Written by • Rotafolio

Del Senado a la Sedena

Del Senado a la Sedena

– Javier Corral Jurado

Es menester volver en este espacio al tema de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional porque el proceso de dictamen ha entrado en una etapa final de definiciones en la Cámara de Diputados y entre los diversos actores que concurren a esta discusión. Por un lado el Presidente de la República ha logrado el acuerdo con el Presidente del PRI, Humberto Moreira para la realización de un periodo extraordinario de sesiones a realizarse previsiblemente el próximo 16 de agosto, en el que tanto la reforma laboral como la de seguridad nacional serían las materias a legislar. Moreira ha comprometido de ésta manera la voluntad del PRI, y el Presidente Calderón parece hacerlo a nombre del PAN. Sobre ninguna de las materias anteriores existe en la Cámara de Diputados, dictamen final alguno, por lo que se prevé habrá una presión también extraordinaria sobre los legisladores para la confección de esos acuerdos, o se pretenderá imponer documentos no manufacturados por ellos.

Es importante señalar que un periodo extraordinario de sesiones sólo puede ser convocado cuando existen dictámenes de comisión, porque se parte del supuesto que los legisladores especialistas en esos temas (los que integran las comisiones de la materia) han concluido la discusión y pueden ir al pleno a exponer sus razones y argumentos, a favor como en contra de un dictamen.

El otro dato de definición es el mayoriteo que el PRI ejerció la semana pasada en la Comisión de Gobernación para evitar la conformación de una subcomisión redactora del predictamen en la que se pretendía una revisión más precisa y ordenada de esas reformas, tanto para el análisis de las ponencias presentadas en las audiencias como durante el foro nacional, que se organizaron precisamente a manera de consulta pública directa para conocer la opinión de los expertos, que resultó por cierto, sumamente crítica.

Digo mayoriteo del PRI y no mayoría, porque en realidad se trató de un cambio de último minuto en la posición que habían convenido en la Junta directiva de la comisión a lo largo de las dos semanas recientes para conformar ese grupo auxiliar. Sinuosos, dobles en su manejo político – casi como característica intrínseca de su ser priista -, hicieron a lo largo de este tiempo requerimientos de formato como de integración de esa subcomisión con lo que retrasaron el trabajo. El día que fueron convocados para votar la subcomisión, la rechazaron, cínicamente en nombre de la prontitud que el pueblo de México exige de la Comisión de Gobernación. En realidad buscan ir directamente al pleno de la Comisión para repetir el ejercicio de su mayoría y sacar adelante el dictamen que han hecho propio.

Otro dato de definición que se concatena con los anteriores, fueron las declaraciones de Don Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación que ha admitido la existencia de dos proyectos de dictámen “uno del Diputado Alfonso Navarrete Prida que tendría apoyo de San Lázaro pero no del Senado y el otro del Diputado Javier Corral que tiene el apoyo de los senadores pero no entre los diputados”. Entre ambos proyectos el Subsecretario dice que el gobierno federal se inclina por el del PRI.

Pero si somos sinceros ambos legisladores y el subsecretario Fernández, ni el primer proyecto es de Don Alfonso Navarrete, ni el segundo es de mi autoría; en términos reales el primero fue elaborado por altos mandos del estado mayor del Ejército que pretenden sobrepasar los contenidos de la iniciativa misma que el Presidente de la República presentó en abril de 2009 al Senado, proyecto que el legislador priista ha hecho suyo; y yo he hecho mía la minuta del Senado de la República que ha logrado un equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos. Permítanme ponerlo en los términos en los que he respondido en Twitter: un proyecto es de la SEDENA, el otro del SENADO.

Y sí, son dos proyectos radicalmente diferentes, hay incluso dos lenguajes, uno castrense, el otro jurídico, dos técnicas legislativas, una engorrosa, por no decir tramposa, y la otra llana, clara en definiciones. El que ha hecho suyo Don Alfonso Navarrete pretende trasladar, casi de manera textual, definiciones del manual de operaciones del Ejército y entra en un terreno muy subjetivo al tratar de regular una especie de gradualismo que va desde las contingencias hasta las amenazas a la seguridad interior.

Entre ambos proyectos se entraña una decisión de lo más delicado y trascendental para México: en el fondo, un cambio de régimen político, pues el proyecto de SEDENA, como es lógico, busca subordinar el orden civil al poder militar, mientras que el del Senado, mantiene esta relación en los límites de la Constitución, que es reiterar la supremacía del poder político sobre las fuerzas armadas, sin dejar de brindarles un marco legal para su actuación en tareas de auxilio para combatir el narcotráfico. 

A la minuta del Senado le hemos hecho varios cambios que la colegislasdora ha aceptado con muy buena disposición, porque en efecto, a los senadores que participaron de manera central en el diseño de aquel dictamen les parece “inadmisible”, “absurdo” y hasta “abominable”, el proyecto que ha hecho suyo el PRI en la Cámara de diputados y me han transmitido en varias ocasiones que no estarían dispuestos a aprobar, lo que ya resistieron con entereza durante un año en su propio proceso de discusión.
Entre los cambios formulados, el principal tiene que ver con precisar la jurisdicción militar cuando su actuación no tiene relación con la disciplina castrense. El proyecto incorpora la precisión de que tratándose de delitos que cometan los integrantes de las fuerzas armadas en contra de algún civil, sea la justicia ordinaria, es decir, los tribunales civiles, quienes resuelvan en definitiva su inocencia o culpabilidad. La reciente resolución de la SCJN sobre esta materia confirmando el criterio, hizo ineludible el ajuste.

Sin renunciar a la convicción sobre la necesidad y urgencia de esta reforma, planteo con toda claridad que entre el proyecto de la Sedena y el del Senado, me inclino claramente por el de la colegisladora, no sólo porque ya está agotada la primera parte del proceso, sino porque en el caso de optarse por el primero se dará pie a un largo litigio sobre su constitucionalidad, amén del riesgo en el que colocaría al sistema de los derechos humanos.

↑