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Reforma traicionada

Javier Corral Jurado

El Universal

Mientras que en el mecanismo del Pacto por México, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, estuvo de acuerdo con los cambios constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, fuera de éste ámbito, se ha encargado de embatirlos. El hombre que sin duda alguna está detrás del telepromter de Peña Nieto, resistió al principio de las negociaciones para conformar el proyecto legislativo, los dos desgajamientos más importantes que la reforma consiguió a las facultades del Ejecutivo: el otorgamiento de las concesiones en telecomunicaciones y radiodifusión por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la facultad de fijar las contraprestaciones por dichas concesiones y por la autorización de servicios vinculados a éstas. Ello obligó a dotar al órgano regulador de plena autonomía, y todo ello quedó contenido en el artículo 28 de la Constitución.


Pero Videgaray peleó – haciendo un lado al mecanismo del Pacto -, por la facultad de imponer las contraprestaciones mediante una adición a la iniciativa presentada por el propio Ejecutivo, que introdujo y logró en la cámara de origen, la de Diputados. Pretendía tener para sí el poder de encarecer o abaratar el uso del espectro según el caso, o dar largas, postergar o aplazar el concesionamiento. Sin embargo el Senado corrigió ese intento de abuso y acotó la intervención de la Secretaría de Hacienda a una opinión no vinculante y emitida en un plazo no mayor de treinta días; “transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes”.


Aprobada la reforma constitucional por el Constituyente Permanente, promulgada y publicada por el Ejecutivo, pero aún sin leyes reglamentarias, el Secretario de Hacienda volvió a la carga y pretendió determinar las contraprestaciones que en materia de derechos se impondrían a las bandas de 700 Mhz y de 2.5 GHertz para servicios de telecomunicaciones. Y tal y como se había dicho desde siempre, buscó encarecerlas en forma descomunal, no tanto para conseguir recursos adicionales a los que la reforma fiscal y el endeudamiento proporcionará al gobierno, sino fundamentalmente para inutilizarlas, y dejarle el campo libre a los mismos que hoy disputan el mercado de la telefonía y la banda ancha en nuestro país, particularmente a las televisoras. Recordemos que en la combinación de las bandas de 700 y de 2.5 está fincado el despliegue de una red troncal pública de servicios al mayoreo, que a los concesionarios no les gusta nada.


La Cámara de Diputados se opuso a esa continuación del intento de abuso y la eliminó de la Ley Federal de Derechos, dejó en cero la tasa.
El miércoles pasado a medio día en la Secretaría de Hacienda, en pleno enjuague negociador de última hora con el PRD, presentes Emilio Gamboa, Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Armando Ríos Piter y José Yunes, el Secretario Luis Videgaray consiguió su anhelado propósito: arrogarse la facultad de determinar las contraprestaciones. La adición la formuló un nuevo especialista en telecomunicaciones que ha surgido en el Congreso, el Senador perredista por Guerrero, Sofío Ramírez, y fue apoyado, obviamente, por el Senador del PVEM, Juan Gerardo Flores.


Se presentó una reserva mediante la que se agregó un artículo Décimo Segundo Transitorio a la Ley Federal de Derechos (LFD), para establecer que el Ejecutivo Federal en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberán solicitar al Congreso de la Unión su anuencia para fijar el monto de la contraprestación por el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico en la banda de 700 MHz y de 2.5 GHZ, lo que a todas luces contradice la voluntad del Poder Reformador de la Constitución para que sea exclusivamente el nuevo Instituto quien, en ejercicio de su plena autonomía y especialización, determine qué ingreso debe recibir el Estado por el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio de la Nación, bajo la consideración de que el mejor aprovechamiento y optimización del espectro requiere la concurrencia de otros criterios distintos del meramente recaudatorio.


Esta facultad fue incluso reconocida recientemente en el Comunicado 243 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (14/10/13), por el que se dio a conocer el acuerdo al que llegó con los concesionarios de la banda de 2.5 Gigahertz y en el que se señala que el IFT es el nuevo órgano “competente para la administración del espectro radioeléctrico y para el establecimiento de las contraprestaciones aplicables”.


Con la adición a la Ley Federal de Derechos se trasgrede la autonomía del IFETEL. Se traicionan, además, los principios consagrados en los artículos 6� y 28 de la Constitución, que rigen la rectoría económica del Estado para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, al privilegiar el criterio recaudatorio y el factor meramente económico sobre las condiciones de máxima competencia y libre concurrencia para asegurar el menor precio de los servicios en beneficio de los usuarios finales.


Con la aprobación de este transitorio está ante nuestros ojos una nueva cesión gubernamental a las televisoras, quienes fueron las que más pujaron por este cambio; sólo baste leer a sus plumas pagadas para darnos cuenta de la manera en que los legisladores han reproducido sus argumentos. He ahí el pago a la televisión por el valioso servicio de silenciamiento y censura a las voces disidentes en torno a la Reforma Fiscal.


Frente a esta traición a la Reforma de Telecomunicaciones, los senadores y diputados que estamos convencidos de la pertinencia de la autonomía constitucional del nuevo órgano regulador y de sus principios rectores, debemos someter a examen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una acción de inconstitucionalidad, la indebida adición que ahora denuncio, y es de esperarse que en salvaguarda y protección de su deber, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, presente una controversia constitucional en defensa de sus facultades.

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