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Telecomunicaciones: correcciones y adiciones

Telecomunicaciones: correcciones y adiciones

Javier Corral Jurado

No hay duda de que la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, presentada el pasado 11 de marzo en el marco del Pacto por México, y aprobada por la cámara de diputados el  21 del mismo mes, representa un avance histórico, por significativo, al incorporar temas esenciales de la larga lucha por el derecho de la información y da bases que de cumplirse en la legislación secundaria detonarán el esperado proceso de democratización de los medios de comunicación electrónica.

La reforma tiene como objetivo esencial recuperar la rectoría del Estado en la administración y regulación eficiente del espectro radio-eléctrico, partir el monopolio de la telefonía a partir de medidas de desincorporación de empresas y desagregación de su infraestructura, y promover, para el futuro, una mayor competencia en la televisión. Da un vuelco modernizador a los artículos sexto y séptimo de la Constitución, y destaca la definición de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general, lo cual traza una ruta inequívoca para el legislador, pues no es lo mismo legislar sobre una “actividad de interés público”, que sobre un “servicio público”. Mientras que el servicio público debe ser garantizado por el Estado en condiciones de equidad y cobertura universal, la actividad de interés público tiende a ser sólo fomentada o promovida. La reforma ordena desplegar una red abierta de venta de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, de carácter público, con lo que se busca garantizar el acceso de toda la población a la banda ancha en internet. Hay también un avance considerable en el reconocimiento de los medios públicos.

No hay duda que constituye un avance mayúsculo en relación con lo que actualmente tenemos. Debemos celebrar el paso, pero no creer que hemos concluido el recorrido y llegado a la meta; el mayor reto es su legislación secundaria, la letra chiquita, por donde le gusta andar al señor diablo.

En la hora precisa de su responsabilidad, esta semana el Senado de la República deberá dictaminarla en comisiones y aprobarla en el pleno. He llamado a mis compañeros de bancada a respaldar los contenidos esenciales de la minuta, a preservar el modelo que propone a partir de un órgano constitucional autónomo y también a robustecer algunas disposiciones que mejorarían indiscutiblemente la obra legislativa, sobre todo para cumplir uno de los objetivos que desde el PAN se le ofreció a los órganos directivos, a los militantes y a nuestros simpatizantes: combatir el monopolio de la opinión pública a manos del duopolio de la televisión, objetivo en el que la reforma entrega cuentas menores.

Conozco las negociaciones, los múltiples borradores y las presiones que terminaron desequilibrando en favor de la televisión la reforma. Aún no se había firmado el pacto, cuando en la madrugada del 2 de diciembre, los negociadores se dieron la primera doblada y se cayó uno de los tres temas cruciales: la gratuidad absoluta del must carry y del must offer. Aunque nos ofrecieron corregir el asunto nunca más lo pudieron levantar, Televisa no le autorizó al presidente Peña Nieto el paso fundamental de la competencia plena, por más que Emilio Azcárraga le diera la “bienvenida” en su cuenta de Twitter.

Esto ha impedido que pueda disimular o esconder mi crítica en medio del festejo. Celebro por supuesto lo que hemos avanzado, porque ver plasmados en la Constitución ideales por los que uno ha luchado tanto tiempo, es muy satisfactorio; pero atempero la magnificación y deploro el engaño con el que se ofrecen o traducen efectos que no provendrán al menos de algunas redacciones de esta reforma, quizá lo logremos en la legislación secundaria, pero tampoco me hago ilusiones: lo que en ésta reforma constitucional y en su articulado transitorio no quede debidamente mandatado, será muy difícil incorporarlo. Bajo el requisito de la simple mayoría, los negociantes de la política hacen su agosto. Es penoso decirlo así, pero es una realidad.

Desde el apoyo acrítico a la reforma se pide que el Senado de la República debe respaldar la minuta y aprobarla en sus términos, para que los avances no se caigan y no volvamos al escenario de no tener nada. Es una lógica impecable sobre todo viniendo de quienes hemos acumulado tantas frustraciones en este esfuerzo, y se nos ha hecho desdichada la lucha e incluso nos hemos vuelto amargos entre nosotros mismos;  ya tenemos derecho a ver una, convencidos de que a partir de ésta podemos desatar otras después.

Suscribo la premisa anterior, pero en mi caso estoy convencido de que el Senado debe realizar cambios necesarios a la minuta, y que debemos hacer ese esfuerzo sin que se arriesgue la reforma o que por éste motivo se pretenda diferir la aprobación en el actual periodo. Esto se vuelve imperativo sobre todo ahora que en su paso por la cámara de Diputados la iniciativa tuvo modificaciones regresivas, y contrarias a los objetivos del Pacto por México. Ahora resulta que estamos ante un triple reto: defender y sacar adelante la reforma en sus ejes esenciales, revertir los inadmisibles cambios hechos por los diputados y tratar de adicionar definiciones que necesita la minuta. Es decir, una versión corregida y aumentada. ¿Es posible un desenlace así, sin dar pretexto a quienes buscan derribarla en el Senado de la República? Pienso que sí, por tres razones: por la viabilidad misma del mecanismo del Pacto por México, por decoro y por dignidad de la Cámara de Senadores.

