Año de celebraciones centenarias en la Independencia y la Revolución, el 2010 culminó sin mayor significación histórica, ni siquiera por el recuerdo de sus festejos que, caracterizados fielmente por la época que vivimos de la política como espectáculo, ya resultan tan efímeros como la pirotecnia que ocupó el momento festivo.
Ni grandes reformas, ni pequeñas. No hubo, ni se avizora en el corto plazo una clase política que esté dispuesta a acometer cambios de fondo en el diseño institucional del país. La ventana de oportunidad que se abrió para revisar el entramado constitucional en términos de una reforma política y dejar asentadas reformas legislativas importantes, prácticamente está liquidada, al menos que se modificara radicalmente la lógica con la que el PRI ha concebido el ejercicio de su mayoría en la Cámara de los Diputados, decantada a lo largo del año y medio de la Legislatura como dique a cualquier esfuerzo que se precie de reformador, y no como cauce para ello; simplemente una mayoría opositora.
Ni siquiera para sacar adelante iniciativas mínimas presentadas por miembros de su propia bancada. Dominada la actuación legislativa del PRI por la ambición electoral, que se contrasta paradójicamente a veces como soberbia por la abultada certidumbre de su regreso a Los Pinos, y a veces como revanchismo por su miedo a las coaliciones, que crece exponencialmente cuando se habla de esta posibilidad para la elección del 2012, es claro que el procesamiento de reformas que puedan alterar medianamente los intereses del status quo resulta inconveniente para sus planes, fincados precisamente en el mantenimiento de las actuales estructuras de poder económico, sindical, social y mediático, como si realmente en éstos recayera la garantía de la gobernabilidad democrática del país, cada vez más trastocada en las dificultades sociales.
No hay aliciente alguno que motive a destrabar el rezago de dictámenes legislativos en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde el PRI -las presida o no- tiene una mayoría clara para frenar, vetar o dilatar; pensar en el interés público como un detonante de ese supuesto, resultaría un eufemismo en estos tiempos.
Lo grotesco es que no use esa mayoría para imponer su propia agenda, ¡porque no tiene agenda de transformación social, ni política! Qué importante sería, absolutamente deseable, que los asuntos fueran por lo menos votados, a favor o en contra de las iniciativas, lo que daría pie al debate de algunos temas, y en ello la oportunidad de identificar hacia dónde quiere ir el “nuevo PRI”. Pero ni eso. Quieren regresar al poder, pero exactamente, al punto de donde lo abandonaron hace diez años.
Y esa es la tragedia que como dato, arroja la parálisis legislativa que se ha producido: siguen anclados en la misma inercia pragmática, sin aparecer un rasgo de transformación interna o externa que permitiera asumir, dentro de cualquier juego democrático, la alternancia como un elemento de consolidación democrática; lo más cierto que tenemos al frente es que ese posible regreso, sí está impregnado de una amenaza al avance democrático, y que por muy obvios u ostensibles que puedan ser los cambios en el sistema democrático, por supuesto que puede haber una regresión.
La involución política que padecen algunos estados del país, donde la cultura presidencialista se reprodujo caciquil a nivel local, es la mejor prueba. Esta realidad que circunda el desempeño de la LVI Legislatura federal continuará a lo largo del próximo año. Si cuando teníamos una motivación bicentenaria, no surgió el talante reformador, ¿por qué habría de surgir cuando la carrera presidencial cobrará mayor vigor en todos los partidos? Es lamentable decirlo, pero no hay elementos que nos permitan afirmar que de febrero a abril del 2011, el periodo en el que aún se pueden procesar algunas reformas importantes, conocerá de una actitud diferente por parte del PRI.
Creo que es más probable pensar al revés, que en ese tiempo por venir la agenda se complicará aún más pues, es sabido que el PRI busca colocar dos de sus propuestas como consejeros electorales del IFE, de los tres nombramientos que quedaron pendientes de definir, y que esa pretensión abusiva, la ha colocado como un vil chantaje de condicionamiento a otros temas.
