Haberes y faltantes
Javier Corral Jurado
La iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada el pasado 11 de marzo en el marco del Pacto por México, representa un avance histórico, por significativo, al incorporar temas esenciales de la larga lucha por el derecho a la información, y da bases que, de cumplirse en la legislación secundaria, detonarán el esperado proceso de democratización de los medios de comunicación electrónica.
La reforma tiene como objetivo esencial recuperar la rectoría del Estado en la administración y regulación eficiente del espectro radioeléctrico, partir el monopolio de la telefonía con medidas de desincorporación de empresas y desagregación de su infraestructura, y promover para el futuro una mayor competencia en la televisión.
No hay duda de que constituye un avance mayúsculo en relación con lo que actualmente tenemos. Debemos celebrar el paso, pero no creer que hemos concluido el recorrido y llegado a la meta. El mayor reto es la legislación secundaria, la letra chiquita, por donde le gusta andar al señor diablo.
Me he propuesto formular un análisis que ponga énfasis en los haberes, que son muchos, más que en los faltantes, que son pocos. Pero hay uno significativo que debo abordar como un referente necesario sobre el camino que aún falta recorrer para normalizar la relación entre la televisión y el poder, y sobre cómo los actores políticos seguirán cediendo ante las presiones del duopolio mientras no empiecen a operar las dos nuevas cadenas de televisión comercial que la reforma ordena licitar en los próximos meses.
Cuando señalo faltantes, no me refiero al conjunto de medidas que desde el ideal debiera contener la reforma; me refiero a temas que se mantuvieron a lo largo de varios borradores del proyecto y fueron eliminados por las presiones específicas de Televisa. El ingeniero Carlos Slim no tuvo, dentro de ese mecanismo negociador, representante alguno.
Los Haberes
Un punto de partida: hay un vuelco modernizador en los artículos 6° y 7° constitucionales, que no se modificaban esencialmente desde la Constitución de 1917. Con excepción de la reforma de 1976 para adicionar que “el derecho a la información será garantizado por el Estado” y la de 2007 que estableció criterios generales para homologar el derecho de acceso a la información en todas las entidades, tanto el sexto como el séptimo contenían casi la misma redacción del Constituyente de 1857.
Con la nueva redacción del artículo 6° se recupera, luego de décadas de que nuestro país suscribió el Pacto de San José de Costa Rica, la definición completa de lo que constituye el derecho a la información: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información veraz, plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
El artículo 7° se moderniza a favor de la libertad de expresión y de la libre circulación de las ideas, de modo que reúne al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Se incorpora además un nuevo derecho humano fundamental de tercera generación: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha”.
Establece una política de inclusión digital universal, con lo que el Estado deberá promover el despliegue de redes de telecomunicaciones en condiciones de equidad y bajo principios de cobertura universal, lo cual impactará en la calidad y el precio de los servicios, pero además significará llevar Internet a las comunidades más apartadas del país.
Piedra angular de la reforma es la definición de las telecomunicaciones y la radiodifusión como un servicio público, lo cual traza una ruta inequívoca para el legislador, pues no es lo mismo legislar sobre una “actividad de interés público”, que sobre un “servicio público”. Mientras que este último debe ser garantizado por el Estado en condiciones de equidad y cobertura universal, la actividad de interés público tiende a ser sólo fomentada o promovida.
Si don Jesús Reyes Heroles viviera, vería con enorme gusto que la reforma atiende una de sus aspiraciones, que yo retomé desde hace muchos años: ligar la función social de la radio y la televisión a los fines establecidos en el artículo 3° de la Constitución, con un enfoque particular en los derechos de los niños y niñas. Esto, porque en los transitorios de la reforma se instruye para que la legislación secundaria asegure que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo mencionado.
Y como Jorge Alcocer vive, supongo que debe estar feliz porque se incorpora a la Constitución una prohibición fundamental: pone fin a la publicidad encubierta, el elemento crucial que le faltó a la reforma electoral de 2007 y cuya ausencia produjo un mercado negro de la información. “Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, esto es, se echa abajo el modelo Peña Nieto para hacerse de la candidatura y luego de la Presidencia.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) es otro gran acierto, pues será un “órgano constitucional autónomo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, con lo que se pretende acotar la discrecionalidad política partidista en el otorgamiento de las concesiones y en la designación de los comisionados del Instituto, aunado a los requisitos sobre sus perfiles, en los que se pugna más por criterios técnicos, de especialización y conocimiento en la materia que por criterios políticos.
