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Una Agenda legislativa para la Reforma Hacendaria

Una Agenda legislativa para la Reforma Hacendaria

– Javier Corral Jurado

Este primero de febrero se inicia el segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio legal de la LVI legislatura del Congreso de la Unión. Se desenvolverá el periodo en medio de la lógica y la dinámica electoral que ya condiciona cualquier toma de decisiones, no sólo por la renovación de varias gubernaturas a lo largo del año, sino porque la disputa presidencial del 2012 ya también se instaló plenamente entre nosotros, aunque legalmente inicie hasta octubre el proceso formal.

De hecho, la apertura de sesiones de ambas cámaras estará marcada por la estela que dejen el fuego electoral cruzado que se ha producido en Guerrero y Baja California Sur, entre PRD y PRI en el primer caso, y entre PAN y PRI en el segundo. Es probable que el PRD gane en la jornada que se verifica precisamente hoy, las elecciones de Guerrero. Y más probable que el PAN consiga por primera vez, el próximo domingo 6 de febrero, la gubernatura de Baja California Sur.

Estos pronósticos electorales son veneno puro para la concreción de acuerdos en una agenda legislativa de reforma estructural. El PRI no quiere separar los carriles de la competencia y la acción legislativa; busca imponer como condición que –absurdo postulado por Francisco Rojas Gutierrez– el PAN y el PRD dejen de competir juntos en coaliciones electorales, esto es, que si se quiere hacer avanzar reformas legislativas de hondo calado, hay que despejarle el camino al PRI para un eventual regreso a Los Pinos.

Por ello, matizo mi optimismo sobre la posibilidad de ver convertidas en leyes ciertas iniciativas que en estos días se han vuelto a mencionar, como la estratégica y muy necesaria reforma política que de llevarse acabo nos colocaría en el preámbulo de un cambio de régimen político. Obviamente tenemos el deber de insistir en que postergar esas modificaciones legales o constitucionales, seguirán retrasando el desarrollo democrático del país. México necesita un gobierno de coalición o de unidad nacional para destrabar muchos de los cambios legales que requiere el crecimiento económico y social. El vencedor de la contienda electoral del 2012, a la que parecen abigarrarse todos los destinos, necesitará de ello, pero el inmediatismo electoral no permite conjugar las visiones, las de corto, mediano y largo plazos. Prevalecen los medio mirajes.

A pesar de esa dinámica que convierte en términos reales a las legislaturas en ejercicios de dos años, en el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de diputados hemos puesto sobre la mesa un conjunto de propuestas para integrar una agenda mínima para un acuerdo legislativo que posibilite, al que gane la elección federal, tener mejores condiciones de recaudación fiscal distributiva, fortalecimiento del federalismo en la transparencia, gobernabilidad democrática, así como consolidar el sistema de procuración de justicia.

Los medios han destacado, en el ámbito hacendario y específicamente en el tema fiscal, la propuesta de generalizar el IVA al 12 %. Es importante señalar que en realidad se trata de de una iniciativa de reforma hacendaria de carácter integral que retoma las distintas propuestas elaboradas por el Grupo de los Seis, por la FMEI, así como las planteadas por los Diputados del GPPAN. Se trata de buscar alternativas que permitan lograr un esquema tributario simplificado que tenga criterios de equidad, con un manejo de impuestos modernos, que generen una eficaz recaudación.

Es tiempo de que Acción Nacional revise el marco fiscal que prevalece en México y lo adecue a las necesidades de los mexicanos con criterios de transparencia, equidad y responsabilidad. Los temas que deberán analizarse son: contar con un sistema tributario competitivo, combatir la evasión y la elusión fiscal, aumentar la base de contribuyentes. Incrementar los niveles de recaudación.

Dentro de las propuestas más específicas que propone el GPPAN para su análisis y discusión, se busca revisar los esquemas tributarios que aplican en el cobro del IVA al transporte marítimo con destino a las islas; analizar la viabilidad de la deducibilidad de los gastos en alimentos y bebidas; revisar distintos esquemas para la deducibilidad de las colegiaturas en la educación básica; fomentar la creación y desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, flexibilizando sus esquemas de tributación dentro de la Ley del ISR, procurando una mayor recaudación de recursos, de particulares y autogenerados; estimular el desarrollo de la industria cinematográfica mexicana, en particular, la actividad de promoción y distribución de producciones mexicanas e incorporar al comercio informal al sistema impositivo.

Mantener un IVA en niveles que sean competitivos en zona fronteriza, para evitar fuga de compras de insumos en Estados Unidos, analizar la eliminación de la tasa cero del IVA en algunos productos, mejorar los esquemas de recaudación fiscal para las micro y medianas empresas, crear incentivos fiscales en diversos sectores, para que los empresarios puedan invertir en infraestructura y mejoras tecnológicas, disminuir el número de declaraciones necesarias para el cumplimiento de la legislación fiscal.

