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Telecomunicaciones, balance general

Telecomunicaciones, balance general

Javier Corral Jurado

El Senado aprobó la madrugada del pasado viernes 19 de abril, la reforma en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. De un total de 128 senadores, 118 votamos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. 4 no asistieron y 3 se salieron de la sesión. El paso es trascendental en materia de legislación: están plasmados en el texto constitucional muchos de nuestros anhelos, propósitos y propuestas tras una larga lucha por la democratización de los medios de comunicación. La reforma desarrolla varias de las vertientes que conforman el derecho de la información, que durante treinta años se mantuvo sin reglamentación y luego se quiso agotar en el derecho de acceso a la información pública.

Por si misma la reforma no transformará la estructura comunicacional del país, ni los fenómenos de concentración; para materializar sus propósitos será necesario un trabajo monumental de ajuste a diversos cuerpos normativos en la legislación secundaria y por supuesto la ley reglamentaria, que deberá ser una sola para las telecomunicaciones y la radiodifusión expedida dentro de los siguientes 180 días a la publicación de la reforma constitucional.

En estas últimas semanas a través de mis artículos he abordado los avances, e insistí en correcciones y adiciones necesarias, algunas se han logrado y otras quedan para la batalla que sigue. Puedo afirmar que en el Senado logramos que se incorporaran por diferentes flancos figuras esenciales que demandaron Organizaciones de la Sociedad Civil.

En este sentido hubo adiciones importantes, tal es el caso de la recuperación de la redacción del artículo 6° Constitucional fruto de la reforma de 1976, “El Estado garantizará el derecho a la información”, que se había eliminado tanto en la iniciativa del Pacto como en la minuta de los diputados. La adición del libre acceso a internet y se incluyó desde una base constitucional que la ley garantizará los derechos de las audiencias.

De igual forma se consiguió cumplir con una demanda añeja y es que dentro del concepto de concesiones de uso social queden comprendidos los usos comunitario e indígena y se precisa que las concesiones de uso público y social serán sin fines de lucro, lo cual no impide que tengan distintas opciones de financiamiento como lo señala los transitorios de la reforma.

Se logró acotar los “chipotes secretariales” al homologar que tanto las opiniones del Secretario de Comunicaciones y Transportes (para concesiones) como las del Secretario de Hacienda (para contraprestaciones) no sean vinculantes y deban emitirse en 30 días, para lo cual se precisa que ante la falta de opinión de éstos, el Ifetel continuará los trámites correspondientes. Este es un cambio importantísimo pues abona a salvaguardar la autonomía constitucional del órgano regulador.

Una inquietud constante mostrada en las Consultas Públicas fue el “súper-poder” que podrían adquirir la Cofeco y la Ifetel con sus nuevas condiciones, en este sentido se incorporaron importantes contrapesos como son: la obligación de  presentar anualmente un programa de trabajo, rendir informes de actividades trimestralmente, comparecencia de los titulares anualmente ante las Cámaras del Congreso y que el Ejecutivo Federal puede solicitar a éstas su comparecencia ante las mismas.

Se facultó también al Ifetel, a la Cofeco  y a los poderes de la Unión, en el artículo 105 constitucional, para ser sujetos activos y pasivos tanto en materia de acciones de inconstitucionalidad, como de controversia constitucional.

Así mismo se prevén las causales de remoción de los comisionados de los nuevos órganos reguladores por causa grave conforme a la ley, por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado; y tanto Cofeco como Ifetel contarán con una Contraloría Interna cuyo titular será nombrado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados; el presidente de cada uno de los órganos antes mencionados será nombrado por el Senado, por las dos terceras partes de los miembros presentes. La duración en el encargo de ambos órganos será de cuatro años, renovables por una sola ocasión.

Se incluyó también el carácter descentralizado del nuevo organismo que prestará el servicio de radiodifusión de servicio público, esto es, una cadena nacional de TV pública.

En su conjunto y frente a lo que ahora tenemos la reforma es un avance mayúsculo; en el balance general de su procesamiento y contenidos, valorados los faltantes y los retrocesos que sufrió en ambas cámaras en algunas definiciones, es muy buena reforma; positiva.

Ahora bien, como en toda negociación política, se dieron avances y se perdieron oportunidades de mejora. Lamento cosas que se quedaron en el tintero, y mucho más aquellas que llegaron a estar incorporadas en los borradores de la iniciativa y fueron derribadas por los presiones del duopolio de la televisión. De hecho, en estricto sentido, varios de los compromisos del pacto no se cumplieron como fueron enunciados. El haber participado en el proceso de construcción de la iniciativa, me permitió ser testigo de la manera en la que se fueron diluyendo los objetivos del Pacto.

Los compromisos enunciados en el numeral 43 y 45 del pacto se desdibujaron en gran medida. Desde horas antes que se suscribiera el pacto se cayó la gratuidad absoluta del “must offer” y del “must carry”; el compromiso de imponer límites a la concentración de mercados en radiodifusión apareció en la iniciativa sólo como límites a la concentración de frecuencias, y el compromiso de que las medidas de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión fueran simultáneas se hizo a una lado. Y en la cámara de diputados modificó el tema de la propiedad cruzada de medios.

