Javier Corral Jurado
En el seno del Consejo Rector del Pacto por México se negocia la reforma político-electoral. Los grupos parlamentarios en el Senado han acreditado representantes para esa discusión con base en las iniciativas que cada quien presentó. Se trata de un grupo cerrado en unos cuantos y por lo tanto de deliberaciones no conocidas; sólo se producen informes y explicaciones generales sobre los contenidos. Es probable que la próxima semana esas negociaciones se concreten en un documento y que tal, se convierta en el proyecto de dictamen que las Comisiones Legislativas discutan.
No será la primera vez que un dictamen legislativo se produzca fuera del Congreso, pero no es sano que una reforma de tan hondo calado tenga ese procesamiento. Empiezo por esto porque no puedo ni debo omitir esa crítica, pero tampoco quiero quedarme ahí. Pretendo valorar los contenidos, el alcance y las consecuencias de lo hasta hoy acordado. También es deseable que tratándose de una reforma político-electoral que ha puesto a los ciudadanos como destinatarios finales de sus propósitos, tenga por lo menos el espacio de reflexión y discusión en el ámbito propio del Congreso. Otro supuesto, negaría toda esencia al poder Legislativo.
¿De qué tamaño serán las reformas política y electoral?. Todavía no lo sabemos con exactitud, pero es de anticiparse que se trata de importantes cambios constitucionales en la dirección correcta para consolidar nuestra democracia y que recogen demandas históricas. Es quizá la reforma política de mayor profundidad en el fortalecimiento del Congreso. La reelección legislativa en el nivel federal y el levantamiento de la prohibición a los Estados para que la resuelvan según su voluntad en los ayuntamientos y en los Congresos Locales, es el paso histórico más significativo. Se deposita ahí la esperanza de una profesionalización de la tarea legislativa, mayor independencia política, y una obligada rendición de cuentas. Se elimina una rémora del régimen autoritario que le negó a los ciudadanos una prerrogativa esencial para edificar una auténtica división de poderes.
El Congreso adquiere nuevas facultades: Aprobará el Plan Nacional de Desarrollo y el Senado en partícular la Estrategia Nacional de Seguridad. También se someterá a ratificación los nombramientos del títular de la SHCP a la Cámara de Diputados y, al Senado, los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Comisionado Nacional de Seguridad Pública. Al incorporarse la figura del gobierno de coalición y siempre y cuando el Presidente de la República optara por esa forma, el Congreso ratificaría a todo el gobierno.
La reforma política se propuso ensanchar las libertades políticas y los mecanismos de participación ciudadana, consolidar el estado de derecho y dar un decidido impulso a la lucha contra la corrupción. Estos objetivos sí avanzan en el proyecto que se negocia, pues se crea un órgano constitucional autónomo colegiado que asumirá las facultades que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública, de sanción en el ámbito administrativo: suspensión, multa, inhabilitación, destitución y reparación del daño. En caso de que el órgano anticorrupción advierta la existencia de un delito, deberá remitir el expediente a la Fiscalía Autonoma de Anticorrupción, que también se crea, y ésta tendrá un plazo para resolver si ejerce o no la acción penal
Otro cambio constitucional de gran valor es la autonomía de la Procuraduría General de la República. Aunque no se elimina la intervención del Presidente de la República en el nombramiento del Fiscal General, el modelo de selección genera mejores condiciones para lograr una mayor independencia política-partidista de esta figura esencial en la persecución de los delitos, que es la deficiencia actual en términos de imparcialidad. La otra debilidad de esta reforma es que la entrada en vigor se prevé hasta el 2018. Se incorporan dentro del nuevo esquema de autonomía constitucional del ministerio público dos Fiscalías, en materia de delitos electorales y anticorrupción; el Fiscal General nombra a los titulares y el Senado puede objetar el nombramiento por 2/3 partes. Estas dos fiscalías sí entrarían en vigor desde ahora. También se compromete la legislación secundaria en tres grandes rubros: regular la propaganda gubernamental, garantizar las cartas ciudadanas y reglamentar el derecho de réplica.
La reforma electoral es la que parece no conseguirá colmar su objetivo esencial: emparejar el terreno de la competencia por el poder, de manera partícular de la influencia y en la mayoría de los casos abierta intromisión de los gobernadores, para ponerlos bajo un sistema de capacitación, organización, vigilancia y fiscalización central. La negociación ha cedido la parte más importante, la que se alzó como la principal bandera y condicionante de la reforma energética: Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales, tal y como se inscribió en el Pacto por México. Hasta ahora en el anteproyecto negociado los Institutos Electorales locales subsisten para la organización de procesos electorales locales.
En lo electoral no sólo no crecerán en su dimensión y alcances las iniciativas presentadas ni los temas planteados en el documento que se firmó el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec, sino que incluso, el llamado “piso” que fue el pacto, se hundirá en varios temas. Parece que los negociadores no sólo han renunciado a dotar de un techo más alto a la reforma en este rubro, sino que han tomado distancia de sus propias propuestas, se han alejado de su firma estampada al final del cuaderno de 95 compromisos. Entonces también se dijo que se buscaba acotar la discrecionalidad y opacidad en el sistema de partidos, y conseguir elecciones más baratas y transparentes. Para ello se ofreció una Ley General de Partidos para dar un marco jurídico estable y claro a la actuación de los mismos tanto en tiempos electorales como en tiempos no electorales. (Compromiso 89). Fortalecer los temas de membresía, democracia interna, órganos jurisdiccionales internos, transparencia.
Uno de los compromisos fue “prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción”, pero ahora se sabe que se exceptuará los materiales textiles, esto es, uno de los gastos más difíciles de cuantificar en una contienda electoral.
Como legislador que ha impulsado a lo largo de muchos años varios de los temas que ahora se incorporan, tengo el deber de acotar la exagerada interpretación que en el rubro electoral se realiza. No puedo desconocer los avances que traen consigo las nuevas causales de nulidad de una elección. Pero el ceder el INE en su concepción original es una derrota, sólo explicable por la prisa que se tiene de entregarle al Gobierno de Peña Nieto la reforma energética, esa que busca abrir la explotación directa de los hidrocarburos a los extranjeros y que inicia la privatización o chatarrización de Petroleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, según la iniciativa que finalmente se apruebe.
