Javier Corral Jurado
La Silla Rota
Una renovación de métodos eleccionarios y un rediseño de órganos directivos, con nuevas facultades y funciones. Será también una redistribución del poder partidario, reacomodará fuerzas y modificará significativamente la relación entre la militancia y sus dirigentes. Nacida en un parto difícil y doloroso, para algunos, no deseada y con intentos de abortarla, la reforma estatutaria que aprobó la asamblea nacional del PAN el 10 de agosto pasado, es las más relevante de las que se han verificado en los últimos treinta años.
Las convulsiones que se desataron en la continuación de la XVII asamblea nacional, dan cuenta de las resistencias que varios de los cambios propuestos generaron en algunos grupos. Sobre todo el que pone en manos de la militancia la elección directa de los dirigentes municipales, estatales y del Comité Ejecutivo Nacional, y el que federaliza el Consejo Nacional. Porque quienes pretendieron descarrilar la asamblea e incluso llamaron desde sus discursos a abandonar el auditorio, en nombre “de la reforma original de voto directo”, lo que buscaban en el fondo es que no saliera ninguna reforma y se mantuviera el status quo.
Consciente de que la propuesta que formulé el 15 de marzo pasado, aclamada por la Asamblea, había sido cercenada en una parte muy importante, resolví apoyar el proyecto que finalmente se presentó porque hice una valoración del conjunto de la reforma y del paso que representa la elección directa del Presidente, el Secretario general, y sus más cercanos colaboradores. También me hice cargo de la contradicción que se introdujo durante la primera parte de la asamblea (el 15 de marzo) entre el artículo 11 y el 28 de los estatutos; inducida de manera indebida, pero consentida por la misma militancia que horas antes había votado otra cosa. Lo expliqué en un artículo publicado el martes 6 de agosto y que puede consultarse en mi página de internet 143.198.48.211
Resolví con sentido práctico, sin alejarme de una ética de la responsabilidad, justifiqué que la reforma vale y es un avance, aún mutilada. Que tendrá consecuencias y efectos insospechados en una enmohecida burocracia partidista que se ha apoderado de decisiones fundamentales. Y que está inscrita además en un conjunto de adecuaciones e innovaciones normativas que sin duda ayudarán a renovar el rostro de Acción Nacional.
Efectivamente, no responde en toda su dimensión al tamaño del problema que planteó el proceso de reflexión para la mejora del partido tras la derrota electoral del 2012, pero sí es una reforma que contribuirá a flexibilizar algunos procesos que han tenido amarrado al partido a normas desfasadas y que ayudará a debilitar las lamentables prácticas de manufactura priista que se habían presentado en nuestra vida interna.
Lamentablemente tras la celebración de la Asamblea, la opinión pública y una buena parte de la militancia panista se ha quedado con lo anecdótico de las pasiones desbordadas en la Arena de la Ciudad de México y sólo se hace hincapié en los actos de radicalismo y vandalismo que protagonizaron algunos. Ciertamente se cometieron errores en la conducción de esos debates, y mucho más, en la forma de dar a conocer los resultados de la votación que aprobó en lo general la reforma. El apresuramiento y fórmula para cantar la evidente mayoría, irritó a los opositores e incluso despertó inquietud entre los apoyadores, pero es absolutamente comprobable mediante filmaciones videograbadas que las cartulinas que se alzaron con el “SI” constituyeron las dos terceras partes de los delegados acreditados. Ahora lo que falta es profundizar en los contenidos y apropiárnoslos para su puesta en práctica, así como un seguimiento escrupuloso en su reglamentación.
Además, del trascendental cambio que confiere a los militantes el derecho de elegir a sus dirigentes, también se vuelve al método ordinario para postular candidatos a puestos de elección popular, en el que será también el voto directo de los militantes el que impere; las designaciones serán excepcionales.
La segunda modificación más importante es la descentralización del Consejo Nacional: La proporción de Consejeros Nacionales que serán electos en los estados aumenta de 50% a 90% y federaliza competencias, reduciendo facultades de los órganos nacionales que se trasladan a las entidades. De los 300 integrantes que componen este órgano, de acuerdo al Artículo 25, 270 serán directamente nombrados por las Asambleas Estatales y ratificados por la Asamblea Nacional, mientras que los 30 restantes serán propuestos por la Comisión Permanente.
