La reforma que hoy discutimos y seguramente se votará tiene una enorme trascendencia histórica en la vida de México. Como pocas enmiendas constitucionales, ésta toca fibras sensibles de nuestra cultura política. No podemos ignorar que el nacionalismo atravesó todo el siglo veinte mexicano. Cuatro generaciones de mexicanos hemos vividos y crecido en medio de símbolos nacionalistas.
Gómez Morín en su obra “1915 y otros ensayos” habla del fervor de su generación por lo mexicano. “La aceptación de lo nuestro” fue el espíritu que los animó. Se expresaron diversas manifestaciones culturales donde lo mexicano fue motivo de orgullo social ya fuese la comida, el vestuario, lo indígena, la música, la arquitectura, cine, filosofía y política todos se imbricaron conformando nuestra cultura. Con euforia descubrimos que “el petróleo es nuestro”, escribió Gómez Morín, antes que Cárdenas expropiara los bienes de las compañías inglesas y estadounidenses.
El petróleo tiene ese significado simbólico, esa carga histórica para los mexicanos, que hoy al emitir nuestro voto a favor o en contra del Dictamen, no podemos ignorar ni soslayar, sino prudentemente emitir nuestro voto. Los hidrocarburos no son sólo una fuente de ingresos para el gobierno, esa visión recaudatoria está arriesgando de manera irresponsable otros enfoques estratégicos y prioritarios para La Nación: los hidrocarburos son un elemento fundamental de la geopolítica, la seguridad energética, más aún, cuando a nuestro lado vive el imperio que siempre nos ha despreciado pero que siempre ha querido nuestras riquezas.
PEMEX tiene otro significado, representa en términos económicos al sector productivo con mayor peso en la economía nacional. La inversión que durante años ha hecho es monumental. El número de empleos directos que genera como los indirectos son millones. Los impuestos que el gobierno recauda por la renta petrolera son excepcionales recursos para la economía del país. Nada menos que el 32%. En aras de la reforma, se ha satanizado a la empresa, sin decir las cargas fiscales que se le impusieron y su dependencia directa de la SHCP.
También ha sido el botín de un sin número de pillos de todos los niveles, ya del sindicato o de mandos directivos, de varios partidos, pasando por proveedores nacionales y extranjeros; recientemente ha sido víctima de latrocinio de los que “ordeñan los ductos” para vender la gasolina en el mercado negro. Fue el financiador de campañas políticas. Y la pregunta es, ¿qué modelo no se agota así?
Además de la rapiña de la que ha sido víctima ha sufrido las consecuencias de malas políticas públicas. Difícil olvidar la época en que creyeron que iban a administrar la abundancia y nos lanzaron en pos de ese “sueño guajiro” endeudándonos, más allá de nuestra capacidad de pago, cuando la resaca llegó un sexenio se perdió: devaluación, inflación y recesión fueron la maldición de la administración del Presidente De la Madrid que decidió no invertirle nada y quitarle todo lo posible. Se suprimió la adquisición de equipo de reposición, el mantenimiento de las instalaciones se redujo al mínimo y la investigación petrolera prácticamente se abandonó. Las posteriores administraciones la ordeñaron inmisericordemente.
En esto ayudó la postura del PRD y del PRI que se negaron a aumentar impuestos, una y otra vez y lo hicieron por razones de rentabilidad político electoral. Y como la decisión permanece de no tocar impositivamente a los grandes capitales de México, se ha decidido obtener ingresos de las compañías extranjeras, teniéndoles que compartir la renta petrolera.
Por eso en Acción Nacional la convocatoria del Pacto por México tuvo acogida, si las principales fuerzas acordaban un mínimo de compromisos podíamos superar los desafíos de lo que hay que cambiar en el país.
Hoy resulta que lo acordado en materia energética gira en sentido contrario a lo firmado por Enrique Peña Nieto y partidos en el Pacto, ahí se escribió:
“se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad de los hidrocarburos y de PEMEX como empresa pública. En todos los casos la Nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos” (compromiso 54).
Si del Pacto al Congreso se caen los compromisos esenciales, ¿qué pasará del tránsito de la reforma Constitucional a las leyes reglamentarias que sólo requieren de mayoría simple, y por lo tanto las negociaciones se reducen a la búsqueda de unos cuantos legisladores?
