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El derecho de réplica

El derecho de réplica

 

Javier Corral Jurado

 

 

 

Consagrado en el Derecho Internacional como uno de los instrumentos que tienen las personas para defender su honor y salvaguardar su propia imagen, el derecho de réplica tiene en nuestro país un retraso considerable en términos de modernización conceptual y de un mecanismo pronto y expedito para su ejercicio. Aunque data desde 1917 para medios impresos, su problema radica en que se encuentra contenido en la vetusta Ley de Imprenta que, además de ser una ley penal, está marcada en sus preceptos por la moral de aquella época. Para los medios electrónicos se incorporó en 2002 dentro del reglamento de la ley federal de radio y televisión; pero es tan inútil su ejercicio, como que deja a la buena voluntad de los concesionarios concederlo o no.

Conscientes de este desfasamiento los legisladores federales decidieron elevarlo a rango constitucional con motivo de la reforma electoral del 2007, y lo metieron dentro del primer párrafo del artículo 6° de la Constitución estableciéndolo como una garantía fundamental de los ciudadanos, que la ley secundaria se encargaría de desarrollar. Así lo planteó el artículo tercero transitorio de aquella reforma y dio un plazo de treinta días naturales a partir de su publicación. Han transcurrido casi cinco años sin que esta legislación pueda ver la luz, a pesar de que existen diversas iniciativas en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores. La mayoría de ellas convergen en un punto fundamental: crear un procedimiento moderno, expedito y que combine un mecanismo de autocomposición, es decir, que las partes (el aludido y el medio de comunicación) puedan llegar a un acuerdo para permitir el acceso gratuito al medio de comunicación, pero también se establece un procedimiento heterocompositivo, esto es, que si las partes no llegan a un acuerdo sea un tercero (la autoridad) el que dirima la controversia.

Es precisamente en este punto donde las diversas propuestas legislativas divergen, algunos han propuesto que sea el IFE quien resuelva la controversia, pues se pensó que al estar inscrita en una reforma electoral, la réplica se circunscribía a un derecho de partidos políticos y candidatos, sin embargo no es así, ya que el texto constitucional no distingue ni limita este derecho a éstos, sino que es un principio general que protege a todos los ciudadanos por igual.

Otros proponentes han presentado iniciativas en el sentido de que sea una autoridad administrativa, señalando como responsable a la Secretaría de Gobernación porque esta dependencia, a través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, tiene atribuciones para actuar ante los medios de comunicación. Esta posible alternativa tiene el inconveniente para los ciudadanos y, sobre todo, para el eficaz acatamiento de una ley en la materia, pues sus resoluciones pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y las resoluciones de este tribunal combatidas ante el Poder Judicial de la Federación, lo cual se traduce en más de tres instancias para las partes.

Partiendo del supuesto de que la réplica debe darse casi de forma inmediata al de la publicación o transmisión de la información considerada falsa o inexacta para evitar la diseminación del debate público, se ha pensado en una alternativa que permita la casi inmediata divulgación de la réplica, esta alternativa es diseñar un proceso judicial expedito ante el Poder Judicial.

Esto es lo que estamos proponiendo varios senadores del PAN [GPPANS], PRD, PRI y PT en la iniciativa que crea la Ley General para el Ejercicio del Derecho de Réplica presentada la pasada sesión del martes 11 de septiembre. Se trata de un documento que recoge una muy decantada discusión sobre el tema y procura un procedimiento sencillo:

A) Los aludidos en publicaciones o transmisiones podrán ejercer su derecho a la réplica dentro de los 20 días siguientes, y el medio de comunicación tendrá tres días para resolver si concede o no la réplica.

B) En caso de que el medio de comunicación se negare a brindar el espacio o tiempo para la réplica, el aludido tendrá 15 días hábiles para presentar una demanda ante el Juzgado de Distrito que corresponda, admitida la demanda se emplazará al medio de comunicación para que conteste la demanda dentro de los cinco días hábiles siguientes.

C) Con la contestación de la demanda o sin ella el juzgador citará, dentro de los tres días siguiente, a las partes para una audiencia de conciliación, de negarse a conciliar se iniciará la etapa de desahogo de pruebas en esa misma audiencia y hasta por siete días hábiles. Concluido el desahogo se darán dos días hábiles para que presenten alegatos.

D) Con o sin los alegatos, el juez dictará su sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes.

En los países con vida democrática, donde tienen presencia los mayores niveles de desarrollo económico y social, que cuentan con varios de los más influyentes medios de comunicación, el derecho de réplica forma parte normal de su orden jurídico y su consenso ético. Es visto como un mecanismo que refuerza y responsabiliza las libertades de expresión e información, y le da a quienes no tienen para sí el privilegio de contar con un medio de comunicación la posibilidad de responder, aclarar o rectificar aquellas afirmaciones falsas o inexactas. El Estado mexicano cumplirá su obligación de salvaguardar esta garantía constitucional cuando se expida una legislación que haga eficaz el ejercicio de la réplica. Es hora de saldar esta penosa omisión legislativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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