En el artículo 26 se desarrollan los criterios de la distribución:
a) Del total de 270, cada entidad elegirá el número de consejeros que le corresponda al ponderar los siguientes factores:
I. Noventa Consejeros se distribuirán de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos por el Partido Acción Nacional en la entidad en la última elección de diputados federales, en relación con el total de votos emitidos en la misma, dividida entre la suma de dichos porcentajes, y;
II. Noventa Consejeros se distribuirán de acuerdo al porcentaje de votos que la entidad aporta a la votación nacional del Partido, de acuerdo con la última votación para la elección de diputados federales;
III. Noventa Consejeros se distribuirán de acuerdo al número de militantes que tenga el Partido en la entidad con respecto al padrón nacional.
b) Mediante Asambleas Municipales celebradas al efecto se podrá proponer a la Asamblea Estatal la cantidad de candidatos que determine el Reglamento respectivo, obteniéndose una lista de candidatos que será votada en la Asamblea Estatal conforme a la Convocatoria Nacional y Estatal correspondiente.
Se votará por el 40% del número de Consejeros a que tenga derecho la entidad de que se trate.
Las fracciones se redondearán de acuerdo a la unidad más próxima.
c) Los Consejeros Nacionales electos serán ratificados por la Asamblea Nacional que se reunirá a más tardar dentro del mes siguiente a la celebración de la última Asamblea Estatal a que se refiere el inciso a) del presente artículo;
Este órgano será el que elija a los miembros de la Comisión Permanente, figura que si bien es cierto ya se contemplaba en el estatuto, estaba desprovisto de facultades importantes. Ahora será en éste ámbito donde se intensificará la deliberación de la agenda política, la agenda legislativa y la estrategia electoral del Partido.
La reforma también moderniza y ciudadaniza la afiliación. Elimina la figura de miembros adherentes para darles a todos sus miembros derechos plenos. Elimina discrecionalidad y rigidez en la afiliación y el control del padrón de miembros, y establece más candados contra la afiliación corporativa. Ahora el refrendo y depuración será automática de los miembros mediante la participación directa de sus miembros en las actividades del Partido y las dirigencias municipales, estatales y nacional, estarán obligadas a organizar permanentemente actividades de capacitación, trabajo electoral y comunitario para que los militantes participen y refrenden su militancia.
Ahora bien, para votar en cualquier elección, asamblea o convención deberán haber transcurrido 12 meses después de ser aceptados.
Lo importante es que ahora la afiliación se puede realizar en cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente y si éstos negaran el registro, el aspirante o el solicitante podrá acudir directamente al Registro Nacional de Miembros a realizar el procedimiento.
Con esta modalidad se pretende acabar con un dique, un filtro que han establecido los grupos en sus Comités locales donde han aplicado criterios selectivos para abrirle o cerrarle el paso a nuevos militantes según sus conveniencias.
En otros cambios se garantiza la cuota de género en todos los puestos de elección popular y en todos los procesos de elección de órganos de dirección; sanciona de manera contundente y oportuna a los militantes que cometan actos de corrupción en funciones públicas; mejora los mecanismos internos para solución de controversias, evitando así juicios en tribunales y refuerza el principio de transparencia en la vida del partido al otorgarle mas derechos a los militantes y mayores obligaciones de transparencia a las dirigencias.
Una vez aprobada por las dos terceras partes de la Asamblea, corresponde ahora turnarla al Instituto Federal Electoral para que este sancione las reformas y en su caso haga las observaciones o las valide. Tras este trámite legal se tendrá que convocar a un nuevo Consejo Nacional según el nuevo estatuto, este podría estarse eligiendo entre finales de noviembre o principios de diciembre y luego convocarse a la renovación de la Dirigencia Nacional lo cual es posible que se programe para febrero del año que entra.
Cuando en el título de éste artículo uso la palabra “aggiornamento”, lo hago en la acepción más amplia de la palabra, que viene del italiano, derivada de su raíz giorno, que significa día: quiere decir puesta al día. Y eso es lo que creo que ha hecho también Acción Nacional con esta reforma, lo actualiza en más de un sentido, sin dejar el vínculo de su origen y la validez de sus principios.