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Corral presenta Ley de Comunicación Gubernamental

Gracias, señor presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores. El 13 de noviembre del 2007 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Electoral, la Reforma Constitucional en materia electoral que modificó diversos artículos de la Constitución General de la República; y en el artículo tercero transitorio de esa reforma se le impuso al Congreso de la Unión el mandato Reglamentario para concretar en distintas disposiciones secundarias las modificaciones constitucionales.

El plazo que la Constitución dio en su transitorio era de 30 días naturales siguientes a la publicación del decreto de reforma. Y entonces debo decirle al Senado de la República que ese plazo está vencido desde hace exactamente casi 5 años, se venció en el mismo 2007. Desde entonces varias de las disposiciones de la Reforma Constitucional no se han concretado, está pendiente reglamentar el derecho de réplica, está pendiente modificar la Ley de Desarrollo Social para algunas de las disposiciones que se incorporaron en el 134; y está pendiente reglamentar el 134 de la Constitución que impuso obligaciones de transparencia en el gasto de comunicación social, en lo que se denominó propaganda en cualquier forma de comunicación social.

Y yo vengo ahora a presentar, junto con los compañeros Torres Peimbert, Ernesto Ruffo, Víctor Hermosillo, una iniciativa que le recuerda al Congreso esté pendiente fundamental de la transparencia y de la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

Le recuerdo al Senado que el 134 Constitucional incorporó tres párrafos: los servidores públicos de la federación, los Estados y los Municipios, así como del Distrito Federal y sus Delegaciones tienen en todo tiempo la obligación de aplicar, con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público, las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyen el régimen de sanciones a que haya lugar.

Hasta la fecha sólo contamos con las reformas del COFIPE, en su ámbito de competencia ha materializado algunas de las normas secundarias relativas al perfeccionamiento de la reforma constitucional y, en particular, de una parte del 134. Es necesario establecer normas puntuales que regulen la publicidad gubernamental, además de las reformas que he señalado, estas reformas aligerarán la carga excesiva que se dejó al Instituto Federal Electoral que no puede ni debe substituir las responsabilidades de otras áreas del gobierno.

Esta insuficiencia reglamentaria, esta ausencia de marco legal promueve la discrecionalidad y atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que nosotros ahora presentamos una iniciativa que considera principios generales con base en las mejores prácticas internacionales de regulación en la materia, porque además este vacío, hay que decirlo ahora, a partir del debate postelectoral, y sobre todo tras la calificación que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sigue siendo una de las fuentes de la atención social al constituirse éste en uno de los elementos fundamentales de la inequidad que tanto molesta y que deja una sensación de impunidad cuando no se castiga, cuando no se transparenta, cuando no se persigue.

La iniciativa busca regular la publicidad gubernamental, la comunicación gubernamental, propone ese concepto, ¿a partir de qué se puede regular en una ley la publicidad gubernamental? A partir de sus fines, de la expresión de sus contenidos y, por supuesto, los costos y los recursos públicos aplicados en sus niveles de producción, de transmisión y de evaluación.

Se ubica así el concepto de comunicación gubernamental para dejar de lado al estado anunciante, al estado propagandístico que ha venido transformando negativamente su relación con la ciudadanía al depositar en la publicidad, mediante spots, u otras formas de comunicación similares, un gran esfuerzo y una enorme cantidad de recursos, un presupuesto exorbitante, México gasto miles de millones de pesos cada año en materia de publicidad gubernamental.

Es fundamental transformar la finalidad de la publicidad gubernamental para tener derecho a la información de los ciudadanos, y la responsabilidad de informar sobre los actos de gobierno que les afectan, transformarla en relación con audiencias mediatizadas, a través de “eslogans” o mensajes telegráficos que no solo no sirven a los ciudadanos, sino que desgastan la credibilidad del propio Estado.

¿Por qué el Estado, incluso por qué los poderes de la unión tienen que pagar y que contratar publicidad para anunciar logros del gobierno cuando está en el estricto sentido del cumplimiento de su deber constitucional?

¿Por qué tal inversión multimillonaria en el pago y contratación de múltiples medios de comunicación? Es evidente, compañeras senadoras y compañeros senadores que la comunicación gubernamental, entendida como publicidad o propaganda no es la solución para la comunicación gobierno – ciudadanos, y esto se hace cada vez más patente y se pervierte por varios motivos.

En primer lugar, en la búsqueda de visibilidad pública o notoriedad en torno a los funcionarios públicos sin importar la finalidad de la comunicación, un gasto discrecional y excesivo sin una rendición de cuentas eficiente, establecimiento de mecanismos de ayuda, entre comillas, de ayuda a los medios de comunicación como forma de inversión directa para establecer buenas relaciones o castigos a través de la compra de espacios porque a través de la publicidad gubernamental se ha constituido un mecanismo de castigo o premio, en la vieja tesis de Estado autoritario, la tesis de la regla no escrita de la zanahoria y el garrote, te portas bien te doy publicidad, de portas mal te la quito.

Un objetivo fundamental de la ley debe ser precisamente eliminar estas formas discrecionales que condicionan el otorgamiento de publicidad a la línea editorial o la opinión del medio y, por supuesto, el cuestionamiento o confrontación a otras instituciones del Estado. Sé que la Mesa Directiva ha sido generosa conmigo en el tiempo, acogiéndome al 76 del Reglamento, que tratándose de iniciativas otorga al orador diez minutos, no me voy a ir más allá, simplemente les hago una síntesis porque me parece que el tema es de gran importancia en el momento político que vive México, ojalá que la puedan, por supuesto, estudiar, analizar, que la vean con buenos ojos, es una iniciativa que busca centrar una política pública que le beneficie a los ciudadanos y comprometa a todos los actores, y que realmente concrete en los hechos la voluntad que se manifiesta cuando se habla de la anticorrupción, cuando se habla a favor de la transparencia, cuando se habla a favor de transparentar y democratizar los procesos comunicacionales.

¿De qué se trata, qué contiene la iniciativa? Primero. Es una ley reglamentaria, así está planteada, es una ley reglamentaria al 134 constitucional. ¿Qué busca la iniciativa? Garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para la contratación de servicios de comunicación a todo tipo de medios de comunicación, incluido Internet, prensa, radio, televisión y portales de Internet.

¿Qué criterios establece, hasta dónde va a decir que sí y que no? Bueno, establece criterios generales para el ejercicio de esos recursos que el gobierno destina al rubro de comunicación social; democratiza los tiempos del Estado, los llamados tiempos oficiales en radio y televisión, con una distribución entre poderes y entre niveles de gobierno, pero además prohíbe que se contrate mientras no se agoten los tiempos del Estado en radio y televisión para generarle un ahorro considerable al Estado Mexicano, y por supuesto evita que la comunicación gubernamental se convierta en ese instrumento de premio o castigo, no crea más burocracia, no crea un gran órgano, no está hablando de un “funcionarado” nuevo, porque la iniciativa es absolutamente congruente con el principio constitucional que el 134 reconoce en materia de fiscalización de ejercicio de recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación, ah, eso sí, amplía la participación ciudadana en la vigilancia de una política tan importante como esta porque crea el Consejo Consultivo para la evolución y el seguimiento de la comunicación gubernamental.

Es una iniciativa que de aprobarse puede empezar una nueva época en la rendición de cuentas, en la transparencia de una “zona”, de una materia que necesita. Gracias, señor presidente, a todos ustedes también por su comprensión, ojalá que en cuanto se formen las comisiones podamos empezar a discutir esta iniciativa. Gracias.

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