Estado donde el crimen organizado ha lacerado como en ningún otro a sus habitantes y donde se han modificado radicalmente las formas de vida en lo familiar y en la relación social con la comunidad, Chihuahua concentra casi 40% de las muertes que produce la violencia de las mafias del narcotráfico. Los jóvenes han sido carne de cañón para el sicariato que acá agarró a cientos de ellos de entre 14 y 19 años para la comisión de horrendos crímenes. Ciudad Juárez, su principal ciudad y la frontera más grande de México con Estados Unidos, tiene a la mitad de sus empresarios viviendo en El Paso, Texas, y el comercio que hacía a la ciudad referencia en el país está francamente mermado. Es un dato estrujante de la cotidianidad norteña acostumbrarse a las “ejecuciones”, aunque nunca se va del todo la angustia, el temor y la zozobra.
Como ninguna otra entidad de la república, Chihuahua ha sufrido las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. Es difícil plantarse ante los chihuahuenses en una campaña electoral sin abordar el tema, explicar la postura personal frente a la estrategia antidrogas y ofrecer propuestas que se debatan en medio de la esperanza que abre la renovación de la Presidencia de la República y el Congreso federal.
Hay una larga lista de cosas que faltan por hacer y que ha identificado y desarrollado con toda claridad el diagnóstico presentado por la UNAM en coordinación con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional denominado Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia en la que por supuesto coincido con la mayoría de los planteamientos, incluidos los temas que buscan reforzar la legislación en materia de lavado de dinero, dotar de una vez por todas de autonomía a los Ministerios Públicos de los estados y hacer de la Procuraduría General de la República un órgano constitucional autónomo. Pero todo aquello quedará incompleto si no le entramos a una discusión de fondo sobre los resultados de la cooperación internacional y de la política que Estados Unidos nos impuso desde 1971 en el combate a las drogas.
De ahí que esté convencido que el próximo Senado de la República debe convocar a una cumbre hemisférica, con la participación de Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Colombia y una representación de la comunidad Europea, sobre un balance de “la guerra contra las drogas”. Se trataría de una conferencia organizada por los Congresos nacionales de estos países que involucre a los actores centrales de esta discusión y varios de los que han señalado el fracaso de este modelo basado en las prohibiciones absolutas. Entre esas voces hay destacados líderes internacionales como el ex secretario de la ONU, Kofi Annan; el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quienes recomendaron reconocer que la “guerra contra las drogas” fracasó y que la salida es legalizar su uso.
En el seno de Estados Unidos esa decisión prohibicionista desata diferencias: “Desde que el presidente Nixon declaró su ‘guerra contra las drogas’, cuatro décadas atrás, esta política ha dejado millones de arrestos, miles de millones de dólares en pérdidas y un sinnúmero de muertos. Por el contrario, las drogas están más vigentes que nunca”, ha dicho Norm Stamper, ex jefe de la policía de Seattle. Según datos publicados por la agencia Associated Press, en estos 40 años, el gobierno de Estados Unidos ha encarcelado a 37 millones de personas por tenencia, tráfico y consumo de estupefacientes.
La cumbre que convocara el Senado mexicano serviría para realizar un balance de fin e inicio de sexenios, y señalaría una ruta muy útil sobre las medidas a corregir, confirmar o reorientar, pero, sobre todo, acordar una agenda de reforma legislativa hemisférica: qué le toca a cada quien.
Como lo dice la Conferencia Internacional sobre seguridad y justicia en democracia: “La lucha contra el crimen organizado necesita de la colaboración regional e internacional. México fue uno de los países más activos en proponer mecanismos de colaboración entre los países para afrontar esta lucha, así como la discusión de asuntos tan delicados como el intercambio de información, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la posibilidad de la legalización de algunas drogas. Es necesario que México retome esta bandera, y en unión con otros países vuelva a proponer foros internacionales para la discusión y acuerdos de colaboración”.
No habría mejor instancia que el Senado de la República para esa nueva convocatoria, y el momento inaugural del nuevo gobierno debiera ser aprovechado para ese propósito.