Debate, baile y futbol, la TV a la zaga
Javier Corral Jurado
Aunque se va a transmitir por varios canales de Televisión abierta y por otros de paga en la televisión restringida (satelital y cable), el debate de este domingo entre los candidatos a la Presidencia de la República no tendrá una cobertura nacional. Los dos principales concesionarios de la Televisión comercial, Televisa y Tv Azteca, decidieron no transmitirlo en sus canales estelares, el 2 y el 13.
Emilio Azcárraga prefirió poner un programa de baile a la hora del debate, y Ricardo Salinas transmitirá el partido de fútbol entre Monarcas de Morelia y los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Han ofrecido transmitirlo por otros canales de baja audiencia, y para justificar el desdén se han envuelto en la bandera de la libertad del televidente para escoger qué quiere ver.
En el fondo esa oferta libertaria es una mascarada porque, en términos de zona geográfica de cobertura, la transmisión abarcará casi todo el territorio nacional, pero un 40 % de la población mexicana no tendrá manera de optar, porque simplemente no tendrá canal en donde seguirlo en vivo y en directo, aunque tenga televisor.
Esto se debe a que ni el canal 11 ni el 22, señales abiertas de la televisión pública, son redes nacionales, por desgracia. Tampoco el canal 5 de Televisa es una red nacional, tiene incluso menos de la mitad de repetidoras que tiene el canal 2. Mucho menos el canal 40, usurpado desde hace 9 años por Televisión Azteca, que sólo se ve en señal abierta, UHF, en la Ciudad de México. En ese mismo caso están las redes de televisión de paga que, en efecto, con un crecimiento exponencial como el caso de Dish, a punto de sobrepasar a Sky, son por su misma característica de suscripción, redes limitadas. El nuevo canal 30 del OPMA, combinando señales analógicas con digitales, está apenas en 11 ciudades. La red nacional de radiodifusoras educativas y culturales (canales de gobiernos estatales, universidades y municipios) está con estaciones de Televisión casi en todos los estados, pero muy lejos de cubrir siquiera la mitad de los municipios más importantes del país.
De ahí que sostenga que la actitud de los barones de la Televisión comercial es en realidad un socavamiento al debate, un intento de mermar nuestro proceso de transición democrática y para desanimar aún más el interés y la participación de la gente en las campañas electorales, como parte de una estrategia de embate a la política, de represalia por la reforma electoral, y de colusión con el PRI para proteger la ignorancia supina de su candidato Enrique Peña Nieto. Y todo esto condensa un momento de deterioro y quizá una época de ocaso: la enorme debilidad del Estado y las múltiples complicidades que desmatelan su poder desde los mismos partidos para favorecer a unas cuantas personas y sus estrictos intereses económicos, a lo que grotescamente ha contribuido el IFE con su autoderrota al no asumir una posición firme y clara sobre la obligación democrática, el deber moral de los concesionarios a difundir lo más ampliamente posible el debate.
Es cierto que la ley no obliga a la transmisión del debate a los concesionarios de televisión comercial, omisión premeditada; pero el desarrollo del país, de la cultura cívica y de la función social de los medios así lo supone y lo exige. Debiera ser un signo permanente no sólo de nuestra normalidad democrática, sino de nuestro ascenso a la civilidad política.
Eso fue lo que en Mayo de 1994 marcó el debate entre los candidatos Diego Fernández de Cevallos, Ernesto Zedillo y Cuauhtemoc Cárdenas: un hito en la competencia electoral mexicana y presentó ante el mundo la imagen de una pluralidad en normalidad democrática, capaz de discutir y contrastar sus posiciones ideológicas y políticas. A ese primer ejercicio entre candidatos a la Presidencia de la República, lo catapultó indiscutiblemente la transmisión en vivo por Televisión Nacional.