El Senado también hizo modificaciones que le restaron fuerza al modelo regulatorio planteado por la reforma que buscaba transparentar el proceso regulatorio, evitar el fenómeno de captura regulatoria, colusión de intereses y sobre todo al de poner fin a la alta litigiosidad que se da en este sector de las telecomunicaciones y con lo que se resisten o aplazan decisiones del estado en favor de los consumidores.

En este sentido se inscriben las modificaciones tanto de eliminar el deber de dar vista al Ministerio público por parte de los órganos reguladores sobre delitos contra la competencia cuando se investiguen prácticas monópolicas, como el tema de devolver la suspensión provisional en materia de amparo a las “resoluciones” de Cofeco sobre multas y desincorporación de activos, lo que en los hechos operará para todas los casos que decide el órgano, pues cuando impone multas también dicta otras medidas; la trampa está en la redacción.

Es que en su penúltima etapa bicamaral – falta que los diputados confirmen los cambios de los dipuatdos -, estos temas fueron los que los coordinadores del PAN, PRI y PRD tomaron como punto de inflexión para sacar adelante la reforma de telecomunicaciones en una maniobra doble, por un lado congraciarse con la principal demanda de los agentes económicos vía el Consejo Coordinador Empresarial, y por otra, iniciar su deslinde con el mecanismo del Pacto por México en el que ven una restricción a sus habituales negociaciones parciales.

Estos cambios se justificaron por parte de algunos senadores en nombre de las libertades económicas, cuando en realidad protegían a un puñado de personajes que se han beneficiado por años y construido sus fortunas a través de la explotación de recursos concesionados por el Estado.

Entre los diez empresarios más ricos de México, seis son concesionarios de bienes del dominio de la Nación: Carlos Slim Helú, con Setenta y tres mil millones de dólares (Telefonía); Alberto Bailléres González, dieciocho mil 200 millones de dólares (Minería); Germán Larrea Mota-Velasco, dieciséis mil 700 millones de dólares (Minería); Ricardo Salinas Pliego nueve mil 900 millones de dólares (Televisión y Telecomunicaciones); María Asunción Aramburúzabala, cinco mil millones de dólares (Telecomunicaciones), Emilio Azcárraga Jean, dos mil 500 millones de dólares, (Radiodifusión y Telecomunicaciones).

Estoy particularmente convencido de que no pueden seguir siendo los bienes del dominio de la nación, y la concesión sobre servicios públicos, la fuente principal de la riqueza de unos cuantos y lo que se debe procurar es que no resistan la eficacia en la regulación que pretende recuperar la rectoría del Estado.

Otras mermas son la flexibilización de requisitos para acceder al cargo de comisionado en los órganos reguladores, eliminando la regla de contacto y reduciendo el período de no haberse desempeñado en ninguna empresa regulada de 5 a tres años y de 5 a uno el no haber sido miembro del Servicio Público, esto reduce los niveles con los que se pretendía en la reforma evitar el conflicto de intereses y el fenómeno conocido como “captura regulatoria”.

Con todo y lo que he descrito, cuando repaso sus más de treinta cambios relevantes, digo que debemos celebrar la reforma y considerarla como una primera etapa positiva, porque da pasos en la dirección correcta para recuperar la rectoría del Estado en este importante sector que se ha mantenido en la mayoría de sus aspectos bajo autorregulación y en otros bajo una colusión de intereses entre agentes económicos, autoridades del sector y los órganos reguladores.

P.D. Desde La Habana me llega la triste noticia del fallecimiento de Alfredo Guevara, uno de los hombres más cercanos a Fidel Castro desde el inicio de la Revolución Cubana y sin duda, una de las contadas conciencias críticas que éste escuchaba. Guevara era ya secretario del primer partido comunista Cubano, cuando en Fidel se incubaba en su mente la travesía por Sierra Maestra.

Fue un impulsor del cine latinoamericano, un sólido intelectual de nuestra identidad. Lo conocí personalmente en 1993 al frente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinemátografica cuando junto con José Luis Ortuño Gurza, participé en el XV festival internacional del nuevo cine latinoamericano, en el que “Fresa y Chocolate” – la memorable película de Tomás Gutierrez Alea “Titón”- , se llevó casi todos los premios Coral.

La clausura de aquel festival a la que acudió “El Comandante”, atestiguó el talante de Guevara en la doble faena que lo distinguió en la vida, la defensa de la Revolución y a la vez su fina crítica. Reiterada por todos lados en La Habana la frase final de los discursos de Fidel de “Patria o Muerte”, Guevara cambió el cliché cuando terminó su discurso en aquel festival: “Patria y Vida”, soltó bajo una licencia que a pocos les concedía en público el régimen cubano en aquel momento. Poco tiempo después regresé a La Habana y lo busqué, desde entonces trabamos una amistad que intercambió diálogos y libros dentro de una solidaridad esencial, que la cultura mantuviera unida la relación entre dos paises a los que la política pareció querer dividir en un momento difícil. Descanse en paz.

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