Javier Corral Jurado
El Universal
El pueblito de Creel, en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, es uno de los más pintorescos en la ruta del tren Chihuahua al Pacífico. La mayoría de su población es indígena que conserva con gran fervor las tradiciones rarámuris. El turismo hace de esta estación ocasión para pernoctar, su ubicación es estratégica en el conjunto de las maravillas naturales que lo rodean, podríamos decir que se trata del corazón de la Sierra Tarahumara.
Este pueblo fue sacudido hace cinco años por una violencia brutal, cuando el 16 de agosto de 2008 un comando armando masacró a 13 personas, entre ellos, un niño de un año cuatro meses que murió en los brazos de su padre. Desde aquel horror, impune hasta ahora, la población no ha tenido calma no sólo por la justicia denegada sino porque la violencia continúa y las mafias delincuenciales se han escriturado para sí el territorio completo. Son los amos y señores de la región.
En su momento, Creel despertó la atención nacional y conmovió por unas cuantas semanas a las autoridades que focalizaron esfuerzos para abatir la inseguridad. Pero este pequeño pedazo de la sierra chihuahuense es una muestra lacerante —a partir de aquella tragedia—, de que hay zonas de absoluta impunidad donde lejos de erradicarse o disminuir la delincuencia, ésta se multiplica y extiende hacia toda la región serrana. Se ha convertido en una zona de incubación de grupos que tienen en las autoridades locales no a sus perseguidores, sino a sus cómplices.
Las respuestas del gobernador César Duarte son cínicas e irresponsables; para salir al paso de su fracaso en la principal promesa que realizó durante su campaña, no sólo tiene tendida una conspiración del silencio en los medios de comunicación sobre los hechos violentos, sino que trata de minimizar cualquier denuncia o protesta, descalificarla sin más. Dijo con absoluta falta de respeto por las víctimas: “Hay quienes incluso desde lejos pretenden descalificar a Chihuahua, habría que revisar que intereses persiguen, si nada más que le vaya mal al gobierno, que le vaya mal a Chihuahua o que le vaya bien a otros”.
Duarte pretende ignorar que en mayo pasado, el gobierno de España actualizó su alerta de viaje a México en la que calificó de especial peligrosidad la zona mejor conocida como el Triángulo Dorado que incluye a municipios como Guadalupe y Calvo, Batopilas, Guazapares y Morelos. Tan solo el 12 de junio, mismo día en que envié una carta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para alertar sobre la situación de violencia en el Estado, fue localizado en la sierra de Chihuahua el cuerpo de Jaime Orozco Madrigal, candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe y Calvo. En esa misiva destaqué la crisis que la violencia ha provocado en sectores como el de la salud, pues el 10 de junio se dio a conocer que al menos 40 médicos e igual número de enfermeras abandonaron sus consultorios en 19 municipios serranos por temor a ser secuestrados o asesinados por grupos del crimen organizado. Inesperadamente, mi solicitud de intervención inmediata fue turnada a Pedro Joaquín Coldwell, secretario de energía. Servidor público respetable y de todo mi afecto, pero sin competencia ni atribuciones en la materia, sólo escuchó a lo largo de un par de horas relatos del terror que viven los pobladores de mi Estado.
Ahora circula a través de las redes otra carta, firmada por más de mil habitantes del poblado de Creel y en la que se nombra a Salvador Bustillos, presidente seccional de Creel, y al padre jesuita Javier Ãvila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., “para que sean ellos los contactos para recibir cualquier respuesta de las autoridades”. En esta se hace una desesperada exigencia para poner fin a la ola de violencia que azota a los pobladores, “…Entre la gente del Municipio de Bocoyna hay temor de hablar, como hay temor de escribir puesto que no vemos resultados claros y efectivos a las múltiples denuncias que más de una persona, una organización de derechos humanos, familias enteras han interpuesto luego de sufrir muertes, secuestros, asaltos, y han tenido como única respuesta otra muerte, otro secuestro, otro asalto en venganza a la búsqueda y urgencia de justicia que la sociedad sigue teniendo a flor de piel. Se desalienta la denuncia y se genera cada vez más desconfianza hacia las instituciones. Pareciera que en México nuestros derechos se han convertido en favores”.
“Reprobamos cualquier muerte y vemos que no es el camino para acabar con el delito, pues ni la inseguridad ni las muertes disminuyen en nuestra región a pesar de los datos que la prensa y los gobiernos presentan como reales. Para quienes desconocen la realidad, las estadísticas son definitivas y absolutas; para quienes vivimos la realidad, las estadísticas son simples indicadores pero no verdades absolutas. Y en nuestro Municipio seguimos padeciendo la inseguridad porque no se ven resultados claros frente al clima de delincuencia e inseguridad constante que vivimos hace más de 5 años. Esto no es Cd. Juárez ni la Cd. de Chihuahua; en Tarahumara los medios no están tan presentes y la gente calla los constantes delitos que se padecen. De ahí los juicios equivocados sobre la disminución de la violencia. Aquí se padece a diario y sólo los habitantes la documentamos”.
“No podemos vivir con entusiasmo en una región y en un Estado tan golpeado como el de ahora. De hora en hora uno espera las noticias. No podemos evitar leer los periódicos, ver la televisión, escuchar la radio, y no sentirnos oprimidos por la preocupación sobre el destino de parientes cercanos y amigos. No se puede callar, no se pueden cerrar los ojos, no se puede voltear la cabeza y fingir no ver. Vivimos entre el horror y la desesperanza, sin que nadie del Estado pueda parar tanta ignominia, tanta ola criminal, tanta muerte violenta, mientras se grita a los cuatro vientos que ha bajado la ola del delito. El monstruo sigue creciendo, no se ven respuestas efectivas de las autoridades, y amigos queridísimos, vecinos, parientes y demás ciudadanos siguen cayendo. El pueblo rarámuri sigue agredido y lastimado y no son las Cruzadas ni las despensas las que les regresarán lo robado: la verdad, la justicia, la seguridad, sus derechos. Pequeñas en edad escolar son agredidas y violadas sin ninguna esperanza de justicia y atención, etc”.
Hay una evidente intención de las autoridades locales y federales por trasladar a la sociedad mexicana la idea o percepción de que la violencia y la criminalidad se ha contenido, incluso que sus niveles delictivos han disminuido. ¿Tendrá que venir otra tragedia como la suscitada hace 5 años en Creel para desvelarnos el engaño y la indolencia oficial? Espero que eso nunca vuelva a ocurrir y que de una vez por todas, el gobierno federal haga a un lado la protección que ahora brinda al gobernador César Duarte e intervenga directamente en Chihuahua en auxilio de esas voces que claman justicia y seguridad.