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Corral presenta Derecho de Réplica

Gracias, señor Presidente.

Comunico a la Mesa Directiva que se han adicionado a la suscripción de esta iniciativa los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Martín Orozco Sandoval, Fernando Herrera Avila y Jorge Luis Lavalle Maury, todos ellos del grupo parlamentario del PAN.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

El derecho de réplica en nuestro país está regulado para las publicaciones impresas desde 1917, en una ley de carácter penal que se conoce como la Ley de Imprenta, presumiblemente reglamentaria de los artículos 5o. y 6o. de la Constitución de 1917, pero que se publicó antes de que se promulgara la Constitución, por lo que la ley ha sido catalogada como preconstitucional.

Esta condición de ley preconstitucional la mantuvo durante mucho tiempo cuestionada en la validez de varios de los elementos formales que le dieron origen, entre otros, las facultades reglamentarias que Venustiano Carranza transformó en legislativas para proveer al cumplimiento de la nueva Carta Magna.

Sin embargo, esa ley trazada bajo una óptica de resguardo político e inspirada bajo la moral de aquella época, fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró: “Tiene fuerza legal y debe ser cumplida en tanto no pugne con la Constitución vigente, o sea, expresamente derogada”.

Y a pesar de que la misma ley, denominada oficialmente sobre delitos de opinión, dice: expedir entretanto el Congreso de la Unión reglamente los artículos 6o. y 7o. de la Constitución, esa empresa legislativa no se ha verificado después de más de 90 años. Es el entretanto más largo de nuestra historia legislativa.

A lo que se suma la decisión que el propio Congreso tomó en el Transitorio Décimo de la reforma electoral del 2007, que adicionó el derecho de réplica, será garantizado en los términos que las leyes establezcan. En ese transitorio, la reforma electoral del 1917 dijo que a más tardar el 30 de abril de 2008, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, establecido en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.

Se trata, compañeras y compañeros, de una aberrante omisión legislativa que ha provocado el renacimiento positivo de la vetusta ley de imprenta, en la que descansan cientos de demandas o en ella se complementan las que se enderezan por la vía civil.

En materia de radio y difusión, también presumiblemente está regulado el derecho de réplica. En el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión del 10 de octubre de 2010.

Sin embargo, esa reglamentación es tan inútil e ineficaz que si hay algunos casos que hayan prosperado en el ejercicio de ese derecho, son contados y se debe especialmente a la quiescencia de los concesionarios de la radio y televisión en quienes se dejó la potestad de conceder o no el derecho de réplica, un ridículo monumental.

Sobre esta legislación pendiente del Congreso mexicano existen diversas iniciativas, tanto en esta Cámara como en la Cámara de los Diputados. La mayoría de ellas convergen en un punto fundamental: crear un procedimiento moderno, expedito y que combine un mecanismo de auto composición, es decir, que las partes, el aludido y el medio de comunicación puedan llegar a un acuerdo para permitir el acceso gratuito al medio de comunicación, pero también se establece un procedimiento heterocompositivo. Esto es, que si las partes no llegan a un acuerdo, sea un tercero el que resuelva, esto es la autoridad.

Y es precisamente en el tema de quién debe aplicar el derecho de réplica o quién debe garantizar ese derecho, en donde ha habido diferendos, distintos enfoques, diría yo, diversas propuestas legislativas. Algunos han propuesto que sea el IFE quien resuelva la controversia, pues se pensaba que al estar inscrita dentro de la reforma electoral de 2007, esta alusión constitucional o esta expresión constitucional aludía al derecho de candidatos y partidos para responder a imputaciones inexactas o agraviantes. Hay también quienes han pensado que debiera ser una instancia administrativa, hay iniciativas en este Senado y en la Cámara de Diputados que dicen que debiera ser la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Normatividad de México, que tiene una actuación de los medios de comunicación de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta posible alternativa tiene un inconveniente para los ciudadanos, sobre todo para el eficaz acatamiento de un ley en la materia, pues sus resoluciones pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y las resoluciones de este tribunal, cometidas ante el Poder Judicial de la Federación, lo cual se traduce en más de tres instancias para las partes.

¿Qué es lo que nosotros proponemos? Quienes suscribimos esta iniciativa en realidad en un debate ya muy decantado, precisamente que se enriquece de la diversidad de puntos de vista. Nosotros proponemos un procedimiento judicial sumario ante un juez de distrito en un plazo que no exceda de 22 días, para que se determine el ejercicio del derecho de réplica ante el medio de comunicación que no lo haya querido otorgar por la vía de la conciliación de las partes, que es la primera etapa que plantea la iniciativa.

Está muy discutido en el orden internacional, que el derecho de réplica es un mecanismo de libertad de expresión de quienes no tenemos para nosotros la potestad o la posesión de medios de comunicación.

Se trata de una iniciativa que, de aprobarse en esta Cámara de Senadores, saldaría no sólo el entretanto de más de 90 años que formuló la Ley de Imprenta, también saldaría el transitorio de la reforma constitucional que elevó a rango constitucional el ejercicio de este derecho fundamental que resguarda la imagen de las personas, la vida privada de las personas frente a imputaciones imprecisas, calumniosas y agraviantes del derecho a la propia imagen.

En la Gaceta parlamentaria se contiene el texto completo de esta iniciativa, por supuesto, debo decir, está un procedimiento expedito y están determinados con toda claridad qué debe entenderse por medios de comunicación: toda aquella instancia capaz de difundir y de propagar información y, por lo tanto, de generar un impacto social en lo que tramite.

Señor Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de los Senadores, dejo a la consideración de esta Soberanía la iniciativa por la cual el Congreso de la Unión pudiera saldar este compromiso, este adeudo con la democracia mexicana, con las libertades de expresión, de información y del derecho a la información de todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

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