Por eso desde el inicio de ésta discusión sostuve que tratándose de la reforma constitucional más importante desde 1917 hasta la fecha, era condición sine qua non, tener a la par los contenidos de los proyectos de leyes reglamentarias correspondientes. Ahí se escriben los detalles, y es un viejo dicho que en los detalles está el diablo, ni más ni menos que el que nos escrituró los veneros del petróleo. .
Conociendo la dinámica que ha prevalecido en reformas constitucionales, incluidas las promovidas por el Pacto, la ausencia de las definiciones específicas que desarrollen los conceptos fundamentales es muy delicado. Ya hemos visto cómo a la hora en que se unen los intereses económicos, reculan los reformadores. Incluso terminan violando un mandato constitucional para emitir la legislación secundaria en telecomunicaciones. Cuando el negocio se pone por delante, la Constitución es lo de menos. La única reforma que tenía plazo constitucional es la de Telecomunicaciones, vencido el día de ayer.
La reforma energética necesaria debe enfrentar a la corrupción y debe fortalecer a los órganos reguladores. Estas dos líneas deben ser el núcleo duro del que salga todo el paquete.
Un hecho palpable en todo lo ancho y largo del país es la corrupción que crece como hongos silvestres, ya forma parte de nuestra cotidianidad, se le ve como una cosa normal. Nos enteramos de la corrupción en hospitales, en el Congreso, en las Iglesias, en las empresas, en los sindicatos todo está infectado de ese cáncer social que día con día crece geométricamente y se ramifica en todo el cuerpo social.
La corrupción y la ineficiencia debilitan al Estado en sus funciones básicas. Los hechos nos muestran ésta simbiosis de corrupción y debilidad estatal. El narcotráfico ha crecido porque ha corrompido a las corporaciones policiacas y a diversos órdenes de gobierno. En Educación se padece la tragedia de la falta de gobernabilidad y rectoría del Estado en varias entidades porque se ha tolerado la corrupción sindical; en telecomunicaciones el Estado está tras las cuerdas por el chantaje permanente de las televisoras y a cambio reciben condonaciones fiscales y modificaciones legislativas de última hora; las calles públicas están privatizadas por el comercio ambulante y este corrompe a inspectores y funcionarios; por las aduanas mexicanas pasan las armas de las bandas de narcotraficantes que luego asesinan a policías, narcotraficantes e inocentes.
Las privatizaciones del pasado nos dejaron monopolios y duopolios. La experiencia privatizadora no ha conseguido ni mejores servicios, ni precios más baratos, no hay una mejor redistribución de la riqueza, ni el país ha crecido como se ofreció. Porque vivimos hoy un capitalismo que hace un siglo se denominó salvaje. Se dice que las empresas en manos del Estado son corruptas e ineficientes, y se tapan los ojos de que entre las más depredadoras, están varias de las trasnacionales petroleras privadas. Los monopolios tienen su anverso la concentración de la riqueza.
Por supuesto que estoy de acuerdo en una modernización del sector, pero esa reforma necesaria sólo debía aprobarse si realmente se propusiera erradicar la corrupción en el sector energético. Debemos conocer las obras que se realizaran con los recursos que se suponen recibiremos. Debemos otorgar autonomía plena a los órganos reguladores que controlaran el sector de energéticos e hidrocarburos para que en ningún momento desaparezca la rectoría del Estado en materia energética.
Ésta reforma como se suele decir es de gran calado entonces deberíamos no escatimar tiempo para sacar lo mejor para el país.
Por eso las prisas que hoy vivimos, surgidas del Pacto por México, generan las peores condiciones para dar leyes que demanda el mexicano y mexicana de la calle que ya están hartos de la corrupción y la ineficiencia gubernamental.
Si por las prisas que el Presidente Peña Nieto, que impuso al Congreso 100 días para aprobarla, generamos con esta Reforma un mercado sin regulaciones ni supervisión estaremos propiciando una mayor debilidad del Estado. Estaremos condenando al país a sufrir un capitalismo salvaje que haga trizas el orden político ya de por si debilitado. El Estado será incapaz de gobernarse a sí mismo.
