Javier Corral Jurado
La Silla Rota
Es menester decir de entrada que, desde una visión estrictamente económica, en la reforma de telecomunicaciones y la radiodifusión, la Televisión recibió un trato más cuidadoso de sus intereses, que el sector de la telefonía.
Las medidas de desincorporación de activos, desagregación o desinversión de partes accionarias le aplicarán prácticamente de manera exclusiva al mastodonte de las telecomunicaciones; no será así para la Televisión, pues las adiciones constitucionales no otorgan ni siquiera los elementos básicos para declarar dominante (agente preponderante) a la mayor empresa de televisión del país, paso previo para imponer las medidas que parten los monopolios.
También el modelo de convergencia planteado por la reforma, del que se esperaría un competidor inmediato a la TV por la vía de modificar el título de concesión a Telmex para que pueda dar televisión mediante la nueva figura de la “concesión única”, deberá esperar un largo rato pues las medidas de convergencia y competencia no serán simultáneas como estaba planteado originalmente en los compromisos del Pacto por México. Primero irá la televisión a la telefonía, y luego, si logra sortear todos los requisitos impuestos en el párrafo tercero del artículo cuarto transitorio, podrá la telefonía ofrecer el servicio de televisión. En realidad, Telmex, pues ese artículo está dirigido al agente económico preponderante.
Lo que hace la reforma frente al duopolio de la Televisión abierta es oponerle una competencia para el futuro a partir de dos nuevas cadenas de televisión, abrir al cien por ciento la inversión extranjera en comunicación vía satélite y hasta el cuarenta y nueve en radiodifusión, así como la obligación de retransmisión gratuita de señales abiertas en sistemas de paga. No es menor frente a la realidad actual, pero es evidente que del diseño original de la reforma, sobre la base de “un modelo equilibrador de mínimos entre los grandes”, se produjo una asimetría, acrecentada por las rebajas al modelo regulador que los personeros de las televisoras lograron en su paso por las cámaras del Congreso. Es el desequilibrio al que me referí en mi intervención en la tribuna del Senado de la República durante la discusión en lo general del dictamen y lo traigo a colación porque delimita los alcances de los cambios constitucionales, pero también demuestra la capacidad de influencia de la Televisión, particularmente Televisa, en el actual entramado gubernamental.
Resulta hasta ridículo que algunos actores priístas sugieran que su regreso al poder ha puesto en su lugar a los monopolios comunicacionales. Es falso que el nuevo gobierno o el Presidente de la República Enrique Peña Nieto haya roto con la Televisora y se haya resquebrajado el acuerdo esencial de protección reciproca, como una de las principales cláusulas de la hipoteca mercantil que celebraron desde la precampaña del hoy Presidente de México. Esa colusión de intereses sigue viva y actuante, tiene un nuevo y vergonzoso capítulo que demuestra el largo trecho que aún falta por recorrer para poner fin a los privilegios y canonjías de los señores de la televisión y hacerlos que se sometan desde ahora a un escenario de competencia, regulación estatal e igualdad ante la ley.
La semana pasada se confirmó el desenlace de un proceso maquinado desde hace algunos años entre autoridades hacendarias y la empresa de Emilio Azcárraga Jean: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria condonó a Televisa un crédito fiscal de 3 mil 334 millones de pesos, a través del programa “Ponte al Corriente”. Sólo pagó el 10 % de la deuda, 343 millones 254 mil pesos.
La historia tiene su principal estación el 17 de diciembre de 2012 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Ley de Ingresos de la Federación vigente a partir del 1 de enero de 2013, la cual contempla en el Capítulo I De los Ingresos y el Endeudamiento Público, un artículo Tercero Transitorio que dispone: “Se condona total o parcialmente los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales cuya administración corresponda al Servicio de Administración Tributaria, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago.”
