Javier Corral Jurado
El Universal
El año que termina ha sido pletórico en el trabajo legislativo. Perdón, de entrada, que refiera mi balance anual al ámbito de mi trabajo esencial, pero en él están depositados muchos anhelos personales y sociales, sueños y luchas de varias generaciones que blandieron, como espada y escudo, ideas esenciales en antiguas y duras batallas para democratizar a México.
Don Manuel Gómez Morín, el padre fundador de Acción Nacional, se preguntaba en un momento cúspide de la lucha por la democracia en nuestro país, cuando la desesperación capturaba a varios: ¿Qué armas para esta lucha?. -Las ideas, los valores del alma; ni tenemos otras, ni las hay mejores. El mismo se respondía.
Muchas de esas ideas y valores se han impregnado en las reformas constitucionales y legales que el Congreso de la Unión emitió este año. Hay que colocar como premisa que se trata de la concreción de esfuerzos iniciados con mucha antelación, y que fruto de las circunstancias políticas que suscitó la nueva alternancia en el poder presidencial, la maduración de los temas y el impulso social ininterrumpido, hemos podido ver plasmadas en la Constitución. Debemos hacer ese balance porque son más las batallas ganadas, que las perdidas.
Quienes militamos en el interés público y sostenemos la defensa de causas, siempre tendremos una vara mayor para medir el impacto y la trascendencia de las reformas. Apostar por el ideal sirve para jalar los cambios legales a un mayor calado, sobre todo en un Congreso de intereses, donde incluso los humores personales, las mezquindades, los complejos, fobias y filias, decantan posiciones y definen formas de votar. Pero creo que en el difícil equilibrio entre idealismo y realismo, que no es otra cosa que la negociación política, estamos obligados moralmente a reconocer cuando avanzamos. Y ese es mi balance: en el conjunto de las reformas, el país avanzó.
No paso por alto la regresiva reforma fiscal, sin transparencia alguna en el ejercicio presupuestal; ni la enorme incertidumbre y zozobra que sobre el futuro de México coloca la reforma energética, sin el menor candado a la corrupción. Lo que me parece es que no debemos dejar de reconocernos en las otras reformas, de las que incluso, nos podríamos sentir orgullosos.
Hemos acumulado tantas propuestas con sentido de justicia y transformación social para nuestro país, que a veces se nos pierde de vista el conjunto de lo logrado y los trascendentales pasos que hemos dado en la orientación correcta. Como legislador he podido contribuir de manera directa en la confección y presentación de varias iniciativas, pero quizá lo más importante, y es ahí donde se requiere un mejor método o parámetro para evaluar el trabajo de los legisladores, he podido participar en la discusión y dictaminación de los proyectos, empujar los conceptos más amplios, buscar elevar la mira y tratar de mejorar el horizonte en la tutela de los derechos, en el aseguramiento de las libertades.
Son auténticas batallas, que se libran en varios planos, incluso al interior de las mismas bancadas. Pelea uno adentro y afuera, en las comisiones y en el pleno; luego entre cámaras. No siempre cae bien esta postura, se descalifica como radicalismo o se encasilla en “los del todo o nada”. Lo cierto es que estas posiciones, en un ambiente teñido por la comodidad, logran mover el índice de confort bajo el método del contraste, o por exhibición pública de a quién representan los “representantes populares”.
De las que ya podemos dar por buenas, esto es, que pasaron las dos cámaras del Congreso Federal y el Constituyente Permanente, o que están en ésta última etapa, no tengo ninguna duda, desde la mira con la que me asomo al otro mundo que considero posible, que la de Telecomunicaciones y Radiodifusión es la reforma estructural más importante para la democracia y la libertad. Están en ella contenidos varios propósitos y propuestas de muchos académicos, periodistas y defensores de derechos humanos en una extensa lucha por la democratización de los medios de comunicación. Es un triunfo moral e histórico de las organizaciones que se constituyeron en torno del derecho de la información, que durante treinta años se mantuvo sin reglamentación y luego se quiso agotar en el derecho de acceso a la información pública.
La reforma tiene como objetivo esencial recuperar la rectoría del Estado en la administración y regulación eficiente del espectro radio-eléctrico, partir el monopolio de la telefonía a partir de medidas de desincorporación de empresas y desagregación de su infraestructura, y promover para el futuro una mayor competencia en la Televisión.
Un punto de partida: hay un vuelco modernizador en los artículos 6° y 7° Constitucionales, mismos que no se modificaban esencialmente desde la Constitución de 1917. Con excepción de las reformas de 1976 para adicionar “el derecho a la información será garantizado por el Estado” y la de 2007 que estableció criterios generales para homologar el derecho de acceso a la información en todas las entidades, tanto el sexto, como el séptimo contenían casi la misma redacción del constituyente de 1857.
Con la nueva redacción del artículo 6° se recupera, luego de décadas de que nuestro país suscribiera el Pacto de San José de Costa Rica, la definición completa de lo que constituye el Derecho a la Información: Toda persona tiene derecho al libre acceso a información veraz, plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El artículo 7° se moderniza a favor de la libertad de expresión y de la libre circulación de las ideas, reuniendo así tanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Se incorpora además un nuevo derecho humano fundamental de tercera generación: El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha.