Aún sin producirse la alternancia política, que llegó seis años después, la sola proyección televisiva de aquel debate generó la sensación de una apertura democrática, de un avance en el ejercicio de libertades, aún más significativo porque abría también la ostra de una televisión subordinada al régimen, “soldados del Presidente”, y que parecía indisolublemente ligada a los propósitos del PRI, como su brazo armado para la protección, la distorsión o el ocultamiento.
Pero exactamente 18 años después nos encontramos con un hecho patético que señala una involución espeluznante, rubricado con un lenguaje cargado de soberbia, de tono provocador al Estado y a la sociedad misma como fue el caso del anuncio hecho en su cuenta de Twitter por el propio Ricardo Salinas Pliego: “Si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, vean el fútbol por Azteca. Yo les paso los ratings al día siguiente”.
Nunca un descaro como éste permite apreciar el nulo compromiso social del duopolio televisivo con nuestro proceso de transición, y también la necesidad urgente de un contrapeso, del necesario equilibrio que representaría una tercera cadena nacional de televisión. Colocados a la zaga dentro del proceso de cambio en el que la mayoría de los actores políticos y sociales han sido llamados a asumir responsabilidades frente a la sociedad y la democratización del país, la Televisión pretende consumarse en zona de impunidad y en barrera para la coexistencia civilizada de la pluralidad que tiene en los debates una de sus mejores expresiones, más allá de los estilos personales y los recursos retóricos.
Es un hecho delicado, con tufo de golpismo mediático y de abierta regresión política; se enmarca en otra de las acciones con las que el duopolio y un número importante de radiodifusores de diversos estados del país, entre ellos Chihuahua, resiste la reforma electoral del 2007 y busca presionar a los partidos políticos y sus próximas bancadas en el Congreso federal para abrogarla en su principal objetivo normativo: la prohibición de la contratación comercial de propaganda electoral en radio y en tv por parte de candidatos, partidos y partículares con propósitos de proselitismo.
Algunos concesionarios locales de la radio han extendido la “veda” electoral hasta nuestros días, y han boicoteado la cobertura de ciertas campañas y candidatos que no se han querido “arreglar”, ni económicamente, ni en ofrecer su voto, para echar abajo la reforma. Se quejan de la reforma electoral como restrictiva de su libertad de expresión; mero pretexto, pues es un contrasentido defenderla mediante la censura.
La televisión hace lo mismo, expulsa a la política y a uno de sus mayores momentos de atracción e interés como lo es la celebración de un debate, y lo justifica en que fueron los partidos los que los echaron primero de las campañas. Una revancha, clara y directa.
Unen a su resistencia a la ley, la protección que le brindan desde hace seis años a Enrique Peña Nieto. Conscientes de su brutal vacuidad, a cargo de sus encuadres perfectos, de las imágenes abultadas, de las entrevistas a modo, el duopolio decide no arriesgarlo, no exponerlo. Tiene que ir a dos debates porque la ley lo obliga, pero tratarán de reducir los daños, disminuir lo más que se pueda el impacto de soltar a su candidato sin teleprompter, sin apuntador, solo con las respuestas memorizadas y los ademanes ensayados.
Por ello y no otra cosa es que el candidato priísta ha declinado participar no sólo en debates, también en foros públicos como los universitarios. El 20 de abril se había anunciado que asistiría a un foro al Instituto Tecnológico Autónomo de México, sin embargo días antes canceló, lo mismo ocurrió el 24 de abril ante la invitación de la Universidad Iberoamericana argumentando que había tenido cambios en su agenda de campaña. Tiene absolutamente prohibido por sus productores de la Televisión presentarse en escenarios improvisados o que no están bajo el control del PRI.
Por supuesto también hay que lamentar que el Gobierno federal, partícularmente la Secretaría de Gobernación, haya abandonado frente al desafío y la provocación el ejercicio de la ley. El artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión faculta a la autoridad para ordenar el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión para transmitir informaciones de trascendencia para la Nación. No hay duda de que el debate, como ejercicio de comunicación política que contrasta y explicita propuestas y compromisos de los candidatos, es un asunto del mayor interés público. Pero por ahora, es la Televisión la que nos gobierna.
