Javier Corral Jurado
El Universal
En lo que podría considerarse un dudoso honor, debido a la tragedia que le origina, México se ha colocado a la vanguardia en la legislación que impone la obligación al Estado de atender a las víctimas del delito y de violación a los derechos humanos, como sujetos individuales o colectivos de protección, ayuda, asistencia o reparación integral. La ley que se promulgó en enero de este año y que a los tres meses fue objeto de una cirugía mayor, tiene atrás de estos dos momentos legislativos, la historia de sufrimiento y dolor que se convirtió en coraje y activismo social de varias organizaciones ciudadanas, cuya mayor visibilización se la debemos al Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad, y a Javier Sicilia, el poeta que supo “que lo primero es ser hombre, y lo segundo poeta”.
La ley tiene una manufacturada avanzada porque incorporó una visión integral de reparación que comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. “Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante”.
Los derechos de las víctimas no sólo son procesales, sino todos aquellos que permiten a la persona, por lo menos, volver a la mayor autonomía posible, regresar a su cotidianidad, ayudar a que desaparezca el estrés postraumático y de disociación. Nunca se le podrá devolver al estado que tenía antes de la comisión del delito, pero sí se puede y debe evitar la revictimizacion o estigmatización. En el centro del objeto de la ley está reestablecer la dignidad humana lastimada.
Pues ahora la ley atraviesa una etapa clave, el momento de materialización de uno sus retos más importantes. La conformación del órgano encargado de darle vida a la ley, de concretar en el campo de los hechos, sus principios; lo que aparece como una tarea monumental frente a la arraigada cultura de la impunidad. En el 99% de los casos denunciados ante las autoridades no hay sentencias condenatorias. Se trata de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, integrada por siete comisionados y de la que depende la administración y vigilancia del fondo – previsto para el 2014 con una asignación de cerca de 500 millones de pesos-, la asesoría jurídica federal y el Registro Nacional de Víctimas. El artículo 84, la concibe como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Su encomienda es la de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece la Ley.
El Ejecutivo federal ha enviado al Senado siete ternas, y se elegirá uno por cada vacante por el voto de las dos terceras partes de los presentes. El proceso inició con una convocatoria pública en donde han participado con propuestas las universidades públicas, organizaciones no gubernamentales y organismos públicos de derechos humanos. Cuatro de los siete comisionados deberán ser especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia, y los otros tres deberán representar a colectivos de víctimas. Ayer se desahogaron las comparecencias de los candidatos en sesión de comisiones unidas de justicia y gobernación del Senado, dentro de un proceso escrupuloso y transparente que ha incluído opiniones por escrito de organizaciones o actores de la sociedad civil sobre el cumplimiento de los principios de veracidad, licitud, oportunidad y pertinencia de los aspirantes. También se exigió una carta en la que se pronuncien, bajo protesta de decir verdad, sobre la existencia de circunstancias profesionales que puedan implicar un conflicto de intereses entre su potencial cargo como comisionados y su práctica privada. Ese proceso de retroalimentación está abierto aún en la página de la Comisión de Justicia.
Debo señalar que las ternas ofrecen un muy buen universo de alternativas porque han sido bien integradas, están robustas en experiencia, trayectoria y compromiso en la lucha por los derechos humanos. Ello me genera la expectativa de concresión de la ley, sobre todo en el derecho de acceso a la justicia. Se necesita un órgano fuerte, porque batallará permanentemente contra de un sistema de procuración de justicia, ineficaz, anacrónico y en una gran proporción, corrupto.
Quienes resulten electos esta semana por el Senado deberán proponer de inmediato, al Sistema Nacional, una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos; deberán asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales. Mayúsculo reto; lo importante es que hay tela de donde cortar. Ya daremos cuenta de los elegidos.