El 19 de febrero de 2013 apareció en el Diario Oficial de la Federación la primera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal para 2013 mediante el que se adiciona el capítulo titulado “De la condonación prevista en el Transitorio Tercero de la LIF” y se pone en marcha el Programa “Ponte al Corriente” que consiste en:
Para el ejercicio 2006 y anteriores, dichas disposiciones condonan el 100% de recargos, multas y gastos de ejecución, un 80% de las contribuciones, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales distintas a las de pago y hasta un 100% si fue objeto de revisión en los años 2009, 2010 y 2011, sin observaciones o, habiéndolas, hayan sido pagadas y se encuentre al corriente.
En los ejercicios de 2007 al 2012 condonan el 100% de recargos y multas, así como de multas por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.
Para el ejercicio 2013 condona el 60% de multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales distintas a las de pago, siempre y cuando sean pagadas dentro de los 30 días hábiles siguientes a su notificación.
Del programa que se puso en marcha el 19 de febrero y concluye el próximo 31 de mayo, Televisa resultó casualmente ser el deudor más beneficiado, pues entre 27 mil contribuyentes que se han acogido al programa, obteniendo poco más de 55 mil pagos con un importe superior a 11 mil millones de pesos, sólo la empresa de Televisión aportó 343 millones, relevante de manera individual en el conjunto de lo recaudado, precisamente porque de esa proporción también fue el descuento.
Ese ha sido el modus operandi del duopolio televisivo; se trata del mayor negocio privado a partir de la explotación de bienes del dominio de la Nación: se financia en cientos de millones de pesos al año vía ingresos por publicidad del erario público, recibe enormes bonificaciones fiscales, elude el pago de varios impuestos compensándolos con las pérdidas en otras de sus empresas – incluidas sus fundaciones y el teletón -, y cuando no paga los impuestos se los condonan. El auténtico capitalismo de compadres, en el que unos cuantos se hacen ricos, mediante favoritismos del Estado.
Por ello no nos debe sorprender que la mayor empresa de televisión de nuestro país le pague migajas al Estado por uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, por enlaces satélites, y en contraste obtenga ganancias multimillonarias. De acuerdo al reporte de la Empresa del primer trimestre de 2013, las ventas consolidadas de Televisa ascienden a $15,519.5 millones, aumentaron 2.4% en comparación con el primer trimestre de 2012 lo cual la empresa atribuye al crecimiento de sus negocios de Cable, Telecomunicaciones, y Sky. En cuanto a las ventas del primer trimestre por segmento la empresa divide los resultados consolidados en los siguientes rubros: Contenidos $6,348.1 millones, Editoriales $666.5 millones, Sky 3,826.8 millones, Cable y Telecomunicaciones 3,976.5 millones y otros negocios 995.1 millones. El rubro de Contenidos incluye la venta de Publicidad, venta de Canales, así como venta de Programas y Licencias. En cuanto a Publicidad el primer trimestre de 2013 Televisa tuvo un ingreso de $4,207.7 millones.
Por venta de canales Televisa obtuvo un ingreso de $870.9 millones, 17.3% más que el primer trimestre de 2012, lo cual se atribuye a la adición de suscriptores de televisión de paga en México.
Para el caso de venta de programas y licencias ingresaron $1,269.5 millones, 6.3% más que el primer trimestre de 2012, esta cantidad la explican entre otros elementos por el aumento en las regalías recibidas por Univisión las cuales ascienden a $57.3 millones de dólares.
En contrapartida a sus ganancias multimillonarias y en lo que constituye la mayor aberración política y legislativa hasta la fecha, Televisa le paga una bicoca al gobierno federal por el usufructo de los bienes de donde las obtiene. En el Artículo 242-B de la ley de derechos se especifica el pago anual por uso del espectro radioeléctrico, por los enlaces radioeléctricos entre estudio-planta y de estaciones móviles remotas, correspondiente a los equipos transmisores, receptores y repetidores.
Por cada frecuencia que Televisa utiliza como una estación transmisora, receptora y repetidora de enlace estudio-planta y de estaciones móviles remotas, la empresa paga la ridícula cantidad de $11,873.57. Sí, leyó bien: once mil ochocientos setenta y tres pesos.