Otorgar la autonomía plena a este órgano regulador ha requerido reforma el artículo 27 constitucional, lo que produce la primera excepción a la exclusiva facultad del Ejecutivo en la concesión de bienes del dominio de la Nación.
Si bien es cierto que a partir de la reforma el Ifetel podrá otorgar, revocar y autorizar la cesión de derechos en materia de concesiones, conviene hacer un apunte, pues se incluye un chipote presidencialista en el artículo 28, al agregar la opinión previa del Presidente de la República al proceso del otorgamiento o revocación de las concesiones o de transferencia de derechos de concesiones, que aunque se señala que no es vinculante, introduce un elemento distorsionador de la autonomía plena, genera nuevamente una doble ventanilla y la posibilidad de cabildeo con el presidente sobre una decisión que debe ser estrictamente técnica.
Una de las facultades primordiales del Ifetel será la de “imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias y a la propiedad cruzada de medios de comunicación que sirvan a un mismo mercado o zona geográfica de cobertura. En materia de competencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión será el Instituto el que regule la materia y no la Comisión Federal de Competencia”.
La reforma pone fin a la ficción jurídica que había mantenido dos regímenes de autorización para uso y explotación del espectro: los permisos y las concesiones. De aquí en adelante todo será homologado a la figura de la concesión. La actual distinción era en realidad un impedimento para que los permisionarios no pudieran comercializar espacios publicitarios ni su propia producción a los medios públicos.
Se estipula que “las concesiones podrán ser de uso comercial, público, social y privado”. En este sentido hay una omisión que no puede pasar desapercibida y que tendrá que incorporarse; es el caso de las concesiones de uso comunitario e indígena, las cuales debieran explicitarse directamente en la Constitución o en los artículos transitorios, de modo que no escapen del reconocimiento en la ley.
Aunque en la iniciativa se plasma que las concesiones serán otorgadas a través de licitación pública y que el factor económico no será en ningún caso determinante para definir al ganador de ésta, es imprescindible que se señale explícitamente la prohibición de la subasta en el caso de radio y televisión, conforme a los criterios establecidos en la sentencia 26/2006 de la SCJN.
Otro haber relevante es la definición de contar con una sola ley convergente que regulará el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. De manera desfasada con el resto del mundo hemos mantenido dos ordenamientos legales separados, a los que, según les conviene, se acogen los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, cuando en realidad estamos frente a servicios que usan el mismo bien, en mercados absolutamente convergentes.
La reforma se hace cargo de una denuncia que varios legisladores y asociaciones hicimos, sobre el modelo de multiprogramación que autorizó la actual Cofetel, pues señala que la “ley deberá determinar los criterios conforme a los cuales el Ifetel otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, garantizando el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo el pago de contraprestaciones debidas”. Este tema es de una trascendencia enorme, pues está directamente vinculado con la concentración del espectro, esto es, la tenencia de frecuencias.
Hay previsiones importantes, una de ellas: “culminada la transición digital, que se prevé para el 31 de diciembre del 2015, los concesionarios estarán obligados a devolver las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de limpiar la banda de los 700 MHz y ahí desarrollar una red nacional de ancho de banda para el país”, disposición que no esperará hasta 2021, como se había previsto antes en reglamentos y acuerdos.
El 31 de diciembre de 2015 se quedarán sólo los canales espejo, pero bajo un nuevo esquema de multiprogramación y atendiendo incluso las reglas asimétricas que el Instituto les incorpore a los dominantes, o a los agentes preponderantes.
Hay avance al establecerse las figuras del must carry gratuito y must offer “medio gratuito”. Debo reconocer que en este terreno se hicieron esfuerzos por una redacción que realmente sirviera a la competencia, aunque desde mi punto de vista y según la experiencia internacional, el no haber reconocido, en cualquier plataforma de transmisión, el carácter gratuito de la retransmisión de señales abiertas en sistemas de paga o restringidos, fue uno de los frutos de las presiones de la televisión.
Si el Congreso quisiera robustecer esta iniciativa y colocarla centralmente en el interés público, debería mantenerse el principio absoluto de gratuidad, tanto en la obligación de los concesionarios de poner las señales a disposición de la televisión de paga, como en la obligación de los sistemas de televisión de paga de retransmitir íntegramente de manera simultánea los contenidos de esas señales.
Las medidas de competencia para la televisión, todas, están planteadas para el futuro. No como marca la reforma en el caso de las telecomunicaciones, en que desde ya partirán en tres o cuatro fragmentos al agente dominante (Telmex-Telcel). Para la televisión, la reforma ordena que en un plazo no mayor a cuatro meses se liciten nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida, que deberán ser agrupadas para formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional. Esto es bueno. Habría sido deseable que los criterios para determinar la dominancia o hacerla desinvertir en los mercados que acapara Televisa, se hubieran incorporado con el detalle que le aplicaron al grupo Carso.
