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Transparentar al Congreso.

Javier Corral Jurado

El Universal

Signo inequívoco del asentamiento de la democracia en nuestro sistema político, es el papel central, y en no pocas ocasiones definitivo, del Poder Legislativo en decisiones fundamentales, de esas que pueden modificar incluso el curso de la economía. La reforma fiscal y hacendaria ha mostrado la importancia de la integración del Congreso de la Unión y también ha revelado la vulnerabilidad de una institución que carece de reglas básicas para transparentar su funcionamiento, mostrar el ejercicio detallado de los recursos económicos y delinear con claridad el límite entre negocios privados e interés público.

En las distintas etapas de nuestra evolución parlamentaria, el dinero ha merodeado curules y escaños; ha sido el “aliciente” más recurrente para controlar, disciplinar, uniformar el criterio legislativo. Por supuesto han estado también presentes los motivos de la cohesión partidaria, la unidad frente a los adversarios, las razones de Estado. Pero no hay duda que en el intercambio de dádivas a los legisladores, los intereses estrictos han modulado, detenido o confeccionado a su medida proyectos legislativos. La ley Televisa es la reina de ese bajo mundo.

El Congreso se ha convertido en el vértice del poder contemporáneo de la Nación, con definiciones que trastocan esquemas, relaciones de poder e intereses económicos muy grandes, por lo que su actividad no puede seguir estando al margen de disposiciones normativas que el propio legislativo ha previsto para los demás poderes y niveles de gobierno. Me refiero a los elementos básicos de un sistema de rendición de cuentas, en los que de manera prioritaria se enliste la transparencia total de los recursos que los grupos parlamentarios reciben del erario público, los diferentes apoyos, compensaciones, viajes, asesorías; un registro pormenorizado de los intereses profesionales, económicos y familiares de cada legislador para evitar tanto el tráfico de influencias como el propio conflicto de intereses. Si los cabilderos externos – sin reglas para encauzar debidamente su acción de interlocución – acechan preocupantemente al Congreso, lo más delicado son los cabilderos disfrazados de legisladores. El contubernio entre éstos es demoledor para el interés público.

La importancia creciente del Congreso le está imprimiendo a la vez un sello de captura cada vez más fuerte por parte de intereses creados, grandes compañías nacionales y trasnacionales a través de mecanismos de lobby están imponiendo una dinámica cada vez más parecida a la norteamericana. Es necesario actuar para que ni el Estado, vía la férrea disciplina de partidos, ni los partículares a través del mercadeo de voluntades, impongan decisiones por encima de la razón y por abajo de la dignidad.

Junto con otros colegas senadores de diversos partidos, presenté la semana pasada una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que busca hacer frente a la primera parte del problema, atendiendo tres aspectos fundamentales: : 1) La transparencia en el uso y destino de los recursos públicos que reciben los Grupos Parlamentarios, 2) Rendición de cuentas a la sociedad, y 3) Regular los conflictos de intereses.

En este sentido se establece el deber que tienen los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión de realizar su labor de representación política de manera desinteresada, transparente y evitar influencias contrarias al interés general y que su desempeño se apegue a los principios establecidos en el Título Curto de la Constitución, De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.

Se establece que existirá un conflicto de interés cuando los diputados o senadores tengan un beneficio personal directo o bien, beneficios indirectos a través de interpósita persona, su cónyuge, concubina o concubinario, familiares en línea recta o colaterales hasta el tercer grado.

Así mismo, aquellos legisladores que se encuentren o crean encontrarse en un conflicto de interés, tendrán la obligación de excusarse absteniéndose de votar y notificarlo a la Junta de Coordinación Política para que se realicen, en su caso, las modificaciones en la integración de la Comisión, como lo prevé el artículo 47, fracción XIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Se incorpora un artículo 13 Ter a la Ley Orgánica del Congreso, con el objetivo de que los legisladores no obtengan beneficios económicos indebidos en la realización de sus funciones de representación política o bien, realicen actos en contra de los intereses de la Cámara a la que pertenezcan o del Congreso de la Unión.

Se señala la obligación de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y Senadores, así como legisladores que las conforman (incluidos los independientes), de informar mensualmente sobre el uso y destino de los recursos con los que cuentan, así como de informar semestralmente a la Contraloría Interna de la Cámara para que efectué las auditorías correspondientes, cabe señalar que esta información será pública y estará de forma accesible y permanente, con la intención de cumplir con los principios de máxima publicidad. Deberán informar detalladamente en qué y cómo fueron utilizados los recursos recibidos, distintos a los de su dieta.

Las Cámaras del Congreso deben ser ejemplo de transparencia sobre los recursos económicos que ejercen y en las tareas que realizan, pues cuando se dejan de regular la transparencia, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, queda en peligro la legitimidad del Poder público y la legitimidad de los representantes populares.

 

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