licencia regresa a la función”.

Sin embargo, en contraposición a esas opiniones, se han producido por la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, varias tesis, en diferentes épocas, en las que se afirma que la licencia temporal no suspende el fuero constitucional, como la que me ha enviado mi amigo y compañero, el Licenciado Sergio Madero (Tesis: IX.2o.19 P Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 190309; 3 de 9 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XIII, Febrero de 2001 pag. 1761, Tesis Aislada Penal). De esta manera, la garantía de impunidad parlamentaria e inmunidad procesal que concede a los legisladores el artículo 61 de la Constitución, solo se extinguiría con la conclusión legal del cargo o con el “desafuero”.

 

 

↑