Establece una política de inclusión digital universal, con lo que el Estado deberá promover el despliegue de redes de telecomunicaciones en condiciones de equidad y bajo principios de cobertura universal, lo cual impactará en la calidad y el precio de los servicios, pero además significará llevar internet a las comunidades más apartadas del país.
Piedra angular de la reforma, es la definición de las telecomunicaciones y la radiodifusión como un servicio público, lo cual traza una ruta inequívoca para el legislador, pues no es lo mismo legislar sobre una “actividad de interés público”, que sobre un “servicio público”. Mientras que el servicio público debe ser garantizado por el Estado en condiciones de equidad y cobertura universal, la actividad de interés público tiende a ser sólo fomentada o promovida.
La Reforma Educativa, es para mí la segunda en importancia. Su objetivo esencial, la descolonización sindical de la educación, es un paso indiscutible en el mejoramiento de la calidad educativa, y que éste proceso estuviera a cargo de un órgano técnico (INEE) con plena autonomía e independencia y los resultados de esa evaluación tuvieran una consecuencia real para todos los actores del proceso educativo. Ahí se puso fin a los criterios político-sindicales para determinar el reclutamiento de nuevos docentes al crear un servicio profesional, se obligó un sistema nacional de información y gestión educativa para saber cuántos profesores realmente hay en el país y si están o no frente a grupo, qué están haciendo, además de un balance real de la infraestructura educativa. Por supuesto que se trata de la parte político-administrativo de la reforma educativa, pero era indispensable para poder avanzar en las asignaturas pendientes.
La reforma no atenta contra los derechos de los profesores. Amenaza sí con remover frente al grupo escolar a quienes muestren tal insuficiencia que haga irresponsable mantenerlos en la enseñanza. La reforma sí amenaza la abulia y la indolencia en la actualización y mejoramiento de la práctica profesional de los mentores; pero son los menos. Eso sí, a veces los más grillos. Es hora de empezar a sacudirnos a quienes no contribuyen y sí empañan la enorme dignidad y trascendencia social de quienes ejercen el magisterio, una de las vocaciones más solidaria, de plena realización personal y social pues el Maestro se encuentra así mismo en el servicio a los demás.
Otra batalla que llamé esencial en este mismo espacio fue la del fortalecimiento del IFAI, pues consolida uno de los derechos humanos fundamentales para el ejercicio democrático y es pilar en todo sistema de rendición de cuentas.
Los contenidos de esta reforma se centran en el fortalecimiento del órgano garante del derecho de acceso a la información, que con una actuación de poco más de diez años, se ganó no sólo su autonomía constitucional bajo el principio de definitividad e inatacabilidad de sus resoluciones, sino la confianza política que significa convertirlo en un órgano de jurisdicción nacional para conocer de recursos de revisión en el ámbito local.
La ampliación de los sujetos obligados bajo la competencia del IFAI es también uno de los logros más importantes de la reforma. Quedan comprendidos “cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros”.
La Reforma Político-Electoral recorre actualmente los Congresos de los Estados, sin el apresuramiento que tuvo la energética, pero es previsible que salga ratificada por la mayoría de las legislaturas; otro supuesto, constituiría el engaño del siglo.
La reforma en general contiene importantes cambios constitucionales. Es quizá la reforma política de mayor profundidad en el fortalecimiento del Congreso. La reelección legislativa en el nivel federal y en los Congresos locales; así como en los en los ayuntamientos, es el paso histórico más significativo. Se deposita ahí la esperanza de una profesionalización de la tarea legislativa, mayor independencia política, y una obligada rendición de cuentas. Se elimina una rémora del régimen autoritario que les negó a los ciudadanos una prerrogativa esencial para edificar una auténtica división de poderes.
El Congreso adquiere nuevas facultades de ratificación de Secretarios de Estado; se incorpora la figura del gobierno de coalición y siempre y cuando el Presidente de la República optara por esta forma, el Congreso ratificaría a todo el gobierno. En materia electoral se crea el Instituto Nacional Electoral, bajo un esquema híbrido, organizará las elecciones federales y locales.
Otro cambio constitucional de gran valor es la autonomía de la Procuraduría General de la República. Se incorporan dentro del nuevo esquema de autonomía constitucional del ministerio público dos Fiscalías, en materia de delitos electorales y anticorrupción. También se compromete la legislación secundaria en tres grandes rubros: regular la propaganda gubernamental, garantizar las cartas ciudadanas y reglamentar el derecho de réplica.
Todas estas reformas tienen pendientes reglamentarios. Están ahí las batallas por venir. Reconocer su trascendencia y avances no debe llevarnos a resignarnos a los medios mirajes de los medio inteligentes, mucho menos al pragmatismo de los que sólo tienen intereses estrictos y con cualquier cambio se conforman. Se requiere de posibilitarlas en su más amplia concepción, no debilitarlas o achicarlas. Pero eso ya será materia del 2014, que deseo venga también intenso de trabajo, pero lleno de salud, paz interior, armonía familiar y solidaridad social para tod@s. Feliz Año Nuevo.