Afortunadamente tanto el PAN como el PRD se han mantenido en la decisión de impedir ese intento de agandalle, pues para elegir a esos consejeros se requiere las dos terceras partes de los diputados integrantes de la cámara y ninguno de estos partidos ha querido formarla con el PRI. Es menester que así se mantenga esa alianza; primero porque está visto que el PRI no podrá ofrecer nada importante para el próximo periodo en términos de reformas legislativas, y segundo, porque aunque así fuera, no compensaría el daño que se inflingiría a la estabilidad política del país, debilitando de esa manera al Instituto Federal Electoral.
Al iniciar en el calendario sus primeros días el 2011, es mucho mejor dar por sentado que no habrá apuesta mayor a las reformas que las elecciones del 2012, concebida la fecha electoral como el momentum central de la batalla de las fuerzas democráticas del país, para llevar a cabo -ahora sí de manera real y definitiva- un cambio democrático de estructuras, que necesariamente subraye la necesidad de modificar no sólo el régimen político, sino el sistema económico. Y hay que ser claros desde ahora: el cambio de régimen político sólo será posible mediante un gobierno de coalición que convoque a la más amplia pluralidad política del país. Sostengo que la contienda del 2012 debe dejar abierta de manera permanente la posibilidad de una alianza entre el PRD y el PAN, e ir midiendo el estado de competencia que mantenga la coalición de la plutocracia salinista, conformada por el PRI, Televisa, Elba Esther Gordillo (Panal) y el Partido Verde.
Esta esperanza está preñada de desafíos para el año nuevo, y ha de pasar por varias aduanas. Se constituye como principal reto el mantener una política de alianzas entre el PRD y el PAN ahí donde las condiciones locales así lo requieran y justifiquen, y en cada caso exista el más amplio consenso ciudadano que lo respalde, como sucedió en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, estados que de ochenta años de control priista se convirtieron en escenarios de transición y en los que se deposita a la vez una parte muy importante de la esperanza.
Por supuesto que quienes hemos apostado por esa vía, deseamos que en esos estados que renovaron el fin de año sus gobiernos, y Puebla que lo hará inmediatamente este 31 de enero, ocurran cambios referenciales que avalen el modelo aliancista; de lo contrario, repetiríamos simplemente el modelo de territorio de alternancia, en donde lo que cambia son sólo los grupos políticos –con diferencias menores en la operación del gobierno, pero con mayúscula afinidad de intereses económicos-, y se dejaría intactas las estructuras que son la base de la injusticia social. Pienso que ahí está el mayor reto de Gabino Cué en Oaxaca, de Rafael Moreno Valle en Puebla y de Mario López Valdez en Sinaloa, convertir el triunfo electoral de las coaliciones que conformaron el PAN, PRD y convergencia, en una victoria social y cultural de los ciudadanos.
La responsabilidad, ni más ni menos, es ofrecer al difícil momento mexicano un referente local de una auténtica transición a la democracia, en el que el desmantelamiento de los ejes autoritarios –cacicazgo, corporativismo, corrupción e impunidad-, sea una realidad. Esa debiera ser la motivación esencial que consolidara la coalición democrática en el Estado de México, principal bastión desde el que la coalición salinista busca reconstituir de manera total su entramado de intereses políticos y negocios particulares multimillonarios en los sectores de transporte, servicios financieros, energía y telecomunicaciones.
Dar una contundente pelea y exhibir la vacuedad que define realmente a Enrique Peña Nieto, demostrar lo insulso de su actuación, la inexistencia de una visión política propia, la ineptitud de su procuración de justicia, sus vínculos con la corrupción, en suma, pinchar en definitiva ese globo al que el aire televisivo ha inflado hasta lograr disfrazarlo de moderno y eficiente. El reto de ese desafío está, por un lado, en la unidad de la izquierda mexiquense, y por otro, en la definición de un candidato o candidata que sea capaz de conjuntar la diversidad que representan PAN y PRD. Sería sensacional descolocar, por no decir descarriar, ese proyecto de regresión autoritaria en su principal gallinero. Pienso y digo que esa, debiera ser una tarea de demócratas en este nuevo 2011.