Por cada frecuencia que se utilice para enlaces de redes públicas de radiocomunicación fija para prestar servicios públicos de televisión restringida, sistemas de televisión por cable o televisión de alta definición: $12,226.47. Por supuesto que también leyó bien: doce mil doscientos veintiseis pesos.
Esta es la brutal contradicción en la que se da la condonación a Televisa, una auténtica burla del gobierno de Peña Nieto para todo México, y de manera particular para los actores políticos que suscribimos y hemos apoyado el Pacto por México. Al mismo tiempo que se compromete un adendum para generar un ambiente político para la equidad en la competencia electoral y se compromete a “blindar” los programas sociales de fines político-partidistas, se amarra la alianza con uno de los factores más influyentes de esa competencia, fondeada con recursos fiscales dispensados. Es una factura que Televisa pagará por los siguientes seis años. Porque la condonación de 3 mil millones de pesos a Televisa se da mediante una nueva figura legislativa, ya que en las administraciones de Zedillo a Calderón se manejo la cancelación, que significaba la no ejecución de procedimientos administrativos contra los contribuyentes por incosteable su ejecución o por ser impagable el crédito fiscal. El gobierno de Peña Nieto propuso y se aprobó la figura de la condonación. El SAT mantuvo sin ejecución los créditos fiscales y al día de hoy los condonó.
Me refiero al antecedente de esta acción, en 2007 cuando el SAT realizó la mayor cancelación de créditos fiscales de la historia: por un monto de 73 mil 960 millones de pesos; lo que originó, como era de esperarse, un escándalo y la presentación de solicitudes de acceso a la información para conocer la identidad de los beneficiarios. Las autoridades hacendarias la negaron, por lo cual se recurrió al IFAI y éste ordenó la inmediata entrega de la información consistente en hacer público una relación con los nombres de las personas físicas y morales que recibieron el beneficio, así como el número de crédito correspondiente, el monto del mismo y las razones o motivos de la cancelación.
En ese entonces el informe de la Auditoría Superior de la Federación del año 2007 señalaba “Existen 15 contribuyentes que tienen más de 100 créditos fiscales y de ellos, 6 registran más de 300; en particular, un caso registró 1,453 créditos, número muy cercano a los 1,495 que en conjunto tiene el sector gobierno. Por tanto, no existe un límite para la determinación de créditos y varios de estos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya podido hacer nada al respecto.” De acuerdo al reporte de la dependencia en 2005 la suma de créditos fiscales sumaba 495 mil 807.9 millones de pesos, en este mismo informe se constataba que entre los deudores se encontraban dos cadenas televisivas que registraban créditos por mil 521 millones 821.2 mil pesos, así como una empresa editorial que acumulaba 40 créditos fiscales por un monto de 2 mil 675 millones 476 mil pesos y cuatro clubes de fútbol con 79 créditos fiscales por un monto de 2 mil 178 millones 880.2 mil pesos, entre otros contribuyentes pertenecientes al sector gobierno, personas físicas, instituciones financieras, empresas de la rama de transportes.
Esta semana la Senadora Dolores Padierna comentó en una entrevista radiofónica que la propuesta de la condonación había salido de la Secretaría de Hacienda y que “no es correcto que el director del SAT se deslinde del cabildeo que el gobierno y su partido (PRI) hicieron” al respecto. Debo recordar y reconocer que cuando la Ley se discutió en el Senado entre las reservas de la legisladora perredista se encontraba precisamente el Tercero Transitorio, pero no obtuvo la votación ni siquiera para que se discutiera. En el Senado la Ley fue aprobada en fast track con 101 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Entre los votos en contra de este asalto en despoblado, por supuesto estuvo el mío. Rechacé el albazo que negociaron los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y PRI quienes, conscientes de lo que traían las tripas de esa ley, prefirieron darle curso de inmediato sin discusión alguna.