Abierta la discusión en las comisiones de dictamen legislativo del Senado de la República para convertir al Instituto Federal de Acceso a la Información en un órgano constitucionalmente autónomo y de carácter nacional –no sólo federal–, el Estado de Chihuahua aporta sobradas razones al debate del porqué es conveniente que las decisiones de los órganos locales puedan ser revisadas por una instancia nacional: este próximo 29 de noviembre renueva dos de los consejeros que integran el Instituto Chihuahuense de Trasparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y ha puesto en marcha un proceso de simulación que si a algo hace honor, es a la discrecionalidad política y a la opacidad.
Sucede ahora mismo en varias entidades que renuevan parcialmente sus órganos garantes del acceso a la información, aunque en el caso de Chihuahua violentando su propia legislación en la materia pues a diferencia de lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, la convocatoria emitida tuvo el buen cuidado de omitir señalar la documentación que los interesados tendrían que presentar para participar, por lo que no se sabe si a algunos les fueron exigidos más requisitos que a otros.
Dice la ley de Chihuahua que los consejeros serán designados por el Congreso del Estado mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes, a propuesta de la Junta de Coordinación Parlamentaria, no sin antes pasar por un procedimiento que hoy podemos decir ha carecido de todo compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. De manera sui generis, el proceso de selección ha integrado a dos representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
Apenas se había publicado la convocatoria el pasado 9 de octubre, el Observatorio para el Acceso a la Información Pública Observa Ciudadan@ en conjunto con el Pacto por Juárez, hicieron notar la imprecisión, la vaguedad y la falta de participación ciudadana en el proceso de selección y exhortaban “a los poderes convocantes a que detallaran la información y la difundieran ampliamente en aras de la transparencia y de la trascendencia que tiene la integración de un órgano del estado”. Sumado a esto el mismo observatorio hizo llegar a la Comisión Especial para la Selección de Candidato(a)s al Cargo de Consejeros Propietarios y Suplentes del Ichitaip una serie de propuestas para la definición de los criterios de evaluación del proceso de selección. Entre las recomendaciones destacan:
– Que la institución de Educación Superior del Estado que coadyuve con la Comisión Especial en la elaboración y aplicación del examen no sea un sujeto obligado, como es el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua que además de estar ceñida a la voluntad del Gobernador del Estado, es una de las instituciones que más negativas tiene a brindar información que se le ha solicitado. Los grupos ciudadanos habían propuesto al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
– El examen debe ser en sistemas computacionales y los resultados deben darse a conocer el mismo día o al siguiente y deben publicarse en los diarios de mayor circulación y en las páginas web de los tres poderes, así como un informe de la Comisión que explique los motivos por los que fueron seleccionados, de manera que haya certeza y legitimidad en el proceso.
– Que se considere en la elaboración del examen todo lo relacionado con el derecho al acceso a la información, protección de datos personales, normatividad del derecho a la información pública, derechos humanos, principios básicos del debido proceso, administración pública, organización del estado y municipios, etc.
– Que se valore experiencia y conocimiento sobre democracia participativa, representativa, conformación del sistema político mexicano, operación del sistema programático presupuestal, administración pública, etc.
Sobra mencionar que esta propuesta se ignoró por completo, por lo que el observatorio volvió a llamar la atención haciendo hincapié en las faltas en las que se ha incurrido, denunciando irregularidades y parcialidad en el proceso de selección.
En el documento dirigido a los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado y a la sociedad chihuahuense señalan:
-La absoluta reserva en que la comisión integrada por los tres poderes del estado ha manejado la lista de personas registradas a la convocatoria, así como la falta de información acerca de qué ciudadanos acreditaron cumplir con los requisitos establecidos y por tanto que pueden presentar el examen.
-La informalidad con la que la comisión notificó a los aspirantes de las etapas del proceso de selección, mediante una llamada telefónica.
-La premura en los tiempos pues la comisión especial se formó por acuerdo del Congreso del Estado el 8 de noviembre. El 13 de noviembre se tomó el acuerdo de que la realización del examen sería el 16 de noviembre, de tal manera que sólo dieron dos días para preparar un examen de tal trascendencia. Debo agregar que dispongo de información precisa en el sentido de que, en el caso de dos personas, fueron notificadas el mismo día del examen.
Esto por supuesto ha levantado una gran inconformidad entre las organizaciones relacionadas con el derecho de acceso a la información, porque todo apunta a que nuevamente serán relegados los criterios de conocimiento, experiencia y compromiso para centrarse en una evaluación meramente política que atienda los intereses de los grupos de poder en la entidad, y no el interés ciudadano.
El Ichitaip es un órgano que le cuesta mucho al Estado de Chihuahua, con magros resultados y muy discutibles criterios en sus resoluciones por no decir absurdos, pues los asuntos más importantes y varios de los rubros presupuestales de mayor impacto siguen en la total opacidad, un claro ejemplo es el presupuesto asignado a la partida de comunicación social, lo que lo tiene clasificado como uno de los peores órganos a nivel nacional en este rubro.