Reconociendo pues la lógica y amplitud del consenso político en torno de la reforma, propongo que el Senado asuma una lógica de precisión técnica, para hacerla más sólida.

Apunto por ahora las necesarias correcciones y algunas adiciones que podrían mejorar:

(1) Hay que mantener la redacción original de la iniciativa del pacto en el tema de la propiedad cruzada de medios, porque la nueva y enredosa redacción hace ineficaz esta importantísima medida contenida en el artículo 28 de la Constitución;

(2) Debe eliminarse la opinión de la SCT en materia de concesionamiento, pues no hay ninguna razón técnica para mantener esa doble ventanilla, lo cual representa una contradicción de mandato a la autonomía constitucional que se otorga al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones;

(3) Igualmente debe eliminarse la opinión de la autoridad hacendaria para fijar las contraprestaciones para el pago de las concesiones; es un asunto delicado –también sin asidero técnico– pues otorga al Secretario de Hacienda una especie de veto de bolsillo con el que puede alargar o detener el proceso de concesionamiento, abaratar o encarecer las concesiones; tenemos ejemplos de cómo ha sucedido para cada uno de los casos que señalo. Es también una contradicción de mandato a la autonomía del Ifetel.

(4) Aunque no estoy de acuerdo en que la retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos se deba cobrar en forma alguna, así sea el dominante, considero que por lo menos debe corregirse la mal intencionada redacción de sancionar con la revocación a aquellos operadores que se “beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad del must offer”; lo que debe sancionarse son los actos de simulación.

(5) El porcentaje de cobertura de las señales satelitales debe ser a partir del 30 por ciento del territorio nacional y no del 50 por ciento como viene en la minuta. Hay resoluciones de Cofeco que han ordenado éste porcentaje;

(6) El pago de las contraprestaciones deben ser obligatorias y no “en su caso”, como lo modificaron para el caso de la multiprogramación y los servicios adicionales de telecomunicaciones; este asunto fue resuelto en la sentencia de la SCJN en contra de la Ley Televisa y quedó claro que en esta materia debe ser imperativo imponer una contraprestación y no facultad potestativa;

(7) El Plan Nacional de Espectro no puede ser facultad del Ejecutivo, se trata de otra contradicción pues en el artículo 28 se otorga plena autonomía al órgano en esta materia; (8) No sólo se debe licitar el espectro, sino las redes de telecomunicaciones y los enlaces vía satélite. Se trata de un evidente error, sólo hay que revisar la actual legislación;

(9) Dentro del Plan Nacional de Espectro debe quedar claro el mandato para disminuir la separación entre estaciones de radio y televisión, y no para “reorganizar” como quedó en la minuta;

(10) La palabra audiencia debe estar en el artículo 28 de la Constitución y no en un transitorio, y a éste criterio debe sumársele el de ingresos publicitarios y prestación de servicios de telecomunicaciones; esto con el propósito de poder definir la dominancia en televisión.

También he propuesto adicionar algunas definiciones que han quedado fuera, entre ellas: A) Dejar claro que el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluye el libre acceso a internet y la banda ancha;

B) Incorporar dentro de la fracción III del sexto constitucional el mandato de que la ley garantizará los derechos de las audiencias y de los comunicadores;

D) Adicionar a los distintos usos de la concesión, el uso comunitario e indígena;

E) Establecer una reserva de espectro de al menos un veinte por ciento para los medios de uso público, social, comunitario e indígena;

Como sectores generalmente excluidos, los medios de uso social, comunitario e indígenas requieren de garantías que les permitan tener un acceso al uso de las frecuencias para una igualdad real en el ejercicio del derecho a la libertad de información.

El alcance democrático de la libertad de expresión reconocido por la Convención Americana de los Derechos Humanos incluye no sólo el derecho de cada persona a expresarse libremente, sino también el derecho del público a recibir la máxima diversidad posible de información e ideas. Ello implica, entre otras cosas, que la regulación sobre radiodifusión contemple reservas del espectro para un sistema de medios de comunicación diverso que pueda representar, en conjunto, la diversidad y pluralidad de ideas, opiniones y culturas de una sociedad, que no son cubiertos por los contenidos de los medios de uso privado.

Los ingresos por publicidad para los medios públicos y de uso social, comunicatorio e indígena, es esencial. No es suficiente la  expresión “opciones de financiamiento”. Lo que no quede claramente establecido en esta reforma tendrá todas las complicaciones en la legislación secundaria.

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