Junto con el grupo de senadores del PAN se propone regular también el tema de la deuda pública de los estados. Como lo abordé en una colaboración anterior en este espacio, uno de los temas que durante el 2010 causaron inquietudes en el ámbito Legislativo y en medios de comunicación como resultado del periodo de crisis por el que atravesó nuestro país fue el del crecimiento desmedido de las obligaciones financieras (deuda pública) de los Gobiernos Estatales. Chihuahua, por ejemplo, ocupa el primer lugar en endeudamiento, en términos de crecimiento y costo de su deuda. Por lo tanto, se propone generar más transparencia en el Fondo de aportaciones para las Entidades Federativas (FAFEF) y que sus recursos se distribuyan principalmente con base en el criterio de grado de avance en el saneamiento de deuda pública.

Se propone reformar a la Constitución y a la Ley de Deuda Pública para que los Estados tengan que pedir permiso al Congreso de la Unión para endeudarse. Reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para clarificar que los formatos de presupuestos de egresos de estados y municipios también deben homologarse.

Durante los últimos diez años, los gobiernos estatales han utilizado al endeudamiento como un pivote de salida al cumplimiento de sus compromisos y necesidades políticas y no como una herramienta financiera que permita invertir en el desarrollo. El problema radica en dos aspectos: 1) Se heredan a otras gestiones el pago de las obligaciones financieras y 2) Se hace cada vez más común que utilicen los recursos federales (participaciones) como garantías de pago lo que compromete la inversión en obras y proyectos de inversión necesarios para el desarrollo.

Por ello, se propone revisar el artículo 117 de la Constitución Política Mexicana para regular de manera estricta el uso de los recursos públicos en materia de deuda y que la Secretaría de Hacienda o en su caso una Dependencia de Gobierno Federal u organismo autónomo que ésta última determine, sea la encargada de vigilar y regular dicho endeudamiento.

El 95% de los recursos que reciben los gobiernos estatales y municipales durante un ejercicio fiscal, provienen de la Federación a través de las aportaciones y participaciones federales. Esto ha generado que los gobiernos locales no se preocupen por crear nuevas formas y métodos de recaudación que les permita contar con recursos adicionales a los provenientes del Gobierno Federal, haciéndolos altamente vulnerables ante situaciones de crisis financieras como la suscitada en 2009.

Por lo tanto, es necesario crear una serie de incentivos y estímulos fiscales a partir de la revisión de la Constitución Política, el Pacto Fiscal Federal y Leyes Secundarias relacionadas con el tema, que permitan promover la actualización en los sistemas de recaudación de impuestos locales y generar incentivos económicos a aquellos Gobiernos Estatales y Municipales que logren generar ingresos superiores a los recaudados durante el ejercicio inmediato anterior. Transparentar el ejercicio de los recursos del fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) con el propósito de establecer la obligación de hacer pública la información en materia de servicios personales del Fondo.

Con el fin de impulsar una mayor coordinación entre el Ejecutivo Federal a través de la SHCP y los gobiernos de los estados, en lo relativo a la generación y transferencia de información sobre el ejercicio y los resultados de los recursos federales que se les entregan a estos gobiernos y se le informe al respecto a la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación. Igualmente valioso resulta obligar a las entidades federativas y municipios a apegarse al presupuesto por resultados así como a una mayor transparencia y rendición de cuentas al igual que el Gobierno Federal.

POSDATA: Pude ver por internet (www.canal44.com), la transmisión directa que el Canal 44 hizo de la conferencia de prensa que ofrecieron tanto el secretario del Ayuntamiento Héctor Arcelus Pérez, como el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizabal, tras el asesinato del policía municipal Jorge Humberto Muñoz Pérez, custodio personal de este último, abatido por un elemento encapuchado de la Policía Federal. A las diferentes versiones sobre lo ocurrido que brindaron la autoridad municipal y la federal, se sumó el hecho patético que resultó de escuchar las declaraciones encontradas, o por lo menos diferentes, entre el mismísimo alcalde y su secretario del Ayuntamiento en sólo cuestión de minutos.

Esa conferencia de prensa da cuenta del deterioro político que invade a un amplio sector gubernamental en su visión sobre cómo tratar la crisis de la inseguridad pública.

La escena y los dichos del munícipe explican en parte la tragedia que viven los juarenses a manos de la violencia criminal: una autoridad que por un lado se muestra ineficaz colaboradora en el combate a la delincuencia, pero por el contrario aprovecha cualquier falla para confrontar a la federación y es, además, capaz de la magnificación y la invectiva para medrar políticamente con un asesinato, ya de suyo grave, y del que por supuesto debe exigirse una investigación seria y responsable.

Lejos de ese tenor, fue grotesco el tono y la forma como dio a conocer su versión el ingeniero Murguía, haciendo incluso socarronería inadmisible para ese momento. Si no hay capacidad plena para enfrentar el problema de la inseguridad pública, que por lo menos haya seriedad y responsabilidad en el tratamiento de estos asuntos. El mensaje que se envía a los ciudadanos es, absolutamente, autodestructivo.

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