Written by • Discurso

Problemáticas ambientales y políticas en Chihuahua

Gracias, señor Presidente, antes de iniciar mi intervención, solicito, conforme al Artículo 109 y al 110 del Reglamento para que se someta a consideración del pleno la moción de obvia y urgente resolución, por los motivos y consideraciones que ahora ustedes mismas y ustedes mismos van a escuchar.

El pasado lunes 22 de octubre, fueron asesinados los dirigentes del Barzón, Ismael Solorio Urrutia y Manuel Amarta Solis Contreras, Defensores de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Ambientales del Campo Chihuahuense desde 1992.

Un año antes, estos defensores -matrimonio, por cierto- habían impulsado una movilización campesina denominada “Los Indignados del Campo” que planteó ante las dependencias estatales, federales y el Congreso del Estado de Chihuahua un problema que ha ido creciendo, el uso ilegal del agua, por un grupo de productores de la zona hidrológica del Río del Carmen que comprende parte de los municipios de Riva Palacio, Namiquipa, Buenaventura y Ahumada en el Estado de Chihuahua.

En esta zona un grupo de personas hacen un uso indiscriminado e ilegal del agua de los afluentes del río, violentando la vela señalada pues han realizado perforación ilegal de pozos, desmontado más de 35 mil hectáreas de tierra en esta región del desierto chihuahuense con el objetivo de abrirlas al cultivo.

Con esta acción han estado poniendo en riesgo la viabilidad hidral, hídrica de la ya de por sí precaria región, afectando gravemente a los productores con derechos históricos y legales reconocidos para el uso del agua en esta cuenca hidrológica, así como de la población urbana de la región.

Ello motivó que el 7 de junio de este año, un grupo de organizaciones y productores de la región afectada formaran el frente de defensa del agua del desierto chihuahuense y presentaron al Congreso del Estado, un documento en el que exigían, primero el cumplimiento de la Ley; dos, la defensa del derecho humano al agua y; tres, la solicitud para que se convocara a las delegaciones federales y estatales para buscar una solución al problema.

A esto se suma que hace seis años la empresa minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria mexicana Cascabel, compraron de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona del pastoreo del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, el total de los ejidatarios es de 398, sin obtener los permisos de la Asamblea Ejidal que la Ley establece, por el contrario, en dos ocasiones la Asamblea ya les ha negado el permiso para realizar trabajos de exploración ala minera.

Esta problemática, en lugar de tener un cauce institucional al conflicto, fue recibida por varios absurdos, el incumplimiento primero de varios acuerdos de autoridades de los distintos órdenes de gobierno, pero fundamentalmente, las autoridades de Chihuahua han tomado la absurda actitud de tergiversar el problema tratando de presentar el conflicto como una mera confrontación de intereses entre particulares, desatendiendo la denuncia fundamental del Barzón, en el sentido de que estas acciones son violaciones a derechos humanos ambientales reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.

Al desdén, incluso a la simulación de negociaciones han seguido campaña de desprestigio impulsada desde los los ámbitos del gobierno de Chihuahua en contra del Barzón y de sus líderes sociales provocando un clima de tensión social en el estado que pone en riesgo y amenaza la integridad física de los dirigentes y la abogada del Barzón, así como de la y los ejidatarios que están luchando en contra de estas violaciones a las leyes y a los derechos humanos.

Esas campañas de linchamiento también tienen eco en los medios de comunicación en contra del Barzón, y en particular a Ismael Solorio, a Martha Manuela Solís Contreras, se les ensanchó el ambiente de hostilidad y los colocó en una mayor vulnerabilidad hasta el momento en que fueron asesinados.

Por ello proponemos que esta soberanía exhorte al gobierno del Estado de Chihuahua a que realice todas las averiguaciones con la expeditez y prontitud que permitan esclarecer y detener a los autores intelectuales y materiales del o los asesinos de los dirigentes barzonitas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, que se garantice la seguridad de sus familias y de los dirigentes barzonistas de la región, así como cese, la campaña de desprestigio y linchamiento contra los defensores de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales de nuestra entidad.

Y también que se acuerde la instalación urgente de un grupo de trabajo de senadoras y senadores integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía con los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental PROFEPA y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, el titular del Ejecutivo del Estado de Chihuahua o su representante, así como el titular de la Secretaría de Gobernación o su representante.

Las funciones de este grupo de trabajo que proponemos, están especificadas en la gaceta parlamentaria.

Lo más importante, para qué proponemos el grupo de trabajo, para coadyuvar con las instancias gubernamentales en la responsabilidad que tienen el nivel federal y estatal correspondientes a construir conjuntamente con los actores sociales y gubernamentales en conflicto mecanismos para propiciar un clima de distensión social y evitar el crecimiento de una escalada de violencia que afecte aún más la integridad física de la abogada, los dirigentes sociales del Barzón y la comunidad afectada y evitar que se profundice la violación a derechos humanos sociales, económicos y ambientales que hoy afectan a esta comunidad en el Estado de Chihuahua.

Señoras senadoras, señores senadores, evitemos que se escale el problema y démosle cauce institucional por la vía del acuerdo senatorial.

↑