Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:
Desde el año de 1999 se ha establecido en la Ley de Ingresos la facultad para que la Secretaría de Hacienda pueda realizar la cancelación de créditos fiscales por insolvencia del contribuyente o incosteabilidad del cobro, con el único efecto de no incluirlo en la Cuenta Pública que el Ejecutivo Federal presenta a la Cámara de Diputados.
En 2007, se efectuó una cancelación masiva de créditos fiscales por un monto de 73 mil 960 millones de pesos lo que originó un diferendo y la presentación de solicitudes de acceso a la información de varios actores, tanto privados como públicos.
De acuerdo a la información pública disponible, me refiero al Informe de la Auditoría Superior de la Federación, precisamente del año 2007, los montos de cancelación son por mucho superiores a los límites originalmente previstos cuando se creó esta figura, por ejemplo, 15 créditos van de los 100 a los 500 millones de pesos, 166 de los 25 a los 100 millones de pesos, 1729 oscilan entre los 5 y 25 millones y 8 mil 843 van de un millón a 5 millones de pesos. Sin embargo, no es posible conocer si los contribuyentes se encuentran en más de un caso de créditos cancelados.
Distintos ciudadanos, en pleno ejercicio de su derecho a la información, han presentado solicitudes de acceso a la información para conocer los nombres de los beneficiados por el programa de cancelación de créditos, así como los montos del mismo; con la finalidad de evaluar el desempeño de las autoridades y si sus determinaciones se ajustan a las disposiciones legales.
Por su parte, el Sistema de Administración Tributaria ha negado de forma sistemática la información, argumentando que por encima del principio de máxima publicidad está el derecho a la privacidad, lo cual ha motivado la presentación de recursos de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Los comisionados del IFAI han sostenido que la información solicitada debe ser de acceso libre, concediendo a los solicitantes la razón.
El SAT, a pesar de la resolución del IFAI, ha promovido el recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para impugnar la resolución e impedir la revelación de la información relacionada con los créditos fiscales, a pesar de que este Tribunal se ha declarado incompetente para conocer de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, casualmente en este tema, sí se entró al conocimiento del asunto.
Derivado de todo esto, se ha tenido que recurrir al Poder Judicial de la Federación, y algunos particulares no identificados han presentado quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para impedir que se den a conocer los datos de las personas beneficiadas por la cancelación masiva de créditos fiscales.
Cabe señalar que la Suprema Corte no se pronunció sobre la revelación de información, pero los ministros han señalado la diferencia entre la información que la autoridad recaudatoria obtiene de los contribuyentes, por sus declaraciones o acciones de cobranza, y la información que genera la propia autoridad, como resultado de su quehacer gubernamental.
Esta última, deberá ser pública, pues tiene que ver con la transparencia de su accionar.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que existe un vacío legal, y advierte que tanto el derecho a la privacidad, el acceso a la información y la reserva de información tienen límites, que no se trata de derechos absolutos, por lo cual, las leyes deben de establecer esos límites y los alcances de estos derechos fundamentales.
Es precisamente lo que venimos a proponer quienes suscribimos esta iniciativa para reformar tanto el artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia, así como el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y el 146-A del Código Fiscal de la Federación.
En razón de la controversia, proponemos incorporar en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, un segundo párrafo, que de manera expresa señale que los sujetos obligados deben poner a disposición la información de las personas que reciban recursos públicos, equiparando como tal al beneficio, subsidio o tratamiento especial por exención, cancelación o condonación tributaria o fiscal.
De esta forma, tanto la autoridad como los particulares saben que si reciben un beneficio su información será de acceso libre para evitar interpretaciones contrarias al espíritu de la reforma propuesta; planteamos la incorporación de una excepción al secreto fiscal, contemplado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, de esta forma el secreto fiscal no ampararía ni al Sistema de Administración Tributaria ni a los particulares para negar el acceso a la información, cuando sobre esta información recaiga una resolución favorable del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Y por último, se afirma que la cancelación de los créditos fiscales es con la finalidad de excluirlos de la Cuenta Pública que el Ejecutivo Federal debe presentar a la Cámara de Diputados cada año y que, por lo tanto, no exime al contribuyente de su pago para evitar que la prescripción sea utilizada como excepción en un juicio, proponemos que aquí se establezca en el artículo 146, inciso a) del Código Fiscal de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente