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Los ‘Acuerdos de Cancún’, dos visiones

Los ‘Acuerdos de Cancún’, dos visiones

–  Javier Corral Jurado

La crisis en nuestro ecosistema es quizá la mayor de todas las que nos aquejan como humanidad, pero a diferencia de la económica, la energética, la alimentaria y la de seguridad, la ambiental se produce sin la apariencia inmediata a nuestra vista pero es más profunda y de consecuencias más funestas. Un informe del grupo Climate Vulnerable Forum, señalaba en diciembre de 2010 que 350 mil personas mueren ya cada año a consecuencia de catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático, y que es probable que esa cifra aumente hasta el millón anual si no cambiamos radicalmente de rumbo.

El cambio climático, de acuerdo a Naciones Unidas, es la alteración del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana; a su vez el incremento de temperatura del planeta producido por los gases de efecto invernadero se le conoce como calentamiento global.

Estos desordenes climáticos no son sólo hoy los causantes del incremento en el nivel del mar, de que los días y las noches sean más frías que hace unos años, de las  largas y extenuantes olas de calor en verano y de las múltiples y potentes lluvias, o de las cada vez más prolongadas sequías, sino en un futuro no muy lejano atizarán las principales causas de las crisis económicas, políticas y sociales a lo largo del planeta.

Resulta preocupante para un país como el nuestro, por su situación geográfica, sus condiciones climáticas, orográficas, hidrológicas pues la singularidad de México, en conjunto con las alteraciones climáticas puede acarrear múltiples, diversos y catastróficos desastres de todo orden.

Asimismo el país es altamente vulnerable, si como se prevé tales consecuencias tienen un mayor impacto en las personas más marginadas y en situación de pobreza. La escasez de recursos naturales que habrá, lo costosa que será la vida, los problemas de salud que acarrearán los cambios de temperatura, fiebres, desnutrición, problemas pulmonares, respiratorios, males estomacales, esto sin contar los costos económicos y sociales que conllevan, son amenazas latentes para un país como el nuestro.

Preocupante sin duda si consideramos que este sector marginado en México, de acuerdo al Banco Mundial, cuenta con 60 millones de personas; de las 31 entidades federativas sólo cuatro cuentan con un muy bajo índice de marginación y las brechas sociales, por su parte, cada vez se incrementan más. Por tanto, prever las consecuencias del cambio climático implica también abatir las desigualdades futuras.

El gobierno mexicano a través del Plan Nacional de Desarrollo se ha comprometido a disminuir los efectos del cambio climático a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar el desarrollo de tecnologías limpias para la generación de energía, promover un mejor uso de la energía doméstica e industrial y fomentar la recuperación de energía a través de residuos.

Todos, sin duda, retos de suma importancia e inaplazables, pues su implementación efectiva podrá permitir en un mediano plazo  dejar de estar entre los quince principales emisores de gases invernadero, dejar de emitir el 1.5 por ciento de gases globales, y, con todo ello, implementar medidas preventivas que eviten los múltiples efectos adversos que el daño al planeta va acarrear al país y al mundo en general.

A mis angustias por los efectos del cambio climático y la lentitud con la que reaccionan los gobiernos, se sumó la preocupación por la oposición que Bolivia tuvo en relación con los acuerdos de Cancún. El representante boliviano, Pablo Solón, dijo que la única forma de valorar si el acuerdo tenía algún ‘ropaje’ era analizando si incluía compromisos firmes para reducir las emisiones y si era suficiente para impedir un cambio climático catastrófico. Según él, no las incluye y “sólo se limita a confirmar las promesas voluntarias, totalmente inadecuadas, de reducir las emisiones del 13 al 16 por ciento para 2020 que se plantearon tras las negociaciones de Copenhague”.