Obviamente sería injusto hacer una generalización de que así piensan todos sus comisionados, pero la mayoría ha avalado criterios estrambóticos en la materia. Una clara excepción de ello es la comisionada Claudia Alonso Pesado, quien en un artículo para la revista Aserto que dirige Javier Valero, sistematizó las resoluciones que del 2007 al 2011 emitió el órgano local sobre solicitudes de información en materia de gasto en medios de comunicación.
Un amplio sector de la sociedad chihuahuense se ha visto interesada en conocer cuál es el presupuesto que se le asigna al rubro de comunicación social de nuestro estado, para qué y por cuánto tiempo le pagan a cada uno de los proveedores que brindan el servicio de publicidad y propaganda. En este sentido diversas solicitudes de información se han realizado a los gobiernos municipales de Juárez, Chihuahua capital, Delicias, así como al Poder Ejecutivo pero desde entonces ha habido una notable resistencia a dar respuesta de la “información relativa o vinculada a la publicidad y propaganda desglosada en cuanto la relación de contratos y gastos por tipo y concepto del gasto, así como nombre de los proveedores, con importes mensuales y anualizados a cada uno y los documentos que soportan esos gastos”, porque en Chihuahua se considera información reservada.
Sí, en el 2012 la Coordinación de Comunicación del Poder Ejecutivo Estatal clasificó la información como reservada y el Ichitaip casi le aplaude. Entre los argumentos que las autoridades han dado para negar la información se encuentran:
Que la difusión de información de los proveedores los pondría en una situación de desventaja con sus competidores, “que no debe ser mayor el interés de un particular para conocer el detalle de una negociación contractual, que el interés público que resulta de la atribución del Estado de velar por el cuidadoso ejercicio del gasto”, así como la cláusula de confidencialidad que los obliga –argumentan– a no difundir información de los contratos.
Además de ser para una antología en la enciclopedia de los disparates públicos, esos argumentos violan los principios constitucionales de máxima publicidad, apertura y disponibilidad, pues tratándose del presupuesto público, la sociedad está en todo su derecho de conocer en qué, cómo y cuánto se gasta, de manera que haya claridad en que las contribuciones que hacemos tienen el destino que el gobierno ha indicado.
Otro rubro de enorme rezago en Chihuahua se refiere a la clasificación de sueldos y salarios y la mismísima autonomía de las decisiones del Ichitaip, cancelada en los hechos su independencia frente al gobernador del estado: el Consejo General del Ichitaip no ha querido asumir su papel de órgano garante del derecho de acceso a la información, esto también lo señala la consejera Claudia Alonso quien asegura que: “de los 20 recursos de revisión presentados en el Instituto desde el año 2007 por personas a las que se les ha negado esa información ya sea por omitir darles respuesta o bien por clasificarla como información reservada total o parcialmente, el Consejo General ha rechazado la posibilidad de pronunciarse a favor de que se garantice el acceso a la información… en el 85 por ciento o sea en 17 recursos de revisión, al resolver en sentido contrario o usando trampas procesales para acceder a dicha información parcial o totalmente”.
Lo planteado deja en franca desventaja al ciudadano que no tiene otra manera de atraerse información para tomar decisiones de carácter trascendental.
En abono de lo anterior es importante señalar que el Centro de Análisis e Investigación Fundar en voz de la investigadora Justine Dupuy también ha señalado a Chihuahua como una de las entidades en el país que no rinde cuentas de los recursos que destina para su publicidad en medios, eso sin hablar de otros rubros presupuestales, así como de la deuda estatal, por ejemplo.
Es un dudoso honor que los poderes locales en Chihuahua se resistan de esta manera a ser parte de la transparencia que hoy se instala en el país, por lo menos como discurso, como uno de los compromisos del presidente Electo, Enrique Peña Nieto. Por ello insisto en que una y otra cosa, son parte de lo mismo: una trabajada simulación política. Lo que más asombra es la nula existencia de una denuncia opositora en el Congreso local a esta regresión.
La falta de voluntad política y compromiso mostrada en la elección de los nuevos consejeros del Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información Pública debe dar pauta para que en el Senado nos comprometamos y empujemos la homologación de leyes en materia de transparencia, demos competencia al IFAI en todo el país, y garantizar la existencia de organismos autónomos constitucionales en los estados. Es claro que si los procesos terminan privilegiando los criterios político-partidistas en la selección de los comisionados, y no el conocimiento, la expertis –como especialización y experiencia–, y mucho menos el compromiso con el acceso a la información pública a partir del valor de la independencia política y autonomía de criterio de los responsables, sus decisiones estarán a la complacencia de quienes los favorecieron de manera irregular.