En efecto, en mi caso, no suscribí la iniciativa energética, mis razones fueron tanto por el contenido como por la estrategia para presentarla. Sostengo que no hay en ninguna de las plataformas presidenciales ni documentos básicos de mi partido, pasando por el discurso de Don Manuel Gómez Morín en contra de la expropiación petrolera que ya fue citado, que planteé regresar el petróleo a los extranjeros por la vía de contratos de explotación directa.
Este silencio en el pensamiento de Acción Nacional no fue un olvido sino una decisión deliberada que surgió de una virtud humana y política: la contención. Cuando la razón prevé las consecuencias que puede traer una decisión, pondera el bien probable ante el mal posible.
El proyecto de Reforma energética nada propone para erradicar la corrupción. Incluso la iniciativa presentada por la bancada a la que pertenezco, terminó cediendo en el dictamen, la autonomía de los órganos reguladores, no obstante que en la exposición de motivos se asentó con todas sus letras: “No podría entenderse una reforma como la que aspiramos y la que la sociedad demanda, sin instituciones fuertes, independientes y autónomas”.
Los órganos reguladores que deben facilitar la competencia y las decisiones técnicas se mantienen en el ámbito del ejecutivo. Lo que se avista no es nada prometedor. No hay ninguna rectificación en la corrupción más bien se diseñan estructuras nuevas para mantenerla eso sí con nuevos corruptores.
El dictamen establece licencias y éstas son definidas. Hay en derecho administrativo la opinión extendida que no hay distinción técnica entre contrato administrativo, permiso, concesión son figuras sinónimas. Contener un régimen de concesiones en esta materia, así se les llame licencias, para permitir la exploración y explotación directa de los hidrocarburos, no está en sintonía con la plataforma con la que competimos el año pasado. Es falso que hayamos ofrecido reformar la constitución para abrir al capital extranjero la exploración y explotación de los hidrocarburos; lo más que ofrecimos en la propuesta 106 del capítulo “Energía”, fue impulsar una reforma “que permita la inversión complementaria a la pública para que se puedan dar mayores inversiones en transporte, procesamiento, almacenamiento y distribución, tanto en la cadena de gas como en los distintos petrolíferos”. Nunca se discutió en los órganos del Partido que autorizaron la plataforma una apertura total en el sector energético. Hubo de nueva cuenta una contención.
La contención de mi partido para proponer la liberalización del petróleo me hacen considerar que en esta hora debemos tomar el ejemplo de ayer, ser prudentes. Un expresidente de Acción Nacional, Luis Felipe Bravo, declaró que no apoyábamos la iniciativa del Presidente Zedillo en materia de energía por el desenlace que tuvieron las privatizaciones salinistas. Por la corrupción que las enlodo.
Por estos motivos no he compartido el apuro del Presidente de la República de sacar en Fast Track la legislación que nos ocupa. La suma de mis prevenciones tiene un solo nombre: Prudencia, que según la tradición tomista es la virtud política por excelencia.
Por eso vuelvo a pedir a los integrantes del Senado que nos liberemos del marcador presidencial y le demos a nuestros trabajos legislativos el tiempo y la dignidad necesarios para acompasar la comunicación con la sociedad. Para que no haya sombras de dudas en la utilidad de una verdadera Reforma Energética que sea celosa de la rectoría estatal, construya órganos reguladores fuertes, adecuados y eficaces, establezca las bases para enfrentar con valor la corrupción institucional.
Dentro de las reglas que nos hemos dado los legisladores de Acción Nacional que como partido democrático respeta la libertad de conciencia, manifiesto mi voto en contra de la Reforma en lo general. No he sido presionado, y he tenido respeto a mi postura de varios de mis compañeros de bancada.
Hago votos desde ahora mismo para que no se cierren los cauces democráticos a la inconformidad social o a la impugnación por esta reforma. Las fibras que toca dieron origen a una revolución, que se concretó en un gran principio: “el subsuelo es propiedad de la Nación”; no cometan el error de tratar de atajar con manipulaciones, amenazas, chantajes o intolerancias, las visiones diferentes; no den pie a los radicalismos que se vuelven violencia, cuando el Estado toma decisiones a espaldas de la Nación.
Por su atención muchas gracias.