SCJN: Golpe a la transparencia
Javier Corral Jurado
La discusión post-electoral no ha permitido apreciar en toda su dimensión, la reciente resolución de la SCJN sobre el caso de la cancelación masiva de créditos fiscales en 2007, y la enorme batalla que tanto Fundar, el Centro de Análisis e Investigación que dirige Miguel Pulido, como el IFAI, han dado para conocer los nombres de las personas físicas y morales que fueron beneficiadas, así como los montos en cada caso y las razones. Se trata de uno de los asuntos más peliagudos de la lucha por el acceso a la información y la transparencia en el manejo de los recursos económicos, en el ámbito del aparato público que más la resiste y la deplora: la Secretaría de hacienda y Crédito Público.
Enquistado su poder bajo la mayor opacidad que hoy pueda disfrutar una entidad pública, el Sistema de Administración Tributaria se ha alzado nuevamente, en nombre del secreto fiscal, con un nuevo triunfo: la Corte negó el amparo promovido por Jimena Ãvalos Capín, colaboradora del equipo de Estrategias Jurídicas de Fundar, mediante el cual se alegaba la inconstitucionalidad del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, disposición que establece la “absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación“, y que el SAT ha invocado para mantener en secreto la información de los beneficiarios de esa cancelación masiva que asciende a 73 mil 960 millones de pesos. Para resguardar de la luz pública ese monto, se ha desatado una de las actuaciones más fieras por parte de los cabecillas de la SHCP, que ha ido del cabildeo institucional a niveles de intimidación y chantaje a quienes exigen la publicidad de esos nombres.
A finales de 2010, para la aprobación del presupuesto 2011, la SHCP regateó, chantajeó y condicionó la asignación de recursos al IFAI, en abierta represalia por la resolución de este organismo que le ordenó dar a conocer la identidad de los favorecidos con la cancelación multimillonaria. De hecho, si no es por la acción resuelta de un numeroso grupo de Diputados que presentamos una solicitud de ampliación presupuestal para cubrir las nuevas obligaciones que impuso la ley al Instituto en materia de protección de datos personales, esa función que tanto preocupa al SAT, ésta no se hubiera podido arrancar con los objetivos señalados.
También bajo esta historia se encuentra la resistencia de la SHCP a la aprobación en la cámara de Diputados de la minuta que el Senado emitió para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual busca no sólo reconocer el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del IFAI, sino también que las condonaciones, cancelaciones, tratamientos fiscales especiales sean sujetos del derecho de acceso a la información. En alianza con diputados al servicio de Enrique Peña Nieto, como Humberto Benitez (PRI) y Pablo Escudero (PVEM), los funcionarios de Hacienda consiguieron bloquear en las comisiones de justicia y de la función pública el dictamen que emitió la Comisión de Gobernación para que pudiera conocerlo y votarlo el pleno. Los Diputados del PAN estuvimos de acuerdo, y la oposición no!.