Principal Faltante
La reforma prevé que el Ifetel dicte al operador dominante de las telecomunicaciones las medidas correspondientes para la desagregación efectiva de la red loca, de manera que los concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión, entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red loca, pertenecientes a dicho agente.
Esta es una de las medidas más importantes en términos de desincorporación y desagregación de activos; incluso se le ordena al dominante la desagregación contable, lo que constituye una de las medidas más fuertes de la iniciativa.
En este tema, habrá que decirlo, a la televisión se le ha cuidado, no hay simetría con lo planteado en la telefonía, porque se deja en el aire una posibilidad que no será sencillo concretar, como es la partición del monopolio actual: se dice que podrá haber una desincorporación de activos, partes accionarias o frecuencias en materia del monopolio de la televisión, pero se deja a la ley secundaria. Si se ha evitado ponerlo en esta reforma, es porque tampoco se hará en la ley secundaria.
He recomendado a los negociadores y a las voces que de manera genuina y entusiasta han echado las campanas al vuelo, que seamos cuidadosos en las interpretaciones. Sin dejar de reconocer el avance que significa y la defensa que de ellos debemos hacer, atemperemos eso de la reforma “anti-monopolios”: va claramente en contra de uno, para los otros esperaremos años.
Los límites de concentración en materia de radiodifusión no darán para eso, porque el único límite que se impone es el de concesionamiento de frecuencias, nacional o regional, a diferencia de lo que se impone a los agentes dominantes en telecomunicaciones. He insistido en que, sin arriesgarse lo logrado –”lo caido, caido”-, debe corregirse: que para determinar a un dominante en materia de radiodifusión se tomen en cuenta la concentración de publicidad, el mercado de distribución de contenidos, el de audiencia potencial, prestación de servicios de telecomunicaciones y zona geográfica de cobertura.
Medios Públicos
Con esta iniciativa los medios públicos merecen un reconocimiento constitucional importante; se señalan criterios para que cuenten con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Al fin se abre la puerta a que la ley defina un esquema que permita a los medios de uso público y social obtener ingresos adicionales: habla de “opciones de financiamiento”.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información ha interpretado esta parte de la reforma de la siguiente manera: “Al no discriminar la figura de concesión, se entiende que los medios públicos y sociales podrán hacerlo siempre y cuando no cumplan fines de lucro. El artículo décimo transitorio menciona con claridad que los medios públicos tendrán ´opciones de financiamiento´. Sin embargo, no se especifica eso para los medios de uso social, puede determinarse en la ley secundaria, pero debería quedar claramente plasmado en la iniciativa constitucional para garantizarlo, precisando opciones entre las que se encuentran el patrocinio y la comercialización de servicios y contenidos. La viabilidad de los medios de uso público y social depende de dichas opciones de financiamiento”. Aquí estará una de las batallas más importantes del esfuerzo reglamentario.
También se determina la creación de una cadena nacional de radiodifusión pública a través de un órgano con autonomía operativa y funcional (con las mismas características que tiene el IFAI). Incluye un Consejo Ciudadano para asegurar la independencia del organismo público, así como una política editorial imparcial.
Al desarrollar la política de inclusión digital universal, su planeación y operación se deja en manos del Ejecutivo federal. Debiera ser facultad del nuevo instituto, y ésta debe ser una política de Estado que abarque a niveles de gobierno y Poderes de la Unión, aun cuando se le preserve al Ejecutivo federal la posibilidad de operar esta política entre las dependencias y entre las entidades públicas.
Es de destacarse el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, que se incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo –aunque debiera contenerlo la ley- y que se desarrollará bajo dos criterios: (a) un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de la banda de los 700 MHz y de la banda 2.5 GHz, para hacer de éstos un acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo; y (b) un programa de trabajo para disminuir la separación entre estaciones de radio y televisión, conforme la práctica internacional y para una red nacional de banda ancha.
Por todo lo anterior, la iniciativa presentada es una de las mayores concreciones del derecho a la información. Los legisladores debemos tener claro que en este proyecto no hay que dar ni un solo paso atrás, todos han de ser hacia adelante para incluir, corregir o complementar, para lograr no sólo la competencia económica, sino la diversidad de medios, la pluralidad de contenidos y los derechos de las audiencias.
