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Aciertos en la reforma

Aciertos en la reforma

Javier Corral Jurado

El Senado de la República cumplirá esta semana una cita con la historia: darle viabilidad y en su caso, si las circunstancias y la voluntad política así lo permiten, ensanchar los contenidos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
En un balance objetivo, entre haberes y faltantes —incluso considerando los retrocesos sufridos en la Cámara de Diputados—, la reforma vale la pena por las siguientes incorporaciones al texto constitucional:
1. Se adicionan al artículo 6° los contenidos del derecho a la información que consagra el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para garantizar el libre acceso a información múltiple.
2. Se establece la prohibición de la publicidad integrada al precisar que las transmisiones de publicidad o propaganda no podrá presentarse como información periodística o noticiosa, lo que se traduce en un alto a la manipulación de los medios hacia la población.
3. Se eleva a servicio público de interés general a la radiodifusión y las telecomunicaciones que implica una obligación de satisfacer necesidades públicas de carácter esencial, ya sea a cargo del Estado o particulares mediante concesión.
4. Se crea un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que preste el servicio de radiodifusión a nivel nacional, a través de una cadena pública de televisión, no gubernamental.
5. Se actualiza el artículo 7° constitucional. Desde la expedición de la Constitución de 1857, este artículo garantiza la libertad de imprenta. La nueva redacción, además de la imprenta garantiza la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, informaciones e ideas por cualquier medio: radio o televisión, teléfono o internet.
6. Se crea al Ifetel como órgano constitucional autónomo, regulador de la radiodifusión y las telecomunicaciones, con facultades claras y capacidad de sanción para poder regular a un sector muy poderoso económica y políticamente. Además se le quita la facultad al Presidente de la República para entregar concesiones, a fin que no sean criterios político-partidistas los que definan quién puede obtenerlas.
7. Se otorga autonomía constitucional a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) que es fundamental para garantizar la libre concurrencia y competencia eficiente de los mercados, así como para prevenir, investigar y combatir los monopolios y en su caso, decretar la partición, esto es, ordenar la desinversión o desagregación de empresas.
8. Las resoluciones de la Cofeco y el Ifetel sólo admitirán como medio de impugnación el juicio de amparo indirecto, el cual no admite suspensión, para garantizar la efectividad de las medidas que el Estado debe tomar y evitar su obstaculización.
9. Se prevé en el artículo 94 constitucional la creación de tribunales especializados para atender las controversias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
10. El Congreso de la Unión tendrá 180 días para expedir la legislación secundaria, hecho significativo porque supone la modernización de legislaciones que en algunos casos es de principios del siglo XX.
11. Se precisa que a nivel legal se debe promover la producción independiente, ya que en la actualidad los creadores y artistas no tienen opciones ni espacios para exponer sus propuestas.
12. Se prohibe la publicidad o propaganda engañosa o subrepticia, lo cual garantiza a la sociedad anuncios fidedignos.
13. Se establece la prohibición en materia de subsidios cruzados, que se produce cuando una empresa modifica sus precios para que los ingresos obtenidos en un servicio le permitan financiar las pérdidas que tiene en otros.
14. Se establece que cada concesionario deberá fijar tarifas mínimas para anuncios, con la intención de evitar prácticas anticompetitivas entre empresas competidoras.
15. Se incorporan bases para el acceso a la multiprogramación, mediante principios de competencia y calidad, atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo el pago de una contraprestación a favor del Estado.
16. Se establece el must offer y el must carry gratuito, el primero es la obligación de las empresas de televisión abierta de dar sus canales a las empresas de televisión de paga, de forma gratuita, en tanto que el must carry se refiere a la obligación de los operadores de televisión de paga de transmitir las señales de las empresas de televisión abierta, con publicidad incluida.
17. Se propone la expedición de un solo ordenamiento para la radiodifusión y las telecomunicaciones, esto es, una sola ley convergente indispensable para formar criterios únicos en la prestación de servicios comunes.
18. Se promueve la licitación de dos nuevas cadenas nacionales de televisión, lo cual representa la posibilidad de una diversidad de medios con contenidos variables, promoviendo para el futuro una mayor competencia en la televisión.
19. Se abre la inversión extranjera directa en radiodifusión con cláusula de reciprocidad.
20. Se establece la figura de concesión única, ya que se trata de pasar a la convergencia plena, con las condiciones y prestaciones correspondientes que imponga el Estado.
Por todo lo anterior, la iniciativa presentada es una de las mayores concreciones del derecho a la información. Los legisladores debemos tener claro que en este proyecto no hay que dar ni un solo paso atrás, todos han de ser hacia adelante para incluir, corregir o complementar, para lograr no sólo la competencia económica, sino la diversidad de medios, la pluralidad de contenidos y los derechos de las audiencias.

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