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Voto particular: Reforma Político-Electoral

He pedido a la Mesa Directiva de la Cámara de los Senadores que se inscriba íntegro el voto particular que he presentado con relación al dictamen de las Comisiones Unidas.

Yo esta tarde que se aprobó en las Comisiones Unidas este dictamen de reforma político-electoral he diferido del sentido del dictamen por no estar de acuerdo en los términos en que éste se remitió por parte de la Colegisladora.

Particularmente en un concepto que me resulta muy preocupante y que en términos reales hace nugatorio uno de los principales instrumentos que habíamos llevado a la Constitución en materia de causales de nulidad.

Tal y como incluso fue pactado el 2 de diciembre por el Presidente de la República y los líderes nacionales de los partidos.

Como ustedes saben, el Senado de la República aprobó el pasado 4 de diciembre esta reforma e incorporó tres conceptos de nulidad en materia electoral. Uno de ellos fue el de adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la Ley.

Sin embargo la Cámara de los Diputados sin alguna discusión que justificara la modificación se sustituyó el término adquiera por comprar en la causal de nulidad referida.

En relación con lo anterior debo recordar a esta soberanía que el segundo párrafo del apartado A de la base tercera de la Constitución, establece que los partidos políticos, y ahora hemos incorporado en la reforma los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Es decir a partir de la reforma constitucional de 2007 se estableció una prohibición absoluta a los partidos políticos de contratar o adquirir tiempos en radio y televisión.

Ello a fin de evitar la ingerencia del dinero y de poderes ajenos al estado en las elecciones así como para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía a partir del ejercicio libre de la labor periodística.

En relación con lo anterior hago notar que según los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la expresión “contratar” corresponde al lenguaje técnico-jurídico e implica un acuerdo de voluntades, mientras que la palabra adquirir se utiliza predominantemente en el lenguaje común con el significado de allegarse cosas, tener cosas, buenas o malas, como un hábito, fama, honores, influencia sobre alguien, vicios, enfermedades.

Dicho de otro modo, para que la autoridad acredite la contratación resulta necesario contar con un documento escrito, un contrato para evidenciar el acuerdo de voluntades entre el comunicador, el medio de comunicación y el partido o candidato, mientras que la adquisición se actualiza con la existencia objetiva de elemento que permitan a la autoridad presumir la existencia de una cobertura en radio y televisión que ocurrió al margen de la Ley y del ejercicio de la libre labor periodística.

Señalo, la experiencia electoral a partir de la reforma constitucional referida permite afirmar que, como regla general la figura de la compra no se da, porque los distintos actores no celebran contratos escritos para violar la Constitución.

De esta forma, únicamente a través de la figura de la adquisición ha sido posible establecer sanciones por violaciones constitucionales derivadas de esta causa al acreditarse con elementos claros y objetivos un ejercicio de simulación o de fraude a la Ley.

De esta forma, al aprobarse en el Senado la modificación formulada por la Cámara de Diputados la nulidad de elección sólo se podrá actualizar cuando se acredite de manera objetiva y material una violación grave, dolosa y determinante por la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo supuestos previstos en al Ley.

Ante este cambio para estar en posibilidad de anular una elección por esta causal, la autoridad estará obligada a contar con contratos que acrediten la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, cuestión que, como se ha señalado no ocurrirá, puesto que la experiencia ha demostrado que las acciones que se realizan para violar la Constitución no se documentan por escrito.

Aquí está en este tema, ni más ni menos que la base sobre la que se realiza el mercado negro de la información.

Esta forma con la que exfolian los medios de comunicación a candidatos de todos los partidos, porque todos sabemos que se ofertan las entrevistas, que se buscan que se paguen los espacios de cobertura informativa, pero por debajo de la mesa.

Para hacer efectiva la implementación de la reforma constitucional que se propone va a resultar necesario establecer a partir de la ponderación de los diferentes valores y principios involucrados que en ejercicio de la labor periodística de información se atiendan a ciertas limitaciones tendientes a evitar que a través de un supuesto trabajo de información se cometan fraudes a la Ley Electoral o simulaciones consistentes en la adquisición indebida de espacios de propaganda electoral en los programas de radio y televisión.

No es aceptable la incorporación de un requisito adicional, que como ya lo he señalado, nunca se va a cumplir.

Nos están haciendo de agua en menos de 72 horas uno de los compromisos que se habían adquirido en la reforma política.

Ya se aprobó la reforma energética y todavía no termina de aprobarse al reforma política, pero todavía no se termina de aprobar y ya nos han escamoteado uno de los principales ejes que buscamos contuviera la Constitución para tratar de emparejar el terreno de la competencia electoral.

Termino, este tema tiene relación fundamental con otra reforma que nosotros hicimos.
Nosotros producimos la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión. Ahí evidenciamos la existencia de ejercicios de simulación que afectan la libertad de expresión al incluirse con motivo de la misma prohibición de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

Por ello, en congruencia con ese reconocimiento de una práctica contraria a la Constitución y al derecho a la información de las personas, resulta indispensable que la causal de nulidad de una elección que pretende incorporarse al texto constitucional se establezca en los términos que fueron enviados por esta Cámara a la Cámara de los Diputados, con la palabra adquirir, y no sólo la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión.

C).- Que se ha advertido que el proceso legislativo no permite separar esta parte del conjunto de toda la reforma. Eso no es así.

Todos sabemos que el artículo 72 de la Constitución, el inciso e) puede apartar las cosas que no se aprueban a la Cámara en reenvío, y todo lo demás puede ser enviado a las legislaturas de los estados para su aprobación, y en todo caso quedaría sólo pendiente en Cámara de Diputados para el Período de Febrero, esta parte que es la nulidad en el inciso c).

Se ha querido magnificar las consecuencias de no aprobar esto así, que porque se cae toda la reforma político-electoral, tampoco es cierto.

Esta Cámara sólo ha conocido de las partes que no aprobó la Cámara de Diputados, y sólo hemos podido discutir y trabajar sobre las partes modificadas, y sobre esas podríamos, incluso, hacer un apartado y enviar todo lo demás a plena vigencia.

Pero entiendo que no hay hoy la voluntad política para cumplir un compromiso fundamental.

Ojalá que en los próximos días y semanas, cuando se vean las consecuencias de esta omisión se rectifique por el bien de la palabra empeñada, por el bien de la palabra ofrecida, porque en política lo único que hay es la palabra, es el instrumento de trabajo, la palabra que es la materia prima del pensamiento, es también la garantía fundamental de la honorabilidad en la acción política y entre los parlamentarios.

Por su atención, muchas gracias.

 

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