Otra organización en sintonía con la posición de Bolivia, “con estas irrisorias ofertas ni siquiera se podría mantener el aumento de la temperatura por debajo del ya controvertido objetivo de los 2 grados centígrados. Con las propuestas que hay sobre la mesa, la temperatura se incrementaría entre 3 y 4 grados, un nivel que los científicos consideran extremadamente peligroso para la gran mayoría del planeta. Por eso Bolivia no firmó los “Acuerdos de Cancún” y su rechazo quedó definido en las palabras de Solón: “No puedo con toda conciencia firmar este documento, que significa la muerte de millones de personas”.

El comunicado oficial del Gobierno de Bolivia refrendó la postura de su representante: “Las propuestas por parte de los países poderosos como los Estados Unidos fueron tratadas como sacrosantas, mientras que las nuestras eran desechables. Los acuerdos fueron siempre a expensas de las víctimas, en lugar de los culpables del cambio climático”.

Sin embargo, mi preocupación por la postura Boliviana se ha atenuado al leer el día de ayer en el periódico Reforma, una estructurada opinión de otra experta en temas ambientales que nada pide a Solón; se trata de la doctora Julia Carabias, ex secretaria de desarrollo urbano y ecología en el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo. Su opinión contrasta significativamente con la que he transcrito párrafos arriba, pues de manera contundente califica como un éxito la cumbre y de positivo el balance de lo logrado:

“La COP16 y los llamados Acuerdos de Cancún constituyen una esperanza para el régimen climático mundial, son un importante avance para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y resultaron un éxito para México”.

“Por fin, tanto los países industrializados como los países en desarrollo reconocieron oficialmente la necesidad de mantener por debajo de los 2°C el incremento de la temperatura global de la superficie terrestre, meta que, periódicamente, será revisada a la luz de los avances científicos y de los resultados del Panel Intergubernamental de Cambio Climático”.

“En la COP16 se recuperó la confianza en las negociaciones multilaterales, resquebrajada en conferencias anteriores, particularmente en la de Copenhague. En este caso, fue en el seno de las Naciones Unidas que se gestaron los “Acuerdos de Cancún”. La ruta a seguir quedó trazada. Esta fase del proceso, al que aún le queda un largo trecho por delante, cumplió con creces las expectativas”.

En sintonía con su análisis y en consecuencia a nuestras preocupaciones debiéramos continuar con lo que ella misma denomina “el ímpetu de la COP16” que en efecto logró el consenso más amplio de las delegaciones participantes, casi unánime, pues salvo Bolivia, los 193 países que asistieron con representación oficial suscribieron el documento final. Según Carabias, “México fue ampliamente reconocido por las delegaciones e incluso por organizaciones no gubernamentales que se han caracterizado por ser muy críticas, como es el caso de Greenpeace”.

De manera específica, México se comprometió a establecer por su cuenta un Centro de Investigación sobre Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, que pueda servir para generar y transferir tecnología a los países en desarrollo de nuestra región de América Latina y el Caribe. Se formalizó la transferencia de un primer paquete de 30 mil millones de dólares para acciones inmediatas de aquí al 2012. Se acordó establecer ya el Fondo Verde, y se formalizó ese compromiso de buscar movilizar los 100 mil millones de dólares anuales, a partir del 2020, para acciones de mitigación y adaptación en países en desarrollo.

Además, se adoptaron mecanismos para reducir las emisiones por deforestación y degradación de suelos y la instrumentación de los mecanismos de REDD+, de REDD Plus y, respecto al Protocolo de Kyoto, se renovó el mandato del grupo de negociación del mismo y se exhortó a los actores relevantes a concretar, antes del final del plazo, en 2012, un avance sustancial en esta materia.

De ahí que sea necesario darle continuidad a ese esfuerzo, y desde el impulso social y desde el poder legislativo dar seguimiento puntual a los compromisos del Estado mexicano, difundir lo más ampliamente que sea posible los acuerdos a través de los medios de comunicación, además de un cobijo legal que lo garantice, para con todo ello, incidir en pro de un mejor planeta y una mejor calidad de vida.

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