Javier Corral Jurado
El Universal
Desde distintos ámbitos y por fuentes confiables se afirma que la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones, viene mal. Que no honra el espíritu de la reforma constitucional, e incumple los acuerdos del pacto. Se asegura que no es el proyecto que preparó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino el que lograron confeccionar en la última aduana de revisión, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y el jefe de la oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, con el propósito de reestablecer la alianza político-mercantil entre Televisa y el Presidente Peña Nieto. Dando por supuesto que ésta se había desarticulado.
Jenaro Villamil, reportero de proceso, ha revelado esta semana un encuentro entre los principales directivos de Televisa y el Presidente de la República, celebrado presumiblemente el 2 de enero de 2014, en Valle de Bravo (por el rumbo de la exhacienda Casas Viejas), en el que Peña Nieto les inauguró un campo de golf y donde, como ha sido costumbre, la televisora cita a gobernadores, legisladores, políticos, presidentes y candidatos para plantear sus exigencias. Asegura Villamil que esta ocasión no fue la excepción, sino que además de aperturar los 18 hoyos del campo, “también renovó el compromiso y las relaciones con la principal empresa de comunicaciones en México, y en ésta se cabildearon asuntos esenciales de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, cuya iniciativa oficial se conocerá en los primeros días de febrero”.
Aunque no conozco el contenido de la iniciativa que presentará el Ejecutivo al Congreso, lo cual me impide una valoración objetiva, debo señalar que es altamente probable que ese proyecto venga decantado favorablemente al duopolio de la televisión, y le sea desfavorable al monopolio en telefonía. La asimetría de las medidas procompetencia y sus plazos a los principales agentes de cada sector, las definiciones precisas para determinar la preponderancia en telecomunicaciones, en contraste con la ausencia de criterios y definiciones para determinarla en el sector de la radiodifusión, vienen desde la reforma constitucional.
En medio del reconocimiento que al conjunto de su contenido formulé en todas mis intervenciones, el tema de la preponderancia y la manera en que se cuidó a la televisión en otros rubros con obligaciones ambiguas y conceptos abstractos, fue mi principal crítica. Consta en el diario de los debates mi intervención a favor en lo general, y todas las reservas que presenté en lo partícular.
Conocí las múltiples versiones del proyecto de iniciativa constitucional – pues participé en su elaboración -, luego comprobé la distancia que tomó la versión final con relación a su inmediata anterior. Porque las negociaciones no fueron entre demócratas de la oposición con los del gobierno, o entre reformadores de largo o de mediano plazo; fue un ejercicio de la oposición formada por PRD y PAN contra el gobierno. Porque el gobierno entonces, como lo buscará hacer ahora, pujó por la Televisión, cuidó, defendió, resistió hasta donde le fue permitido, los intereses de Televisa; no así de Tv Azteca, y mucho menos de Teléfonos de Mexico, a quien el principal negociador del Ejecutivo le agregó una especie de revancha personal. El mismo Pacto por México, a muy temprana hora, estuvo a punto de liquidarse por la resistencia del gobierno, en representación de Televisa, de incorporar en la reforma constitucional la principal medida de competencia en el sector de la televisión, lo que conocemos como Must Carry / Must Offer, y que no es otra cosa que el derecho de retransmisión gratuita de las señales abiertas en los sistemas restringidos de Televisión, y su correspondiente obligación para éstos de una retransmisión íntegra y simultánea.
Por eso señalo que no es improbable que se atrevan a presentar un proyecto que, incluso, disminuya, diluya o trate de burlar lo inscrito en la Constitución y en el largo articulado transitorio que se acordó; ese puede ser el saque del gobierno para quedar bien con las televisoras, ahora que ya no hay pacto que la discuta y revise antes de presentarla en las cámaras, y dejar la batalla de sus contenidos finales a la lucha entre los cabilderos de las empresas y los legisladores. Si embargo, si así fuere, no serán pocas las consecuencias para el gobierno y su partido, no sólo en la agenda de reformas constitucionales y secundarias pendientes, sino frente al mundo, los organismos internacionales y los inversionistas, a quienes se les ha presentado como oferta del sexenio que empieza su talante antimonopólico. Si la terminación del pacto, liquidó el consenso de los tres principales partidos, el incumplimiento de la reforma constitucional en telecomunicaciones pondría fin a una política de cooperación que también ha dado réditos al actual gobierno en el exterior.
En este contexto cobra relevancia lo sucedido en el alcazar del Castillo de Chapultepec el fin de semana pasado, con motivo de la promulgación de la reforma político-electoral. El Presidente de la República anunció que la iniciativa de telecomunicaciones no se presentaría con carácter preferente, lo cual libera al Congreso de la camisa de fuerza de discutirla y votarla en treinta días; una decisión derivada de la preocupación de los mismos partidos por los contenidos que ya se adelantan. La misma corrección anunciada por Peña Nieto en el tema de regresar al artículo 41 de la Constitución la palabra “adquirir” por la de “comprar” que incrustaron las televisoras en la causal de nulidad electoral por cobertura informativa, ha pasado en una cuantas horas de representar un significativo mensaje de reafirmación estatal, a un mensaje equilibrador frente a lo que planean concederles en el paquete más importante.
El Presidente del PAN, Gustavo Madero, alertó durante su discurso en aquella ceremonia de los riesgos de las reformas secundarias, la resistencia de los poderes fácticos, la manera en que reciclan sus lealtades, y dijo: “como en ninguna época de mexico, un Presidente de la Republica ha tenido tanta disposición y cooperación de la oposición, como el Presidente Peña Nieto. Lo cual lo obliga a honrar su palabra y el espíritu de la reformas constitucionales en las leyes secundarias que están por venir”. Esa es la pregunta: ¿Honrará Peña Nieto su palabra?